La paradoja de Bonadio

Por un lado, el sector más anti-kirchnerista de la sociedad argentina había soñado durante años con el día en el que un juez se animara a pedir la detención de Cristina Kirchner. Pero también es cierto que nunca quiso que ocurriera de la forma en que se dio: es decir, con un pedido de prisión preventiva cuestionado por la mayoría de los juristas y que sienta un precedente peligroso porque el día de mañana se podría aplicar a cualquier funcionario de este gobierno.

Por otra parte, de las seis causas por las que la ex presidente está imputada –y de las que ya estaba procesada en dos-, la que motivó el pedido de detención es la menos sólida jurídicamente. La acusación de "traición a la patria" sólo puede ser aplicada a tiempos de guerra. Por otra parte, en la causa se busca la criminalidad en decisiones de política exterior –una prerrogativa del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no judiciable-. Y, para completar el cuadro, el cuestionado memorándum de entendimiento con Irán había sido ratificado por el Congreso nacional.

Esos elementos hicieron que la jornada fuera diferente de lo que se ha visto en otros casos de ex presidentes latinoamericanos que en su momento fueron detenidos por sospechas de corrupción, como ocurrió con Lula en Brasil o con Ollanta Humala en Perú.

En definitiva, las circunstancias le sirvieron a la ex presidente para reforzar el discurso de autovictimización y su denuncia en el sentido de que el Gobierno usa la justicia como "cortina de humo" para tapar medidas de ajuste.

Una "sorpresa" que se veía venir

Para el gobierno de Mauricio Macri, la decisión del juez Claudio Bonadio estuvo muy lejos de significar una victoria política. Más bien al contrario, ni bien se supo la noticia, desde la Casa Rosada se dejó trascender la preocupación por cómo se había dado la orden del juez y las consecuencias que podría tener el pedido de desafuero.

Luego, cuando Macri se reunió con su gabinete, se hizo trascender –en un cable de la agencia oficial Telam- el enojo con Bonadio por su tendencia a "cierta sobreactuación" y por su uso del recurso de la prisión preventiva, que para el gobierno debe ser usada "en situaciones específicas y no como una atribución personal".

En cuanto a la preocupación, el Gobierno tiene motivos más que fundados para sentirlo, tanto desde el punto de vista político como desde el judicial. En cambio, la parte de la sorpresa es menos defendible.

Lo cierto es que si al presidente le sorprendió lo ocurrido, está dejando en evidencia una falla en sus nexos con el Poder Judicial. Porque en los últimos meses hubo una sucesión de señales que marcaban el "crescendo" de los jueces.

Ya había ocurrido una señal cuando el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, fue detenido por burlar un embargo judicial, un hecho que encuadraría en la figura de "obstrucción a la justicia". De inmediato surgió la especulación sobre qué pasaría con Cristina, dado que nadie cree que el contador pudiera actuar por su propia iniciativa en una operación bancaria que implicara dinero de la familia Kirchner, sino que debía estar siguiendo instrucciones de la ex presidenta.

En ese momento, el juez Bonadio, que había ordenado la detención de Manzanares, dijo que no podía detenerla porque su procesamiento aún no había sido ratificado por la cámara, pero que no le "temblaría la mano" cuando llegara el momento.

Finalmente sintió que había llegado el momento de pedir la prisión preventiva para la ex presidenta, aunque no fue por la causa de los turbios negocios inmobiliarios de los Kirchner, sino por la mucho más discutible acusación de "traición a la patria".

La argumentación de Bonadio llegó como una consecuencia directa de la detención del ex ministro Julio de Vido. Fue a partir de allí que se puso en práctica la nueva teoría jurídica que divide al ámbito político: que un funcionario –o ex, incluso- podía ir preso sin condena, porque podía estar en condiciones de interferir con la justicia.

Ese es, en este momento, el motivo más caliente de debate en los ámbitos político y judicial. Las críticas apuntan a la incoherencia de los jueces porque estos procesados tenían más probabilidades de alterar documentación antes, cuando eran funcionarios, que ahora en su condición de ex.

Y segundo, por lo vago y discrecional de la acusación: ¿cómo se determina objetivamente si un ex funcionario tiene voluntad de obstruir el accionar de la justicia?

Pero lo que más preocupa al gobierno de Mauricio Macri es que, de extenderse este criterio, podría afectar también al actual gobierno, donde hay varios funcionarios imputados en causas de corrupción o intereses incompatibles con la función pública. Incluyendo al propio Macri, que fue investigado por la justicia en el marco del caso "Panamá Papers".

El temor por la paz social

Todo indica que, a diferencia de lo ocurrido con De Vido –que perdió sus fueros de diputado por pedido de un juez- esta vez no habrá desafuero ni prisión. Para empezar, el pedido llega cuando ya terminó el año legislativo, con lo cual no hay posibilidad de tratar el pedido de desafuero a Cristina hasta marzo próximo.

Pero, además, queda en claro que el peronismo –que domina ampliamente el Senado- no está dispuesto a juntar los dos tercios de los votos necesarios para dar lugar al pedido de Bonadio. Por varios motivos, entre ellos el obvio de que algunos de los integrantes de la cámara alta votaron la ratificación parlamentaria del cuestionado memorándum de entendimiento con Irán.

