El ministro de economía argentino, Martín Guzmán, vuelve a hacer una gira por Estados Unidos. Es un terreno conocido para él, un veterano de la universidad de Columbia, donde fue ayudante del premio Nobel Joseph Stiglitz. Y ahora se siente más “locatario” todavía, dado que excolegas que comparten su visión económica están en puestos de la administración Biden.
Y en los últimos días quedó en claro que, si bien el ministro viene siendo objeto de elogios por cómo logró sortear lo que todos daban como una inevitable crisis cambiaria durante el verano, no son pocas las dudas que quedan planteadas. A fin de cuentas, la desconfianza sigue manifestándose de manera rotunda en indicadores tales como el riesgo país, que sigue por encima de los 1.500 puntos.
Ahí Guzmán tiene el desafío de explicar que la actual caída es temporaria y que se indujo desde el mismo gobierno para lograr un bien superior: mantener a raya al dólar paralelo. Esto se logró por la vía de comprar bonos en pesos y revenderlos en dólares, una operación que como resultado deja un achatamiento de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el “blue”.
El experimento está saliendo bien, pero los economistas argentinos lo critican por varios motivos. El primero es que no es gratis: de hecho, implica que dos de cada tres dólares que entran al Banco Central deben ser aplicados a esa maniobra. El segundo es que se trata de una estrategia que no puede prolongarse mucho tiempo y que parece pensada exclusivamente para que dure hasta las elecciones legislativas. Y el tercero es que, al subir el riesgo país, incrementa el costo del capital para las empresas.
Guzmán, claro, tiene otra visión. Cree que el solo hecho de lograr un mercado cambiario estable llevará a que el resto de las variables vayan confluyendo a la baja, en especial la inflación, y que eso llevará a un mejor clima de negocios. La versión oficial del gobierno argentino es que el castigo que el mercado de capitales le está dando a los títulos argentinos, que aunque prácticamente no tienen vencimientos antes de 2023 están cotizando a niveles propios de un país que ya cayó en default.
Un ministro con los “deberes” hechos
Con los nuevos funcionarios de Washington, la misión de Guzmán es explicar la situación política argentina. Y ahí el objetivo es convencerlos de que, a pesar de la influencia de Cristina Kirchner, este es un gobierno que no tiene intenciones de realizar actos hostiles contra el mercado. Léase que no habrá confiscaciones ni regulaciones excesivas en la economía.
No es una parte más fácil de argumentar, dadas las tensiones en el arranque del año con los productores agrícolas y las amenazas con tomar medidas para “desacoplar” los precios internos con los globales, ahora que el mundo vive un nuevo boom agrícola.
Pero, sobre todo, lo que Guzmán intenta es que Estados Unidos haga valer su peso determinante en el directorio del FMI para que Argentina se beneficie con la ampliación de capital del organismo. Esto podría significar una cuota extra de hasta US$ 3.500 millones para el país.
Si bien no es suficiente como para saldar todas las obligaciones que se acumulan este año -US$ 4.768 millones con el FMI, además de los US$ 2.600 millones con el Club de París-, ya implicaría una ayuda financiera y una señal de confianza.
Pero, sobre todo, el momento determinante será el “póker” de Guzmán con los funcionarios técnicos del FMI, el gran acreedor al que hay que pagarle por el préstamo récord de US$ 44.000 millones que se otorgó durante la gestión macrista.
Guzmán sabe que las argumentaciones de tipo político que hace Alberto Fernández -que apunta a la “irresponsabilidad” del Fondo por prestarle a un gobierno que estaba usando los dólares para una fuga de divisas- no conmueven a los técnicos y que, si quiere llegar a un acuerdo, la única forma de mostrarlo es con datos concretos.
JUAN MABROMATA / AFP En el gobierno de Alberto Fernández hay quienes prefieren esperar hasta las elecciones. Es ahí donde se da una situación curiosa: mientras la mayoría del gobierno argentino prefiere avanzar con lentitud y dejar la firma de un acuerdo con el FMI para después de las elecciones, Guzmán quiere avanzar rápido y tratar de tener algo firmado en mayo.
Por raro que parezca, en este momento los intereses del gobierno se contraponen con los del ministro. Claro, el ala política del gobierno piensa en las elecciones legislativas y se incomoda con el solo hecho de pensar en un acuerdo que imponga condiciones fiscales que puedan parecerse a un ajuste.
Pero Guzmán, por el otro lado, quiere apurarse porque sabe que los números y la situación de estabilidad que goza la economía hoy no se podrá sostener durante mucho tiempo.
La realidad es que hoy el ministro puede mostrar un dólar bajo control, una economía en franca recuperación, seis meses consecutivos de recaudación impositiva creciendo por encima de la inflación.
Y una situación política relativamente calma, que hace que hasta le hayan permitido recortar la ayuda extra de la pandemia -lo que le permite ahorrarse dos puntos del PIB-, cambiar la fórmula de indexación jubilatoria, arreglar un aumento de salarios estatales que posiblemente evolucione por debajo del nivel de la recaudación.
Y, como si fuera poco, hasta parece que está por convencer al kirchnerismo sobre lo inevitable de un ajuste de tarifas de servicios públicos. Se trataría de una cifra en torno al 20%, que está lejos de lo que se necesita para cortar los subsidios estatales a la energía, pero que permite una senda de ahorro. Y si alguien protesta, se le contestará con el argumento de que, con el esquema heredado de Macri, las tarifas ya habrían tenido aumentos superiores al 100%.
El equilibrio fiscal no es de derecha”, se defiende Guzmán cuando tiene que hablar ante la militancia kirchnerista, que todavía lo mira con un poco de desconfianza por su falta de decisión para usar el gasto público con una estrategia más keynesiana de apoyar la industria y “lubricar” el consumo.
Las amenazas en el horizonte
Es por eso que Guzmán muestra apuro por llegar a un acuerdo. Se da cuenta de que muchos de los factores que ahora le juegan a favor -incluyendo el inesperado boom del precio de la soja- no van a durar mucho tiempo.
Su objetivo es presentar un plan en el que el organismo refinancie a muy largo plazo la deuda pendiente. El deseo secreto del gobierno argentino es que ocurra algo que hasta ahora no tiene antecedentes: que, además de dar más plazo, el FMI apruebe un recorte de capital, pero nadie lo ve como una posibilidad realista.
Lo cierto es que el gobierno argentino se conforma con poder terminar su período de gobierno sin tener que hacer grandes desembolsos. Es decir, casi no pagar hasta el 2024. Y que ese plan no signifique un compromiso reformas estructurales que puedan catalogarse como “de ajuste”.
Si no logra el acuerdo ahora, los meses venideros lo encontrarán en una posición más débil para negociar. Para empezar, porque su meta de inflación anual de 29% va siendo cada vez más difícil de defender. De hecho, los sindicatos que firman acuerdos tomando ese número como referencia se cuidan bien de incluir cláusulas de revisión por si la meta no se cumple.
Pero, sobre todo, porque la política del dólar calmo implica también mantener una contracción monetaria con la que el ala kirchnerista del gobierno no está de acuerdo. El consumo sigue sin llegar a la franja de menores ingresos de la población -donde se concentra el voto peronista- y Guzmán sabe que está cerca de llegar al límite de lo tolerable para el kirchnerismo.
En la medida en que las chances electorales del gobierno se compliquen, se verá presionado a abandonar la ortodoxia y volver a la expansión monetaria y fiscal.
Es por eso que no quiere demorar la firma con el FMI: sabe que el mejor momento para negociar es ahora.
