En lugar de iniciar el proceso para reglamentarla, y aplicarla, la Corte anunció que iniciaría una acción de inconstitucionalidad contra algunos de los artículos de la ley (las objeciones refieren a la invasión de competencias exclusivas de la Suprema Corte) y los ascensos siguieron como siempre: a dedo. Además, la Corte es la encargada de resolver las inconstitucionalidades, aunque en este caso se integraría con ministros de los tribunales de apelaciones.
Teóricamente no se hacen a dedo pero la realidad demuestra que las designaciones son bastante direccionadas. Los jueces que ascienden son elegidos por los ministros de la SCJ de una lista de los 20 mejor calificados por categoría (jueces letrados de Montevideo, jueces del interior, jueces de paz departamentales de la capital, jueces de paz del interior y jueces de paz de ciudad) que se arma cada dos años.
Camilo Dos Santos
La Corte ha hecho siempre una defensa del mecanismo porque esa lista se arma en una comisión que también está integrada por representantes del Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho y la Asociación de Magistrados. Pero lo cierto es que el principal insumo que se tiene en cuenta para esa calificación es la evaluación que hacen los superiores procesales: los ministros de los tribunales evalúan a los jueces letrados, los jueces letrados a los jueces del interior, y los jueces del interior a los jueces de paz. Y esa evaluación se hace en base a las sentencias que les apelan, por lo que, si un juez recibe pocas apelaciones, no es evaluado por su superior, y aunque sea técnicamente brillante difícilmente llegue a la famosa lista.
Por eso, los jueces objetan la forma de evaluación. Además, dicen que nadie sabe con qué criterio se los califica y que, mientras algunos colegas en pocos años llegan a la capital, otros pasan años sumergidos en alguna ciudad del interior profundo, donde ganan menos y tienen más trabajo, ya que deben atender asuntos de varias materias a la vez.
Para hacer el proceso más objetivo, el artículo 8 de la ley –vigente y sin aplicar– establece que, para ascender, los jueces deberán hacer “pruebas de concurso anuales, preferentemente para cada materia, cuyo contenido y evaluación quedarán a cargo de un tribunal que la Suprema Corte de Justicia integrará alternativamente con dos o más representantes que esta designe, y dos o más representantes designados por la Asociación de Magistrados del Uruguay”, que es el gremio de jueces.
Camilo dos Santos
Llamado de atención del Senado e interna en la SCJ
Al aprobar la última venia, que fue el ascenso de la jueza Ana Rivas a ministra suplente de los tribunales de apelaciones, la senadora del MPP, Lucía Topolansky, dejó constancia en la sesión del Senado de que en la designación no se aplicó la ley: “Se observa que el criterio para el ascenso por el cual se solicita esta venia no se realizó de acuerdo con lo propuesto por el artículo 8º de la ley N° 19.830, de fecha de 18 de setiembre de 2019, que establece la prueba de concurso de ascenso entre todos los magistrados con derecho a ascenso”, dijo la legisladora, según consta en actas. De todos modos, en base al currículum de la jueza y a la carrera judicial de 27 años de la magistrada, se le otorgó la venia.
Se desconoce por qué a un año de aprobada la ley, la Corte sigue sin aplicarla. Pero sí se sabe que el ministro Tabaré Sosa, quien asumió en lugar de Jorge Chediak, es proclive a aplicar los concursos, y desde que asumió lo viene planteando.
De hecho, en el pedido de venia de la jueza Rivas enviado al Parlamento, constaba que Sosa “reitera una vez más su propuesta de establecer tribunales de concurso para la efectiva vigencia de un sistema objetivo de selección”.
Camilo Dos Santos
En febrero, al asumir la presidencia de la Corte, Bernadette Minvielle admitió que inicialmente no compartía el sistema de concursos porque en su opinión el juez no “lleva en sus alforjas solamente conocimientos, sino que es relevante además la valoración del trato con los justiciables y sus abogados, el equilibrio necesario en la dirección de los procesos y de las audiencias en particular, el relacionamiento con su oficina, la laboriosidad, la responsabilidad, la motivación de las decisiones concretamente adoptadas, etcétera; todo ello invaluable en un sistema de concurso”. Pero agregó que con el tiempo se convenció “de la importancia y lo saludable de los procedimientos de selección competitivos como son los concursos para el ascenso de los Magistrados”.
Sin embargo, desde que dijo esas palabras pasaron ocho meses y los concursos siguen sin realizarse. Y es grave que el organismo encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y que el máximo órgano encargado de impartir justicia, incumpla una ley lisa y llanamente.
Un integrante de la Corte informó a El Observador que este jueves, a pedido de Sosa, se acordó realizar un llamado a concurso. Por ser la última reunión con los cinco ministros, porque este sábado 10 se retira Eduardo Turell, Sosa pidió resolver el tema. De todos modos, según dijo la fuente, la resolución es muy limitada ya que no abarca a todas las categorías de ascensos, por ejemplo el ingreso de los jueces a Montevideo.
Jueces enojados
La falta de estos concursos fue uno de los motivos que llevó a un grupo de jueces a organizarse y presentarse en las últimas elecciones de la Asociación de Magistrados. La lista 1994 nació básicamente con el espíritu de cuestionar lo hecho por directivas más afines al poder, y se expresó abiertamente en contra de que los ministros de la Corte puedan estar agremiados y tengan voto en las asambleas, por entender que hay una incompatibilidad de estar de los dos lados del mostrador.
Esa lista primero dio un batacazo en las elecciones, ya que obtuvo tres representantes en la directiva y salió segunda con 149 votos, solo 13 votos menos que la oficialista lista 1 (que tuvo 162), y el doble que la tradicionalmente opositora lista 2 (sacó 78), y luego se movió para convocar a una asamblea que se realizó el sábado 4 en la que se hicieron fuertes cuestionamientos a sus superiores.
Según contaron jueces presentes en la asamblea, hubo quejas generalizadas por el oscurantismo que rodea la calificación de la labor de los jueces por parte de sus superiores; se señaló que la Corte realiza los traslados con discrecionalidad, de que hay jueces “con carreras meteóricas”, y hasta se denunció nepotismo.
Se escucharon críticas sobre las listas de los mejor calificados porque los jueces no son notificados de los votos con que cuentan, ni tienen posibilidad de defenderse y ser escuchados, como sí pueden hacerlo el resto de los funcionarios del Poder Judicial y de la Administración en general.
Una ministra de un tribunal civil reconoció que no puede evaluar a todos los jueces con competencia en su materia porque le llegan a estudio sentencias de algunos jueces y no de otros. Ello dio pie para que una jueza planteara “la injusticia” de solo considerar la calificación de los superiores como elemento medular para la evaluación.
También cuestionaron la calidad de los cursos de capacitación obligatorios que brinda el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. Señalaron que hay cursos que se reiteran año a año, y aportan poco, y que entre los profesores hay jueces con poca experiencia y que ocupan cargos de inferior jerarquía.
Después de la asamblea, los jueces solicitaron la reapertura de la mesa de negociación con la Suprema Corte de Justicia, ya que esta la dio por culminada en forma unilateral, en un plazo de 30 días.
En estas horas, la Corte dio un primer paso, a instancias de Sosa, para cumplir con lo que la ley le manda, pero es esperable que la cumplan en su totalidad y que, como cualquier jerarca, estén dispuestos a escuchar y negociar con sus subalternos, en pro de la transparencia que el sistema de justicia requiere.
