19 de junio de 2026 17:59 hs

He oído repetir con insistencia en los últimos días que ya no hay que hablar más del episodio de la compra de la camioneta de alta gama por parte del presidente Yamandú Orsi. Lo dicen políticos oficialistas y opositores. Lo dicen periodistas. Hay que dar vuelta la página.

Los argumentos son dos. Por un lado están los que opinan que ya se habló demasiado del asunto y no podemos pasarnos la vida discutiendo un tema menor, como el auto que elige tener el presidente.

El ex ministro de Economía y senador del Partido Nacional, Ignacio de Posadas, es uno de quienes ha argumentado en este sentido. En una columna en El País definió el episodio como “pequeño” y dijo que toda la discusión es un síntoma del profundo “bache cultural” que tenemos en Uruguay.

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“Si un país cree que lo relevante de un gobierno está en el lugar donde vive su presidente o en el coche con el que se traslada, apaguemos”, escribió. “Si la cosa pasa por la camioneta y vivir en Salinas, estamos fritos”.

Por otro lado, están quienes sostienen que hay que cuidar la investidura presidencial y las instituciones, y por ello es mejor aflojar con el asunto, o por lo menos no “alimentarlo”. Eso han reclamado varios desde el oficialismo y, palabras más o menos, también desde la oposición. Incluso el senador Caggiani —en una entrevista con La Diaria— dejó entrever que existiría cierto acuerdo tácito en ese sentido, que no todos respetan.

Entiendo que ambos argumentos están equivocados.

Siento lo mismo que De Posadas cuando dos por tres se discute en las redes sociales y en la prensa si Fernando Pereira puede ir o no a veranear a tal o cual playa del este. También lo sentí cuando José Mujica salió a definir como “un miserable” a Lacalle Pou por haberse comprado una moto de 50.000 dólares, por el hecho en sí, sin otras consideraciones.

En esos casos entiendo que se cumple a la perfección lo escrito por De Posadas.

Pero lo que pasó con la camioneta de Yamandú Orsi es muy distinto.

La pregunta aquí todavía no explicada es por qué el presidente accedió a un descuento de 25.000 dólares —ofrecido a él, pero no al público— por esa camioneta Hyundai. Y eso ocurrió poco antes de que esa misma marca fuera —casualmente— elegida para el desfile del 1 de marzo.

Eso no tiene nada que ver con qué coche, qué casa o qué playa elige el presidente.

Después de dar explicaciones pueriles sobre este tema, Orsi grabó un mensaje en el cual afirmó que no existía nexo alguno entre la Hyundai de alta gama y el Hyundai usado en su asunción presidencial.

Pero resulta que en el programa “Así nos va”, en radio Carve, Leandro Gómez, un periodista de larga y respetada trayectoria, dijo que eso no fue así: que el propio presidente inició la negociación de ambas cosas al mismo tiempo en una reunión con el responsable de la automotora en Cabo Polonio.

Al día siguiente, el semanario Búsqueda confirmó esa información: “fuentes al tanto del episodio confirmaron que esos intercambios sucedieron en el balneario rochense”.

La información divulgada por Gómez no ha merecido el más mínimo comentario de parte de los integrantes del gobierno. El oficialismo ha guardado un mutismo total al respecto. Silencio total y absoluto.

Incluso en la oposición muchos han hecho como si esa información no hubiera sido dada. Y buena parte del periodismo también.

Pero sí que fue dada en forma clara y precisa. Y otro medio ya la ha confirmado. Y nadie la ha desmentido.

¿No es verdad lo que informó el colega y luego reafirmó Búsqueda? ¿Hay un error? Y si así fuera, ¿por qué entonces le descontaron 25.000 dólares al presidente?

Fernando Pereira podrá decir que no hablará más del tema, el senador Caggiani podrá repetir que el asunto está “recontra cerrado”, pero la pregunta sigue pendiente.

Además, restaría saber cómo se definió que un auto donado al Frente Amplio terminara en poder el propio Orsi y luego fuera usado como forma de pago de la camioneta.

Muy elegante, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, lo dijo de un modo algo eufemístico pero claro en Desayunos Informales: hay hechos que “requieren algunas aclaraciones adicionales”.

Fue muy penoso que el presidente grabara un video pretendiendo finalizar con el tema y allí no explicara las razones por las cuales le dieron el descuento y omitiera por completo cualquier referencia al auto que era del Frente, pero terminó siendo suyo y y usado para pagar parte de la camioneta. Y todo eso mientras le decía al pueblo que “la verdad no se dibuja”.

Creo que De Posadas podrá entender que acá no se está discutiendo solo si el auto del presidente es lindo, feo, caro o barato: hay otras cuestiones en juego.

Luego están los que temen que exigir estas “aclaraciones adicionales” puede dañar a la institucionalidad o a la democracia.

Al respecto no sé bien qué pensar.

¿Se puede dañar la democracia informando los hechos?

¿Se puede dañar la democracia pidiendo verdad y transparencia?

¿Se puede dañar la democracia cuando uno se revela ante discursos que tratan al común de la gente como si fuera idiota?

Un ejemplo: hay actores políticos que han pretendido justificar que se gaste una millonada en reformar los entornos del Palacio Legislativo señalando que hoy es “casi inaccesible”. Esta semana accedí al inaccesible Palacio. ¿Cómo lo logré? Cruzando una cebra.

También nos tratan como idiotas cuando en vez de dar las “aclaraciones adicionales” que siguen pendientes, en vez de responder a la información que dan periodistas serios, nos dicen que el presidente compró el auto que necesitaba para viajar seguro, que compró la camioneta para ahorrarle un gasto a la Presidencia o que la adquirió ya pensando en donarla a la Anep.

Pedir las respuestas que faltan, la “información adicional”, no daña la democracia ni la institucionalidad.

Lo que sí seguramente daña es al status quo del Uruguay de hoy.

Un statu quo donde no hay un control riguroso y serio sobre el dinero de las campañas electorales ni de la política toda. Un statu quo donde los órganos de contralor se desvirtúan o se vacían de sentido. Un status quo donde hay dinero para el reformar el entorno del Palacio Legislativo, pero nunca para el Poder Judicial o para la Fiscalía.

Un status quo con demasiados versos, demasiadas imposturas y demasiados silencios.

Un status quo opaco.

Con bache cultural también, pero sobre todo opaco.

Como la zambullida en la camioneta.

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