La Justicia británica investigará la legalidad de la venta de armas a Arabia Saudita

El alto tribunal escuchará durante tres días una impugnación presentada por la Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT) contra la decisión tomada por la exsecretaria de Estado de Comercio Internacional, Liz Truss, de reanudar las ventas de armas a Arabia Saudita en julio de 2020.

En junio de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido había fallado a favor de una impugnación legal previa de la CAAT, declarando que las concesiones de licencias del gobierno para la venta de armas a Arabia Saudita eran "irracionales y, por lo tanto, ilegales" en ausencia de una evaluación adecuada de si Riad tenía un historial de violaciones del derecho internacional humanitario (DIH), en el conflicto de Yemen.

Las leyes del Reino Unido estipulan que no debe realizarse una venta de armas si existe un “riesgo claro” de que un arma “podría” usarse en una violación grave del DIH.

Si bien en ese momento la decisión del tribunal obligó al Reino Unido a suspender las ventas, quedó sin efecto un año después cuando Truss concluyó que cualquier posible violación del DIH cometida por Arabia Saudita consistían en "incidentes aislados" que no constituían un patrón de conducta.

Según Yemen Data Project, la coalición liderada por Arabia Saudita ha llevado a cabo más de 25.000 ataques aéreos en Yemen desde 2015, matando a 8.983 civiles e hiriendo a otros 10.243. La coalición también ha atacado repetidamente infraestructura civil crítica, incluidos hospitales, escuelas, represas y escuelas, lo cual es una violación clara del derecho internacional.

Según el CAAT, más de la mitad de los aviones de combate de Arabia Saudita utilizados en estos ataques aéreos son suministrados por el Reino Unido. El gobierno también admitió el despliegue y uso de equipos fabricados en el Reino Unido en Yemen, incluidos aviones Typhoon y Tornado, bombas Paveway y misiles Brimstone y Storm Shadow.

Los investigadores y expertos en armas también identificaron municiones fabricadas en el Reino Unido en los sitios de varios ataques con bombas de la coalición, incluso en un colegio comunitario en la aldea de Kouhaza en Sana'a en 2016.

La presentación del CAAT está respaldado por intervenciones realizadas por las principales organizaciones internacionales humanitarias, incluida Oxfam, que en el pasado ha expuesto "patrones de daño a los civiles". En un informe publicado a principios de este mes, Oxfam descubrió que, entre enero de 2021 y febrero de 2022, los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita fueron responsables de la muerte de al menos 87 civiles y heridas a 136.

Hubo 19 ataques a hospitales, clínicas y ambulancias, y 293 ataques que obligaron a las personas a huir de sus hogares. De los 1.700 ataques contra civiles analizados en el informe, el 25 % fueron ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita utilizando armas suministradas únicamente por Estados Unidos y el Reino Unido.

Apenas unos meses antes de que Truss anunciara la reanudación de la venta de armas en 2020, 34 civiles murieron y otros 19 resultaron heridos en ataques aéreos en Al Hayjah, ubicado en la gobernación de Al Jawf. La mayoría de las víctimas eran niños.

El CAAT ha liderado un esfuerzo legal prolongado para poner fin a las ventas de armas del Reino Unido a Riyadh desde 2016. Si bien el valor publicado de las exportaciones de armas con licencia del Reino Unido a la coalición liderada por Arabia Saudita desde marzo de 2015 es de alrededor de US$ 11,5 mil millones, el CAAT ha estimado que el valor real de las exportaciones en realidad asciende a más de US$ 30 mil millones, con más de US$ 28 mil millones destinadas solo a Arabia Saudita.

Poco después de que se levantara la prohibición de la venta de armas en 2020, la CAAT había presentado una solicitud de revisión judicial para determinar la legalidad de la decisión del gobierno, argumentando que el enfoque de Truss era ilegal porque "no había identificado a todos los casos en los que ha habido una violación grave del DIH”, que había concluido erróneamente que no había un patrón en estas violaciones, que se equivocó en cuanto a la naturaleza de una violación grave del DIH, y no dio cuenta de la desidia de la propia Arabia Saudita para “investigar, prevenir o castigar” infracciones graves.

El alegato también destacaba los hallazgos de varios organismos de la ONU que habían concluido que Riyadh había cometido violaciones repetidas del DIH, incluidos ataques indiscriminados, fallas repetidas en distinguir entre civiles y combatientes, y ataques que “resultaron en muertes o lesiones desproporcionadas entre civiles, en ausencia de cualquier objetivo militar identificable”.

Ese mismo año, el Grupo de la ONU de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre Yemen había publicado un informe en el que advertía que las violaciones del DIH en Yemen pueden constituir crímenes de guerra. Entre las recomendaciones hechas por el grupo estaba que el caso sea remitido a la Corte Penal Internacional (CPI). Un año después, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó para poner fin al mandato de la investigación, presuntamente debido a presiones de Arabia Saudita.

Otro aspecto destacado por los organismos humanitarios que investigan las violaciones del DIH es que las bajas civiles causadas por ataques militares directos revelan solo una parte limitada de la guerra que se ha librado en Yemen. La campaña armada estuvo acompañada de un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo y un régimen de sanciones que colapsó la economía de Yemen y provocó una catástrofe humanitaria responsable de la muerte de más de 377.000 personas en 2021.

Más del 70% de la población del país, alrededor de 23,4 millones de personas, necesitan asistencia, con 4,5 millones de personas desplazadas de sus hogares. Entre octubre y diciembre de 2022, aproximadamente 17 millones de personas se enfrentaron a una crisis o niveles agudos de inseguridad alimentaria.

Los informes de conversaciones reservadas entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudita han generado cierta expectativa de que una tregua actualmente en curso podría extenderse, especialmente en ausencia de enfrentamientos importantes en los últimos meses, aunque se han seguido reportando incidentes de nuevas violaciones por parte de la coalición.

(Oxfam, Yemen data Project, agencias)