La Justicia electoral rechazó organizar una consulta popular sobre minería en Panamá

Además de la consulta popular, Cortizo había ofrecido el pasado viernes la prohibición por decreto de nuevas concesiones de minería metálica, pero mantuvo el contrato con la empresa canadiense, lo que encendió aún más las protestas.

Los manifestantes, entre los que se encuentran estudiantes y ambientalistas, exigen, además de la anulación del contrato, la sanción de una ley que establezca una moratoria de la actividad minera.

"Vamos a presentar un proyecto de ley para prohibir la minería metálica”, dijo el ministro del Ambiente, Milcíades Concepción, para quien “algunos líderes de las protestas actúan por interés político ante la proximidad de las elecciones”.

El malestar popular estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó la norma que le permite a FQM operar por 40 años la mina a cielo abierto en los yacimientos de Cerro Colorado y Donoso, en la caribeña provincia de Colón, a unos 240 kilómetros de la capital del país.

La ley selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad en 2017 del contrato de explotación original porque se hizo sin licitación.

Según los críticos, el nuevo contrato, al igual que el anterior, violentó el proceso de contrataciones públicas y las normas que indica la Constitución. Afirman que el gobierno debería haber realizado una licitación pública internacional para que el Estado panameño eligiera la mejor opción económica y la que tuviera menos impacto ambiental.

El gobierno defiende el contrato argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por unos US$ 375 millones, diez veces el monto del acuerdo inicial. Además, sostiene que la compañía genera 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del Producto Bruto Interno (PBI) a la economía del país, muy dependiente de los ingresos que obtiene por el tránsito de los buques a través del Canal de Panamá.

Según los analistas locales, las exigencias de los manifestantes exceden la cuestión ambiental. "Hay un desgaste de las instituciones y una ruptura con los actores que ejercen la representación política", dice Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Para el sociólogo Danilo Toro, la minera fue el "gatillo" de un "disgusto acumulado" por el costo de la vida y otros problemas sociales. “El país corre el riesgo de una explosión social", agrega Toro.

"Hay 15 concesiones de minería y 103 solicitudes de exploración y explotación, lo que nos preocupa porque está claro que la actividad no es sostenible", opina José Isaac González, del grupo cívico juvenil Sal de las Redes. Incluso la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura pide la revisión del código de minería y un "monitoreo" y control "estricto" de las concesiones. "Solicitamos al gobierno urgentemente una moratoria inmediata de nuevas concesiones mineras", señaló este fin de semana la entidad empresarial.

También la Universidad de Panamá pide la revocatoria de la aprobación del contrato con FQM aprobado por el legislativo. Mediante un comunicado, la casa de altos estudios exigió al gobierno la convocatoria a un referéndum nacional en el que se decida si continuar con la actividad a cielo abierto en el país.

El consenso entre los juristas locales advierte que un cierre llevaría a Panamá a tener que responder una demanda por parte de FQM en tribunales internacionales.

Según el ministro de Gobierno, Federico Álvaro, con las regalías “se aumentarán las pensiones y los aportes a la seguridad social”. El gobierno, sin embargo, enfatiza que los recursos son cruciales para el presupuesto estatal y asegurar la creación de puestos de trabajo.

(Con información de AFP)