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La mayor bodega brasileña mantuvo a 200 trabajadores en condiciones infrahumanas durante la vendimia
Ni bien la Policía de Carreteras, de jurisdicción federal, se topó con tres trabajadores escapados de un centro de trabajo donde hacían la cosecha de la uva, dio parte al gobierno. Los dichos de los obreros eran delicados y tomó parte el Ministerio de Empleo y Trabajo de la Nación, que inspeccionó el lugar, labró actuaciones y dio parte a la Justicia porque los trabajadores viñateros estaban sometidos “a condiciones de esclavitud”.
Se trata de los cultivos de vid que proveen uva a las principales bodegas del Estado de Rio Grande do Sul.
La comisión ministerial, en su informe, asegura que los 207 obreros estaban viviendo en "condiciones degradantes". El gobierno de Lula, una vez enviadas las actuaciones a los tribunales, decidió suspender a los productos de las tres empresas más importantes de vinos y espumantes brasileños de las próximas ferias internacionales del sector.
Se trata de Aurora, Salton y Cooperativa Garibaldi, las que contrataron a la empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde (Fênix Servicios Administrativos y de Apoyo a la Gestión de Salud), la que tomó a los 207 obreros temporarios sometidos a vivir día y noche sin contacto con el exterior, con jornadas de trabajo que exceden holgadamente la legislación brasileña.
El comunicado, reproducido por el diario Folha de Sao Paulo, advierte que las declaraciones de los obreros indican que recibían “un trato humillante, cargado de racismo y prejuicios por parte de la patronal”.
Esto ocurrió la semana pasada en el municipio de Bento Gonçalves, en Serra Gaúcha, la mayor región vitivinícola del país. La empresa de trabajo temporario les ofrecía 4.000 reales (equivalente a unos U$S 770) al mes, pero no sólo les demoraban los salarios inferiores a los pactados, sino que les hacían afrontar “violencia física y largas jornadas de trabajo”. El diario paulista consigna que el comunicado informó que hasta les daban “comida podrida” en algunas circunstancias.
Los obreros habían comenzado la vendimia a principios de febrero y los obligaban a permanecer en el lugar, de lo contrario debían pagar una multa “por incumplimiento de contrato”.
El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, abogado y dirigente del Partido de la Socialdemocracia de Brasil, al que pertenecieron el ex presidente Fernando Enrique Cardoso y el actual vicepresidente Geraldo Alckmin, abrió una causa para determinar si, como figura en las denuncias, también hubo policías involucrados en “las golpizas, descargas eléctricas y gas pimienta”. El administrador de la empresa de trabajo temporario fue detenido, aunque tras pagar una fianza quedó en libertad.
Luego de una reunión con distintos sectores involucrados, celebrada el pasado martes, el gobernador de Rio Grande do Sul anunció la creación de un grupo de trabajo para inspeccionar la contratación de personas y combatir situaciones de trabajo análogas a la esclavitud en la Serra Gaúcha. No anunció un plazo para el inicio de la acción, pero abogó por la rendición de cuentas.
El gobernador dijo que la Serra Gaúcha tiene cerca de 20.000 pequeñas propiedades rurales, y que unos 100.000 obreros “golondrinas” trabajan en las cosechas. "Queremos desarrollar grupos de trabajo de inspección para que en estas actividades tengamos un enfoque especial, a fin de garantizar que las condiciones de trabajo de estas personas sean adecuadas, dignas y correspondientes a la legislación", concluyó.
El Centro de Industria, Comercio y Servicios de Bento Gonçalves repudió los hechos, aunque intentó suavizar la situación por la falta de mano de obra. "Hay un amplio sector de la población con plenas condiciones productivas que, pese a ello, se encuentra inactiva, sobreviviendo mediante un sistema asistencialista que no tiene nada de saludable", dice el comunicado.
El concejal del municipio de Caxias do Sul, el ultraderechista Sandro Fantinel, sostuvo que los denunciantes tienen como “única cultura, vivir en la playa tocando tambores".
Tras tomar estado público, la dirección de la bodega Aurora, la mayor de Brasil, afirmó estar "profundamente avergonzada" y descargó la responsabilidad directa sobre quien contrató a los obreros: la empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde LTDA, que también tiene en curso otra denuncia de las mismas características.
"Los hechos recientes de nuestra relación con la empresa Fênix nos avergüenzan profundamente y nos enfurecen. Aprendimos de los que nos precedieron que, sin trabajo, no seríamos nada. El trabajo es sagrado. Traicionar este principio sería traicionar nuestra historia y traicionarnos a nosotros mismos", dice la carta publicada en el sitio web de Aurora.
Los trabajadores rescatados fueron alojados en un gimnasio en Bento Gonçalves hasta que puedan volver a sus hogares.
