Economía y Empresas > impuestos bajo la lupa global

La lista gris de la Unión Europea que el gobierno rechazó y el camino hacia la renta mundial

El Ministerio de Economía argumentó que el ingreso a la categoría de “jurisdicción cooperante” responde a exigencias adicionales del bloque europeo; en la oposición apuntaron contra la LUC y los cambios en residencia fiscal
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06 de octubre de 2021 a las 05:02

"Esto es un disparate", dijo la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, al conocer la noticia el martes por la tarde, y enseguida comenzó a hacer llamadas telefónicas, según supo El Observador. En ese momento estaba reunida con senadores nacionalistas, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa, por la discusión sobre los fondos para la erradicación de asentamientos.

La Unión Europea (UE) sumó este martes a Uruguay a lo que se conoce como su lista gris de paraísos fiscales. Esta nómina incluye a países que aún no cumplen todas las normas fiscales  internacionales, pero que se han comprometido y están en camino a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal.

En la oposición se apuntó a los cambios introducidos en materia de residencia fiscal y en la ley de urgente consideración (LUC) como los detonantes de esa medida. Así lo advirtió, por ejemplo, Mario Bergara, senador del Frente Amplio y expresidente del Banco Central.

“Lo advertimos cuando el gobierno impulsó el cambio en la residencia fiscal, con ‘vacaciones’ tributarias excesivas, junto a los mensajes negativos de la LUC. Esperemos que se anulen los artículos y se vuelva al régimen anterior. Con estas cosas no se juega”, escribió en su cuenta de Twitter.

El MEF negó la existencia de una lista gris en el marco de la UE, y afirmó que lo que existe es una nómina de jurisdicciones no cooperantes, en la cual “Uruguay no está y nunca estuvo incluido desde 2017 hasta ahora”.

La explicación oficial es que Uruguay fue declarado como “jurisdicción cooperante” con compromisos asumidos ante la UE, y que el ingreso a esa categoría responde a “exigencias adicionales” por parte del Grupo del Código de Conducta, “que en ningún caso responden a modificaciones normativas implementadas desde 2020 a la fecha”.

El ministerio detalló que el 6 de diciembre de 2019 se recibió una carta del presidente del Grupo Código de Conducta de la UE donde se comunicó que Uruguay sería evaluado por primera vez por dicho organismo.

En 2017, la UE realizó la primera nómina de jurisdicciones no cooperantes, en la cual Uruguay figuraba como jurisdicción cooperante (la misma categoría que ahora), con determinados compromisos asumidos ante la UE en materia de transparencia y justicia tributaria.

En ese sentido, el MEF señaló que durante todo el 2020 se respondieron cuestionarios respecto al sistema tributario uruguayo y, en particular sobre el régimen de imposición territorial que aplica Uruguay. “Eso fue lo que se evaluó para ratificar la condición de jurisdicción cooperante”, dice el comunicado.

El 7 de junio la UE remitió una nota al MEF, en la cual reconoció que “el cumplimiento ha sido total” en lo que respecta a estándares internacionalmente aceptados, así como en aspectos relacionados con la transparencia fiscal. En tanto, el 27 de julio Uruguay remitió una nota a la UE, donde manifestó el “compromiso de ajustar nuevas exigencias para fines del año 2022, y reiteró su voluntad de cooperar en temas de buena gobernanza tributaria”.

El camino hacia la renta mundial

El tributarista Leonardo Costa afirmó que la decisión de la UE no tiene “nada que ver” con la LUC u otros cambios hechos por el gobierno, sino con un cambio en cómo Europa mira los regímenes no preferenciales o nocivos y su intención de ir hacia renta mundial.

En diálogo con el programa Fácil desviarse, explicó que Uruguay grava con fuente de renta territorial todos los ingresos de personas físicas y jurídicas. El nuevo mecanismo  –tiene que ver con todos los cambios del impuesto mundial– “está mirando bajo la lupa” los sistemas como el uruguayo que solo gravan la renta local, en este caso a través del IRPF.

