La lista 711 propone usar fondos de los cincuentones para obras de infraestructura

La lista 711, que lidera el exvicepresidente Raúl Sendic, presentó a la bancada del Frente Amplio y al Poder Ejecutivo un documento con ocho propuestas para incluir en la próxima Rendición de Cuentas, que van desde un subsidio a las tarifas eléctricas residenciales hasta el uso de los fondos de los cincuentones para obras de infraestructura.

Aunque algunas de las propuestas ya están en vía de aprobarse en el Parlamento, otras requieren iniciativa de gasto y, por lo tanto, fueron trasladadas en mayo al grupo de trabajo bicameral que el FA armó para coordinar acciones entre los legisladores y el gobierno.

De las ocho propuestas incluidas en el documento, cuatro son sobre vivienda, dos sobre trabajo, una sobre tarifas y otra sobre infraestructura.

La 711 reclama un mayor aporte del Estado para cumplir con los compromisos en materia de infraestructura. En 2015, el presidente Tabaré Vázquez prometió alcanzar una "inversión récord" en esa área de unos US$ 12 mil millones.

Para llegar a esa "inversión récord" planteada por el gobierno, el sector propone utilizar los fondos de los cincuentones que se desafilien de las AFAP y vuelquen sus depósitos en un fideicomiso, como planteó la ley que el año pasado dio una solución al colectivo.

"Estos ciudadanos traerán hacia el BPS sus ahorros previsionales, que pueden sumar entre US$ 1.000 y US$ 1.500 millones", expresa el documento de la 711, y señala que a partir de ese "ingreso extraordinario", los gestores del fideicomiso podrán decidir en qué invertir. "No estamos creando nada nuevo. Queremos hacer lo mismo que las AFAP, pero con el Estado", dijo a El Observador el diputado Felipe Carballo.

Como la ley de los cincuentones prohíbe utilizar los fondos del fideicomiso para obras de infraestructura, la 711 propone un artículo modificativo.

Por otra parte, el sector propone que las obras planeadas para este período (como el ferrocarril para UPM, el tramo ferroviario Algorta-Fray Bentos, la construcción de la nueva cárcel y otras obras de vialidad, que en total suman US$ 2.100 millones) se realicen con inversión pública directa y no a través de la Participación Público Privada (PPP), como planteó el Ejecutivo.

En el documento, la 711 sostiene que "si las obras se hicieran como inversión pública directa pasarían a tener un financiamiento mucho más barato", ya que la tasa de financiación para el sector privado es de entre 10% y 11%, mientras que la tasa que Uruguay está consiguiendo para la deuda soberana "están en el entorno del 4%". Según números presentados por la agrupación, la financiación estatal implicaría un ahorro de US$ 133 millones anuales de intereses.

Para la 711, la transferencia de los US$ 1.000 que aportarían los cincuentones "tendría varias ventajas". Entre otras, "se adelanta en el tiempo la disponibilidad de esa infraestructura para mejor beneficio del país", con un "efecto inmediato sobre el empleo y la dinámica económica".

"No estamos concibiendo esto como 'el fondo de inversión de los cincuentones'", señala el documento, y agrega que los derechos de ese colectivo "quedan garantizados" por los principios de "solidaridad intergeneracional" que "rigen nuestro sistema de protección social".

"Esto es una inversión del BPS que, frente a un compromiso mayor a futuro, toma un recaudo que le permitirá rentabilizar un ingreso extraordinario, que ahora está teniendo por una sola vez", concluye la agrupación.

En materia de tarifas, la 711 propone ampliar la población que accede al Plan 230 de UTE, un plan que apunta a hogares que consumen hasta 230 kWh por mes. Los usuarios afiliados a ese plan pagan $ 305 (exento de IVA) si gastan hasta 100 kWh. A partir de los 101 kWh el cálculo ya es diferente: un consumo de 150 kWh cuesta $ 753, mientras que un consumo mensual de 180 kWh cuesta $ 1.173.

La 711, no obstante, pretende que esa tarifa de $ 305 se mantenga hasta los 200 kWh. Como no puede obligar a UTE a cambiar el Plan 230, la agrupación propuso un artículo que faculta al Poder Ejecutivo a "otorgar un subsidio a los consumidores residenciales (...) por el 100% de la diferencia entre el cargo básico mensual (que incluye 100 kw) y lo generado por el consumo de hasta 200 kw".

Según el documento, la actual matriz eléctrica "desaprovecha" la generación de energía exportando excedentes a bajo precio. En cambio, sostiene que un subsidio a la "demanda básica insatisfecha" permitiría "capitalizar" esas disponibilidades no aprovechadas".

"Subsidiamos la cerveza, ¿no vamos a subsidiar la energía para la gente?", cuestionó Carballo.

En el área de vivienda, una de las propuestas de la 711 es imponer una tasa de interés única (al 2%) para las cooperativas de viviendas.

Según la 711, existe una "discriminación" contra un grupo de cooperativas que no gozan de los mismos beneficios que aquellas que se plegaron al plan de regularización de deudas del año 2011.

Eso lleva a que "realidades idénticas en lo que a viviendas de carácter social se refiere" hayan recibido un "trato sumamente dispar", expresa el documento. Mientras las cooperativas que regularizaron sus deudas pagan tasas al 2%, "las cooperativas de vivienda que se encuentran bajo el régimen de la ley 18.407 del año 2008 abonan en la actualidad el 5,25 % de interés año tras año".

Ante esa situación, la 711 propone igualar la tasa que pagan todas las cooperativas, fijándola en un máximo de 2%. Según la agrupación, la propuesta se financiaría con la baja de morosidad.

Otra medida que la agrupación pide incluir en la Rendición de Cuentas es la exoneración del IVA a la compra de materiales para cooperativas de vivienda. El sector de Sendic reprocha que las empresas no paguen el impuesto si construyen viviendas de interés social, pero las cooperativas no acceden a ese beneficio.

Además, la 711 propone extender los plazos mínimos en los contratos residenciales (de dos a cinco años) y crear un fideicomiso para dar solución a los deudores del Banco Hipotecario.

El documento de la 711 con otros dos proyectos de ley ya presentados en el Parlamento. Uno de ellos consiste en la creación de una Matriz de Riesgos y Oportunidades de Puestos Laborales, para monitorear los cambios en el mercado laboral.

El proyecto propone que Inefop no solo brinde cursos para personas desempleadas, sino que juegue un rol activo en la capacitación de toda la masa laboral uruguaya.

La otra iniciativa incluida en el documento es la extensión del régimen de refinanciación de deudas con el BPS para pequeñas empresas. El proyecto había sido presentado por la 711 a principios de año. A fines de mayo, el Poder Ejecutivo envió un proyecto propio al Parlamento y la Cámara de Diputados lo aprobó este miércoles 13 de junio.