La muerte de un preso político de Maduro que alarma en Venezuela

Dos semanas habrían pasado para que García recibiera atención médica tras sufrir un infarto cerebral en prisión. Su muerte, precedida por una agónica búsqueda de medicamentos, alertó sobre la situación de los opositores encarcelados.

"Mi hermano sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) a principios de agosto y durante dos semanas no lo atendieron, pensaron que estaba fingiendo. Cuando lo movieron al hospital ya estaba en muy malas condiciones", dijo telefónicamente a la AFP Yhorlenys Aular.

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público abrió una investigación sobre el caso.

Carlos Andrés García formaba parte del grupo de 566 "presos políticos" que viene denunciando la oposición, entre ellos Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ambos con prisión domiciliaria.

"En casi todos los casos su situación es lamentable. Están sometidos a condiciones inhumanas e insalubres", señaló a la AFP Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal.

Himiob apuntó que la muerte de García se suma a la del piloto Rodolfo González, de 63 años, acusado de conspiración, quien según el gobierno se suicidó en la sede del Sebin en Caracas el 13 de marzo de 2015, versión rechazada por su familia.

Por su parte, el diputado venezolano Tomás Guanipa denunció que los políticos opositores encarcelados son torturados por parte de las autoridades.

"Condiciones inhumanas"

En meses recientes se multiplicaron las denuncias sobre el deterioro de la salud de opositores presos; y también las de torturas a detenidos durante manifestaciones contra Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.

"Lo que le pasó a Carlos Andrés le puede pasar a cualquier otra persona, le puede pasar mañana a Gilber Caro (diputado opositor apresado), le puede pasar a muchos otros presos", dijo Guanipa a los medios.

Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia (PJ), en el que militaba García, aseguró que cada día que pasa es un "riesgo" para los venezolanos que se encuentran en prisión, especialmente aquellos a los que la oposición considera "presos políticos".

Se refirió al diputado encarcelado Wilmer Azuaje -militante de PJ-, que aseguró que es "torturado" y que la alimentación que recibe es de "mala calidad".

"Es torturado (...) lo que come lo hace vomitar, la mala calidad de la alimentación que está recibiendo es una cosa absolutamente trágica", dijo.

Azuaje fue detenido el pasado 2 de mayo por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

A principios de julio de este año el líder opositor Henrique Capriles -también militante de PJ- denunció con una fotografía que Azuaje se hallaba encadenado a una escalera de metal en un espacio de los despachos del Sebin, pero el material no fue confirmado.

El parlamentario continúa encarcelado pese a que una sentencia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el pasado 12 de julio su traslado en régimen de arresto domiciliario.

Por su parte, Gilber Caro -militante del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular (VP)- fue detenido por agentes del Sebin y, según el gobierno, "capturado en flagrancia" en el céntrico estado Carabobo portando un arma, explosivos, y "material de guerra de uso exclusivo de la Fuerza Armada".

Asimismo, Guanipa afirmó que a Caro, detenido hace ocho meses, le lanzan la comida por debajo de la puerta.

Caro inició una huelga de hambre el pasado lunes, después de que su defensa intentara sin éxito que fuera trasladado de penal o liberado.

Caro y Azuaje fueron apresados a pesar de ser diputados y gozar de inmunidad parlamentaria.

La oposición también ha denunciado falta de atención médica hacia el dirigente de VP, Carlos Graffe, quien afirman que fue operado de emergencia y aún "convaleciente de una condición renal" fue detenido a principios de julio por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar).

Ante esta situación y en medio de un proceso de conversaciones entre el Gobierno de Venezuela y su oposición, Guanipa consideró que para que haya un diálogo entre las partes "tiene que haber liberación de presos políticos".

Esta acusación de PJ surge cuando el Gobierno venezolano es objeto de audiencias internacionales que pretenden determinar si hay motivos para denunciarle ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad.