La ONU propone que uno o varios países envíen fuerza de acción rápida a Haití

Lo hizo ante un pedido formal del gobierno haitiano del presidente Ariel Henry, quien solicitó ayuda internacional para hacer frente a las bandas armadas que actualmente dominan partes de la capital y desbloquear el suministro de combustible y otros productos básicos.

Guterres propuso que estas tropas extranjeras apoyen a la policía haitiana en sus esfuerzos para "eliminar la amenaza que plantean las bandas armadas y dar protección inmediata a infraestructuras y servicios clave".

Sin embargo, Guterres sugirió que la operación no se desarrolle bajo el paraguas de Naciones Unidas, sino que esté liderada por un Estado miembro que la ejecutaría en solitario o con el apoyo de otras naciones, según una carta remitida al Consejo de Seguridad difundida por agencias de prensa internacionales.

"La fuerza, en particular, apoyaría a la Policía Nacional de Haití principalmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe para asegurar el libre movimiento de agua, combustible, comida y suministros médicos desde los principales puertos y aeropuertos a comunidades e instalaciones sanitarias", propuso el jefe de Naciones Unidas.

Guterres dijo en la carta que el Consejo de Seguridad podría "dar la bienvenida" a la puesta en marcha de esta fuerza y que la Secretaría General de la ONU podría desplegar "capacidades adicionales" para apoyar un alto el fuego o arreglos humanitarios y asegurar la coordinación de estas tareas con las tropas internacionales.

Según su propuesta, la fuerza de acción rápida se retiraría gradualmente a medida que la Policía Nacional recupere el control de las infraestructuras clave y comience a restaurar la seguridad.

A mediano plazo, Guterres propone dos opciones: que un grupo de países establezca un grupo de trabajo para asesorar y formar a los policías haitianos o que creen una "fuerza especial" con agentes llegados desde el extranjero para combatir a las bandas armadas.

En ambos casos, el jefe de la ONU plantea que se actúe a invitación del Gobierno de Haití y de modo bilateral, pues las autoridades del país han indicado que prefieren que no se despliegue una nueva fuerza de paz de Naciones Unidas.

El Diario Oficial de la República de Haití, Le Moniteur, publicó el viernes pasado que el Consejo de Ministros autoriza al primer ministro, Ariel Henry, a "solicitar y obtener" de los socios internacionales "apoyo efectivo para el despliegue inmediato de una fuerza armada especializada, en cantidad suficiente, para poner fin en todo el territorio a la crisis humanitaria".

En paralelo, y por vía diplomática, el gobierno haitiano llevó su inquietud a la asamblea de las Naciones Unidas que se realizó en Washington y a la reunión anual de la OEA.

La crisis de seguridad en el país más pobre de América se tornó inmanejable para las autoridades luego de que la terminal de importación de combustible más grande del país, en Varreux, quedara bajo el control de poderosas pandillas armadas.

Desde hace algunas semanas el país, que ocupa la parte occidental de la isla La Española, dejó al país sin transportes, escasa provisión de agua potable y carencia de servicios sanitarios y hospitalarios, con un cuerpo policial de unos 10 mil agentes impotente frente a la situación.

La ONU ya tuvo cascos azules en Haití entre 2004 y 2017, una presencia que se reemplazó por una operación policial que duró dos años y luego por una misión política y de asesoramiento a las instituciones, presente en la actualidad.

El Consejo de Seguridad ya había pedido hace meses a Guterres que le presentase opciones para reforzar el apoyo a Haití en materia de seguridad, pero la situación en el país se ha deteriorado rápidamente en las últimas semanas, en las que también se ha detectado un brote de cólera que se teme que pueda propagarse muy rápidamente dada la actual crisis.

En paralelo, los países del máximo órgano de decisión de la ONU están considerando medidas para responder a la violencia, entre ellas posibles sanciones a los líderes de las bandas armadas y la imposición de un embargo que prohíba la venta de armas a estos grupos.