La ONU pide al Estado uruguayo suspender los desalojos en asentamiento Nuevo Comienzo

"Es difícil que el Estado desoiga una petición", consideró Ceretta, quien recordó que Uruguay suscribió al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El organismo dio un plazo de dos meses al Estado para plantear sus observaciones. "Sin precedentes", tuiteó Ceretta esta mañana tras la resolución que es de carácter provisional. En tanto, el comité estudia más a fondo el caso.

A fines de 2019 unas 300 personas se asentaron en un terreno próximo a Santa Catalina, lo que derivó en denuncias a Fiscalía por usurpación. El fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, es quien está a cargo del caso. Ceretta señaló que desde el año pasado en el entorno de 40 vecinos se enfrentaron a la posibilidad de percibir sanciones penales por la ocupación a no ser que abandonen el predio.

La mayoría de los individuos intimados abandonaron el asentamiento. No obstante, la última tanda de 16 vecinos que fueron intimados a fines del 2020 permaneció en el barrio tras la recolección de firmas y la moción presentada a Naciones Unidas.

A mediados del año pasado la Intendencia de Montevideo puso a disposición un terreno de su cartera de tierras para desocupar el terreno en cuestión, aunque para Ceretta resta brindarse una solución respecto a las viviendas. El abogado comentó que a raíz de la resolución del comité iniciarán diálogos con la comuna, cuyas jerarquías cambiaron tras la asunción de Carolina Cosse, y con el Ministerio de Vivienda.

Según supo El Observador, la intendenta Cosse puso el tema sobre la mesa cuando se reunió con la ministra, Irene Moreira, a fines del año pasado.