El expresidente peruano Fujimori en una imagen registrada en 2018.

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La justicia ratifica que, por ahora, Alberto Fujimori debe seguir en prisión

Condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, un magistrado local declaró “improcedente” un fallo del Tribunal Constitucional que disponía su libertad
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02 de diciembre de 2023 a las 08:34

Luego de tres días de intensos debates entre abogados, activistas y la propia Justicia peruana, un magistrado de la localidad de Ica decidió declarar improcedente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú, que disponía la libertad del expresidente Alberto Fujimori.

La propia CIDH expresó, horas antes, su preocupación por una posible excarcelación del exmandatario, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

La decisión la adoptó el juez Fernando Fernández, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, quien rechazó un segundo intento del Tribunal Constitucional (TC) de Perú de otorgar la libertad al expresidente.

El magistrado declaró improcedente la ejecución de la sentencia del TC, del 17 de marzo del 2022, que restablecía el indulto a favor de Fujimori.

En su fallo, deja en claro que no tiene la competencia para realizar la ejecución de una sentencia que no fue estimada en su despacho, por lo que devolvió el expediente al Tribunal Constitucional.

También recordó que hay disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que instan al Estado peruano a “adoptar como medida provisional abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de disponer la libertad del favorecido Alberto Fujimori”.

El enredo judicial por el caso de Alberto Fujimori se originó en el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Kuczynski recibió una ola de críticas luego de su decisión dado que Fujimori cumplía, desde 2009, una condena de 25 años de cárcel por ser autor intelectual de las masacres cometidas en Barrios Altos y La Cantuta, por parte del escuadrón de la muerte conocido como ‘Grupo Colina’.

Ese indulto no se pudo ejecutar porque en octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria bloqueó esta posibilidad.

Además, en mayo de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió al Estado que se garantice la administración de justicia de las víctimas de los casos Barrios Alto y La Cantuta, por los que fue condenado.

Los familiares de las víctimas alertaron al organismo del indulto, como un incumplimiento de sus recomendaciones.

La defensa de Fujimori presentó un habeas corpus para lograr la libertad de su cliente, pero fueron negadas en primera y segunda instancia.

El caso escaló al máximo órgano de justicia, el Tribunal Constitucional de Perú, que el 17 de marzo de 2022 que con el voto dirimente del entonces presidente del organismo, Augusto Ferrero, declaró la procedencia del habeas corpus, anuló los fallos anteriores y dispuso la liberación inmediata de Fujimori.

Pero la CorteIDH detuvo la liberación del expresidente, al señalar que Perú debe abstenerse de ejecutar cualquier indulto.

Pese a ello, a comienzos de esta semana el TC nuevamente ordenó la liberación de Fujimori, tras un recurso de aclaración que presentó la defensa del expresidente.

"Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia", dijo Francisco Morales, actual presidente del TC, el pasado miércoles 29 de noviembre, al mencionar que se retiraron todos los obstáculos legales para la liberación del exmandatario, y remitir el caso al tribunal originario.

Tres días después, el juez Fernández bloqueó este nuevo intento de liberar a Fujimori y devolvió el caso al TC.

Un preso VIP

Fujimori está desde 2009 en prisión, tras ser extraditado de Chile y condenado por delitos de lesa humanidad. Aunque ha salido de prisión por razones médicas, el expresidente es el preso que más cuesta mantener en Perú.

Recluido en la prisión de Barbadillo, en Lima, Alberto Fujimori no está entre cuatro paredes. Tiene una biblioteca, un taller de pintura y hasta un huerto.

Según la BBC, “solo en 2020, el Gobierno invirtió unos US$172.000, una cifra 57 veces mayor que la cantidad que destinó de forma individual para el resto de los presos en otras penitenciarías comunes”.

Keiko también

Ahora, no solo él podría estar en prisión ya que su hija y excandidata a la Presidencia, Keiko Fujimori, podría enfrentar una condena de 30 años en un proceso penal por supuesto lavado de activos, derivado de los presuntos aportes ilegales a sus campañas electorales de 2011 y 2016.

De acuerdo a la teoría fiscal, la constructora Odebrecht habría hecho aportes ilegales a sus campañas presidenciales.

El caso, denominado ‘Cócteles’ debido a seis cenas lujosas que se realizaron como fachada para el supuesto financiamiento ilegal, también incluye al resto de integrantes de la cúpula del partido fujimorista Fuerza Popular, con un total de 30 imputados.

En junio, la hija del expresidente recibió medidas cautelares como la prohibición de salida del país, dentro de esta causa.

(Con información de agencias)

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