La Justicia británica analiza una demanda contra Cuba por el pago de una deuda millonaria

El proceso comenzó a debatirse en el juzgado de Sara Cockerill, de la División Comercial del Tribunal Supremo de Londres, quien deberá decidir en una primera instancia si considera a CRF como acreedor legítimo de Cuba, paso previo a entrar en el fondo de la cuestión, que no será juzgada de momento, sino luego de las vistas previas que pueden ser recurridas por las partes.

Creado en 2009 en Islas Caimán para invertir en deuda soberana impagada, CRF adquirió gradualmente a precios irrisorios una cartera de títulos públicos de la deuda externa pública cubana que en noviembre de 2017 estaba valorada nominalmente en € 1.200 millones, según el expediente. Entre ellos, el fondo  reclama € 72 millones de euros en préstamos contraídos por el BNC en 1984 y que una vez en default fueron pasando por varias entidades antes de ser comprados por CRF a los bancos europeos Crédit Lyonnais Bank Nederland e Istituto Bancario Italiano.

Cockerill  también tiene en sus manos el diferendo que se inició hace dos años entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la oposición que supo liderar Juan Guaidó, luego que Estados Unidos y muchos países europeos decidieran desconocer al mandatario venezolano, impusieran sanciones económicas al país y, como consecuencia de las sanciones, la Justicia británica congelara casi US$ 2.000 millones en oro venezolano, actualmente bajo custodia del Banco de Inglaterra.

El caso contra Cuba comenzó en febrero de 2020, cuando CRF I Limited, luego que la Unión Europea (EU) sacara a Islas Caimán de su lista de paraísos fiscales, presentara la demanda y se constituyera en el principal tenedor de deuda pública emitida por La Habana bajo legislación inglesa en el seno del denominado Club de Londres, un grupo informal de acreedores privados en posesión de títulos soberanos de Cuba impagos.

En 2021, el fondo propuso al país restructurar la deuda con un descuento. Sin embargo, el gobierno cubano rechazó la propuesta argumentando que el "fondo buitre" no es el acreedor original y que las dos entidades europeas no podían ceder su deuda sin el consentimiento el Estado cubano y el BNC, que ejerció como banca central desde su fundación en 1948 hasta la creación del Banco Central de Cuba (BCC) en 1997.

"Al ser un fondo buitre, no hubiera sido aceptado en ningún caso como acreedor", según un artículo explicativo del diario estatal Granma. "Tanto el BNC como Cuba jamás han desconocido las deudas contraídas, siempre que sean válidas, legales, vigentes, exigibles y vinculantes", señala el artículo, en donde se puntualiza que La Habana "ha mantenido siempre el interés de negociar con aquellas entidades que sí son acreedores legítimos".

Las vistas, pautadas para toda esta semana y parte de la siguiente, se verán complicadas por la declaración de algunos testigos mediante vídeoconferencia desde Cuba, con la consiguiente diferencia horaria respecto a Londres, pero también por la utilización de traducción simultánea y consecutiva, según los casos.

Las autoridades cubanas aseguraron inicialmente que CRF había sobornado a un funcionario del BNC, el director de operaciones Raúl Eugenio Olivera Lozano, quien fuera después sancionado penalmente por la justicia de Cuba, para que aprobase la cesión de forma ilegal.  Su actuación "incumplió los requisitos legales establecidos tanto en los acuerdos sometidos a derecho inglés, como en las normas internas del BNC y la ley cubana, por lo que es nulo de pleno derecho", explicó Alison MacDonald, la abogada británica que representa a La Habana.

En la primera audiencia, la letrada optó por una defensa exclusivamente técnica basada en los procedimientos legales de cesión de deuda soberana a acreedores privados. Afirmó que "Lozano firmó los documentos solo" y que "el banco no tenía poder ni capacidad para actuar en nombre de Cuba", al tiempo que pasó revista a cada uno de los textos contractuales, ocasión en la que concluyó que no constituyen ninguna obligación legal para el Estado con relación a CFR.

Por su parte, desde el equipo legal de CRF, el abogado Jawdat Khurshid negó que su cliente sea un fondo buitre y argumentó que desde 2013 ha estado intentando negociar con Cuba una reestructuración de la deuda, sin que haya recibido una respuesta por parte de las autoridades del país.