“Lo que le estarían pidiendo a Uruguay es que vayamos a renta mundial al menos en personas físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo en Uruguay y me voy a trabajar a Paraguay hoy no pago por esa renta. Lo que me están diciendo es: declare esa renta y lo que haya pagado en Paraguay lo descuenta contra lo que sería la renta global. Ese es un cambio trascendente”, alertó Costa.

“Lo otro que están planteando es que si tengo un activo en el exterior, supongamos acciones de Apple y las vendo, esa ganancia no está gravada. De ser renta mundial estaría gravada”, añadió.

“Eso tiene otro impacto adicional para los no residentes. Aquellas personas que se incorporan como residentes una de las ventajas de hacerlo era que no tenían renta mundial, con lo cual se les iba a gravar por la renta que tenían en Uruguay. Este cambio implica menos ventajas. El régimen uruguayo seguiría siendo beneficioso, pero perdería uno de los atributos que lo hacen más efectivo”, apuntó.

Por su parte, el socio de Tax & Legal de Deloitte Juan Bonet dijo a El Observador que no atribuye la decisión a una cuestión puntual relacionada con los Papeles de Pandora o a incumplimientos que tenga Uruguay, sino a cuestiones relacionados con estándares que hoy está aplicando la UE.

“Hay una cuestión en concreto que es la imposición a la renta de fuente externa. Uruguay tiene una larga tradición de ser uno de los países que ha tenido el criterio de la fuente. En 2011 Uruguay amplió para los rendimientos de capital mobiliario la fuente en materia de IRPF, pero la realidad es que tiene un sistema hibrido, porque tiene parte de renta mundial y parte de renta territorial o fuente”, afirmó.

Según Bonet, la realidad también es que Uruguay a veces no se separa  mucho de otros países que en la normativa tienen criterio de renta mundial, pero por la vía de algunas excepciones dejan afuera las principales rentas de fuente extranjera. “Eso ha ocurrido incluso con Estados que forman parte de la UE como Estados centrales, sobre todo pensando en las exenciones de dividendos que existen generalmente en jurisdicciones que tienen régimen de sociedades holding, como España o Holanda”, dijo.

Por su parte, el especialista tributario, Fabian Birnbaum, dijo a El Observador que a partir de esta decisión Uruguay “está de vuelta bajo la lupa”, pero aclaró que la UE no habla de una sanción directa. “Ellos dicen que el objetivo no es nombrarte para avergonzarte sino dar un listado para iniciar cierta cooperación”.

Para el experto, el hecho de que los cambios en la lista de países se hayan realizado este martes es consecuencia directa del impacto que ha generado la investigación de los Papeles de Pandora realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y no tienen que ver directamente con modificaciones tributarias en Uruguay.

“Los Pandora Papers van a poner mucha presión de vuelta. Es un mensaje diciendo que van a hacer foco en algunas cuestiones de algunos países que a criterio de la UE no conviven bien con el sistema tributario global”, dijo Birnbaum.  

“Y también es un mensaje hacia Uruguay. Se han hecho una infinidad de cambios en los últimos años. De vuelta le recuerdan que seguramente la fiscalidad internacional le va a exigir aggiornar su legislación para poder convivir normalmente”, añadió.

Dos veces al año se revisa la lista de países y territorios no cooperadores y un documento de acompañamiento sobre la situación actual. En la lista gris también fueron incluidos en esta oportunidad Costa Rica, Hong Kong, Macedonia del Norte, Malasia y Catar.

Esta práctica se estableció en 2017 para promover la buena gobernanza mundial en el ámbito fiscal e informar a los estados miembros sobre qué países y territorios no pertenecientes a la UE incurren en prácticas fiscales abusivas. De este modo pueden adoptar medidas de defensa para proteger sus ingresos fiscales y combatir el fraude, la evasión y los abusos fiscales.

Los criterios para la inclusión en la lista están en consonancia con las normas fiscales internacionales y se centran en la transparencia fiscal, la equidad fiscal y la prevención de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. El Consejo de UE dialoga con los países que no cumplen estos criterios, supervisa sus progresos y revisa y actualiza periódicamente esta lista.

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