Pero, sobre todo, porque el peronismo decidió adoptar una actitud que equilibre el antecedente de Diputados con el caso De Vido.

Fue bien claro al respecto Pedro Guastavino, senador por Entre Ríos que integra el bloque peronista dirigido por Miguel Pichetto: "El Senado tiene una historia en referencia a los pedidos de desafuero de sus integrantes. Siempre ha tenido una postura que tiene un respaldo jurídico avalado por fallos de la Corte Suprema y que consiste en otorgar el desafuero siempre que exista una condena firme porque hasta que esto no ocurra, sigue vigente la presunción de inocencia".

Y, como recordatorio de la vigencia de esa postura, recordó que sigue siendo senador y gozando de fueros el ex presidente Carlos Menem, aun a pesar de que tiene condena judicial en segunda instancia por la causa de venta ilegal de armas. Como el veterano dirigente riojano no tiene fallo ratificado por la Corte Suprema, para el Senado mantiene el derecho a sus fueros.

De manera que Cristina no ve un riesgo inminente de prisión, y acaso por eso fue que se la vio tranquila y con gesto distendido durante la conferencia de prensa en el Congreso.

Pero no es la única que tiene motivos para la calma en este momento. También para el macrismo es evidente que la idea de Cristina en prisión se parece a una pesadilla.

La primera en hacer el recordatorio fue Hebe de Bonafini, quien en su gráfico estilo, dijo: "Si la llevan a Cristina se arma un quilombo que ni te cuento".

Algo que, con otras palabras pero la misma intención, ratificó la propia ex presidente, cuando en su conferencia de prensa acusó al Gobierno de querer "provocar" y llamó a sus seguidores mantener la calma.

Una deuda del macrismo con Pichetto

En una jornada donde el Gobierno prefirió ocupar un segundo plano, las únicas declaraciones oficiales apuntaron a desmentir el argumento central de Cristina. Es decir, que Bonadio actúa por órdenes de Macri.

El jefe de gabinete, Marcos Peña, insistió en que la situación debe ser vista en el marco de lo "estrictamente judicial".

"Es un tema que requiere de una investigación muy bien hecha y también un debido proceso de defensa para los acusados. Esperamos que se pueda desarrollar en la normalidad que requiere este tema institucional", añadió Peña, quien varias veces repitió las palabras "prudencia" e "institucionalidad".

Por lo pronto, todo una diferencia con lo ocurrido con el caso De Vido, a quien se quiso votar el desafuero cuando ni siquiera había orden judicial, con el argumento de que la acumulación de causas lo transformaba en una deshonra para la Cámara.

Lo cierto es que, desde el punto de vista del macrismo, la posibilidad de Cristina detenida por una causa cuestionable implica varios riesgos. Al peligro de los desbordes violentos en las protestas, se suma el enrarecimiento del clima político justo cuando la prioridad de Macri es impulsar su agenda de reformas económicas.

Puede resultar paradójico que, al final, el macrismo deba agradecerle la paz social al peronismo, ya que la postura del bloque sigue al senador Pichetto implica que se diluya la posibilidad de una pérdida de fueros y detención de Cristina .

Al mismo tiempo, es Pichetto y ese peronismo peleado con el kirchnerismo el que está dando las "garantías de gobernabilidad" al apoyar el pacto fiscal con los gobernadores provinciales y proveer la fórmula que destrabó el debate por la reforma previsional.

A esta altura, quedó claro para los estrategas políticos del macrismo el valor de la alianza con Pichetto y su bloque. Son peronistas que están pagando un alto costo político, dado que por un lado aparecen como protegiendo a Cristina y, por el otro, garantizan esas mismas reformas a las que la ex presidenta califica como "saqueo y ajuste brutal".

No resultaría descabellado pensar en que Pichetto le quisiera "subir el precio" a su alianza, cuando todavía resta negociar la mitad del paquete de reformas.

Esa "oposición light" a la que Cristina denostó durante la campaña electoral es ahora la que le permite al macrismo sostener la situación que hasta ahora le dio rédito político. Es decir, la persistencia de una "grieta" en la cual el kirchnerismo no se transforme en una minoría en decadencia sino que represente un "peligro" real para los votantes de Cambiemos.

Para que eso funcione, Cristina no sólo debe estar libre, sino que tiene que mantenerse activa políticamente y aparecer como potencial candidata para 2019. Las declaraciones de la ex presidente respecto de cómo aspira a liderar una oposición dura al programa económico fueron exactamente en la línea que espera el Gobierno.

Pero también es evidente que esa situación es un equilibrio inestable. En lo político, corre el riesgo de que crezca el porcentaje de la población que adhiere a la tesis kirchnerista sobre que "el modelo de ajuste" sólo cierra con perseguidos políticos.

Hay, además, otro riesgo que recién ahora empieza a hacerse evidente: el Poder Judicial, durante años acusado de complicidad con la corrupción, ahora parece empeñado en lograr un cambio drástico de imagen ante la opinión pública. Y en ese proceso, tiembla todo el sistema político.