Mundo > Masacre de Melilla
La justicia española archivó la investigación sobre la muerte de al menos 23 migrantes africanos
La fiscalía española archivó, bajo el argumento de no haber encontrado "indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas", la investigación iniciada a raíz de la muerte de al menos 23 personas cuando unos 2.000 migrantes provenientes de Sudán intentaron ingresar el 24 de junio pasado al enclave de Melilla, que separa España de Marruecos.
"No puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente", afirmó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.
El texto sostiene que ninguno de los agentes que intervinieron en el operativo, incluido quien estaba a cargo y la tripulación de un helicóptero que sobrevolaba la zona "tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias”. Según el comunicado, “en ningún momento (supieron) que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio”, y "de haberlo sabido tampoco podrían haber prestado auxilio sin riesgo propio".
El balance de 23 muertos, que sería de 37 fallecidos según el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es el mayor jamás registrado durante algún intento de ingreso de migrantes en Melilla o Ceuta, las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea (UE) con el continente africano, situación que causó indignación a nivel internacional y por la cual la ONU reclamó una investigación independiente.
Según el Ministerio Público español, "la actuación de los migrantes" fue "en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles". Sin embargo, en su nota, la Fiscalía llama a las autoridades de Madrid a "poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo", como una forma de evitar que intenten cruzar la frontera de forma ilegal.
Amnistía Internacional, en tanto, calificó lo sucedido como una "matanza masiva", al tiempo que acusó a Rabat y Madrid de tratar de esconder la verdad de los hechos. "Algunas acciones de los agentes españoles y marroquíes pueden constituir violaciones del derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos", expuso la ONG. Entre esas acciones estarían "golpear a personas que ya estaban inmovilizadas, negar asistencia médica a los heridos y el uso reiterado de gas lacrimógeno contra personas que estaban en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar".
La denuncia de Amnistía Internacional, al igual que las realizadas por varias oenegés, están en línea con las conclusiones de dos investigaciones publicadas en noviembre por la BBC y el consorcio europeo Lighthouse Reports -en la que participaron el diario español El País y el francés Le Monde-, conclusiones entre las que se destacan la brutalidad de las fuerzas marroquíes, duros cuestionamientos a la acción de las españolas y señalan que al menos un migrante murió en territorio de España, algo negado tajantemente por el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
