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La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) pretende constituirse en un "certificador de transparencia" de los organismos del Estado, algo que se planifica concretar durante la actual administración, según informó a El Observador su nueva presidenta, Susana Signorino.
"Es algo que nos parece muy interesante: que la Jutep pueda acreditar la transparencia de las instituciones, o de procesos en distintas entidades públicas, como la atención al público, y a requerimiento de las instituciones", dijo la jerarca.
El proyecto busca emular el rol que tienen en ese sentido organismos como el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) o la UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas), que emiten certificaciones de calidad.
"Lo nuestro es un proyecto muy ambicioso que en principio estará dirigido a acreditar organismos públicos, pero también lo tenemos pensado para privados", señaló Signorino, quien proyecta terminar con el proceso "en el correr" del año próximo.
"Primero vamos a tener que recibir la habilitación o aprobación de los organismos internacionales, como el ISO (Organización Internacional de Normalización), que nos acreditarán a nosotros como certificadores, y ahí podremos certificar la transparencia", anunció.
La jerarca, designada en representación de Cabildo Abierto, también indicó que la Jutep tiene en agenda modificar un artículo de la ley que formuló el código de ética de la función pública, aprobada en setiembre de 2019 y que ratificó el decreto 30 de 2003. Aunque ambas normas tiene prácticamente la misma redacción, hay una diferencia. Mientras el decreto establecía la protección estatal para todas las personas que denunciaran hechos de corrupción, la ley definió que solo serán protegidos los funcionarios públicos que denuncien.
Modificar esa diferencia fue algo que estaba en carpeta por parte de los integrantes del directorio anterior, que estaba conformado por Ricardo Gil Iribarne, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez.
"Personalmente entiendo que la protección debería alcanzar a todos", dijo la actual presidenta, y añadió que en el horizonte del organismo también estaba el objetivo de incluso regular la actuación del sector privado, "porque a ese sector le va a interesar también la transparencia", sostuvo.
La Jutep tiene también la tarea de reglamentar la ley 19.797, que estableció la publicidad de la declaración jurada de bienes, ingresos y las vinculaciones empresariales del presidente, el vicepresidente, los ministros, legisladores, intendentes, directores de los entes, ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros jerarcas.
Esta nueva norma, también de setiembre del año pasado, obliga asimismo a los candidatos a presidente, vicepresidente e intendentes a presentar su declaración jurada hasta 30 días antes de las elecciones.
Signorino señaló a El Observador que esa obligación ya rige para los candidatos a intendentes, quienes tienen plazo de presentar la documentación hasta el 27 de agoso, un mes antes de las elecciones departamentales.
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