La instalación en Río Negro de la primera planta de celulosa de UPM generó un conflicto diplomático entre Uruguay y Argentina que llevó, incluso, a que los puentes estuvieran cortados durante gran parte de la primera administración de Tabaré Vázquez.
La disputa terminó en 2010 en La Haya con la obligación de realizar un monitoreo conjunto de las actividades, cuyo resultado debe hacerse público aunque la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) suele analizarlos y divulgarlos con atraso.
En febrero, la CARU dio a conocer un informe que mostraba que en los primeros diez años de monitoreo hubo mayores incumplimientos en la desembocadura de Gualeguaychú (505) que en la planta de UPM en Fray Bentos (12).
Aunque generaron diversas interpretaciones, los datos no fueron cuestionados por los técnicos de los países, algo que sí ocurrió recientemente al analizar los reportes de 2023 de la planta de UPM, de acuerdo con documentos revisados por El Observador.
Ese año, que representa el último informe disponible ya que el de 2024 se está analizando, se llevaron a cabo 12 ingresos a la planta –el programa de monitoreo es mensual– y se relevaron 117 parámetros de los cuales 55 están reglamentados y 62 no están incluidos en normativas de aplicación.
El informe señala que los valores regulados estuvieron “por debajo del valor permitido” excepto en la medición de fósforo que se registró en abril.
El documento dice que tampoco se observaron incumplimientos respecto a los “valores de carga y carga específica por unidad de producción en el promedio anual para el año 2023”.
Las diferencias
Sin embargo, más allá de estos análisis y de forma complementaria se hicieron ensayos de toxicidad en Microtox y Daphnia magna.
La Daphnia magna es un pequeño organismo conocido como pulga de agua que suele utilizarse como bioindicador ambiental. Los resultados de sus análisis fueron los que generaron la diferencia en las interpretaciones.
Los argentinos Emilio Menvielle y Alejandra Rodríguez y el uruguayo Cristhian Clavija interpretaron que en noviembre y diciembre los efluentes de UPM provocaron toxicidad sobre la Daphnia magna, mientras que Eugenio Lorenzo –el otro uruguayo– concluyó que no se observaron “incumplimientos normativos”.
La polémica está en la interpretación del digesto del Río Uruguay, el cual establece que para que un líquido sea considerado oficialmente con "toxicidad aguda", debe tener una dosis letal tan alta que provoque la muerte del 50% o más de los organismos sometidos a la prueba.
Al evaluar exclusivamente la muestra de efluente 100% puro (sin diluir), los niveles máximos de mortalidad fueron del 46,6% (noviembre) y 40% (diciembre), lo que llevó a Lorenzo a sostener que no hay "toxicidad aguda".
Sin embargo, como el laboratorio remarcó que en ninguna de las diluciones ensayadas hubo una mortalidad del 0%, lo que indicó que había un componente en la muestra que afectaba la sobrevida de los organismos, los otros tres científicos plantearon que había toxicidad. “Se alcanzan niveles de inmovilización/mortalidad estadísticamente significativos respecto al control negativo en esta muestra (por lo que) se considera que el efluente provocó toxicidad sobre Daphnia magna ”, dice el informe.
Para argumentar esta posición, los especialistas destacaron que en las muestras diluidas los resultados fueron variables; por ejemplo, en diciembre al diluir al 80%, 70% y 60% la mortalidad fue de 63%, 60% y 60% respectivamente. A su juicio, esos niveles son “estadísticamente significativos respecto al control negativo de las muestras".
Según supo El Observador, los técnicos analizan las muestras de los primeros meses de 2024 para determinar si se trató de un incidente puntual o episodios de toxicidad extendida.
