La peor crisis del gobierno y una noticia que la empeora

Poco después el Frente Amplio presentó un pedido de acceso a la información pública para solicitar las actuaciones administrativas. Cancillería se lo negó por lo que la oposición decidió recurrir a la Justicia y obtuvo una sentencia favorable. En 15 días Cancillería estaba obligada a darle todo, incluidas las comunicaciones entre los subsecretarios. Eran dos conversaciones. En la primera, del 21 de setiembre, Maciel le pedía a Ache que le averiguara por un ciudadano uruguayo detenido en Dubái: "Queremos saber con qué tipo de documento ingresó y qué nombre y número de documento utilizó". En la segunda, del 3 de noviembre, el subsecretario le pedía que le averiguara si seguía detenido y le mencionaba que se trataba de “un narco uruguayo muy peligroso y pesado” y que si quedaba libre “sería terrible”.

En ese contexto la instructora de la investigación le pidió a Ache los chats y ella habló con Bustillo del tema. Para ese entonces ella ya había hecho una consulta con el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, quien le recomendó grabar las llamadas. También fue quien ideó la estrategia de guardarlos hasta este momento y ella fue para adelante. De ahí surgen los registros que entregó a la Fiscalía en los que Bustillo le sugiere que pierda el celular, dice que va a hablar con la instructora para que “no guarangee” con las preguntas y que Maciel va a borrar los audios, por lo que ella debería hacer lo mismo.

Según declaró Ache, lo mismo le pidió el asesor presidencial, Roberto Lafluf. Contó que la convocó a una reunión en Torre Ejecutiva el 25 de noviembre, en nombre del presidente, junto a Maciel y le pidió a ambos que borraran los chats. También le pidió que protocolizara con escribana que esos chats no existían, a lo que ella se negó. Al día siguiente, en una conversación telefónica –tras una consulta con el presidente– Lafluf le dijo que mandara “todo” a la investigación, pero que agregara también el acta de los chats con Maciel. Ella preguntó por qué, si ya los había entregado, y fue entonces –según su versión en Fiscalía– que él le dijo que los había destruido. 

Lafluf es del círculo más íntimo del presidente y parece difícil que haya actuado por sí sólo. El publicista que trabaja en la estrategia de comunicación del gobierno es uno de los cuatro hombres de mayor confianza del presidente y está encima de todos los temas de importancia.

A esa conjetura apuntaron varios integrantes de la coalición, por lo que el presidente tendrá que dar explicaciones al respecto. Es probable que el asesor se haga cargo de la maniobra pero por cómo están las cosas, no parece fácil que el presidente pueda quedar totalmente ajeno.

Desde la izquierda se ha intentado comparar este hecho con el caso Astesiano para señalar que la corrupción se ha instalado en la Torre Ejecutiva, pero ambos casos presentan diferencias. Astesiano era un medio pelo con antecedentes, que hacía algún trabajo sucio pero que (según las pruebas que reunió la Fiscalía) actuaba por motu proprio. Más allá de las suspicacias, no ha surgido una prueba que hasta ahora permita determinar que el presidente estaba al tanto de sus chanchullos de su excustodio.

En este caso, el asunto se jugó a otro nivel. Uno de los mano derecha de Lacalle participó directamente del intento de ocultamiento. Y eso se paga caro. Seguramente lo pagará políticamente el partido de gobierno y lo pagará la coalición. Hay que ver hasta dónde llegará la onda expansiva.

Por eso algunos se apuraron a pasarle factura al presidente, como el caso de Cabildo Abierto, cuyo líder Guido Manini Ríos, dijo estar "convencido" de que Lacalle Pou dio órdenes a Lafluf, pero señaló que no tiene "ningún tipo de pruebas" y que espera "explicaciones". También pidió renuncias, al igual que lo hicieron otros tantos dirigentes oficialistas.

La salida de Bustillo era necesaria como primer paso por ser el funcionario más escrachado en los audios, pero no es suficiente. Los otros dos grandes implicados –Lafluf y Maciel- quedaron obligados a irse también. Y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, si bien no está implicado directamente en este caso, ya no tiene crédito. Es impensable además que no estuviera al tanto de la idea.

El pasaporte era legal

A la luz de lo que avanzó la indagatoria del fiscal Machado para saber si existió alguna irregularidad en la entrega del pasaporte a Marset, se puede concluir que el intento de ocultar los famosos chats resultó ridículo e innecesario.

Bustillo en la charla con Ache mencionaba que, si los entregaba, quedarían “repegados”, y que si Maciel los divulgaba se pegaba “un tiro en el pie” porque el Ministerio del Interior “podía detener la emisión del pasaporte” ya que había “una investigación contra este tipo”. 

En realidad, no era así. No había ninguna investigación contra de Marset y no había alerta roja de Interpol por lo que no había impedimento para entregarle el pasaporte, como han señalado penalistas de todo pelo y color que participan en la indagatoria penal y han estudiado el tema. Es más, al considerarse que no es un documento de viaje sino un documento de identidad, era su derecho recibirlo.

Se sabe también que Cancillería avisó a Interpol de que el narco estaba preso. Esta última podía haberse comunicado con otras agencias como la paraguaya, donde sí era investigado Marset. Aparentemente, eso no pasó.

Entonces, no parece que a ninguno de los jerarcas indagados pueda caberle responsabilidad por la entrega del pasaporte (más allá de que la investigación no terminó y la fiscalía puede considerar que existió alguna maniobra para apurarlo por parte de mandos medios) y, paradójicamente, pueden haber cometido un delito –ocultar información a la justicia, destruir documentos públicos, encubrimiento o abuso de funciones- para ocultar un error que no era tal.

Eso no le quita trascendencia al problema ni disminuye la crisis.

Aunque se suela asociar la corrupción al cobro de coimas y concesiones millonarias, también lo es hacer favores para salvarle a alguien el pellejo, ocultar información para evitar una crisis política o confabularse para decir que una conversación entre jerarcas no existió y así cuidar la reputación del gobierno.

Además, el hecho de que en el fondo de todo esté un narco pesado como Marset, más allá de que son temas paralelos, suma al episodio un halo de turbiedad. 

Lo contrario a la corrupción es la transparencia y eso implica decir la verdad, reconocer los errores y hacer saltar a los fusibles que sean necesarios. El presidente levantó esa bandera al asegurar que es “garantía de transparencia”. Este episodio bochornoso lo obliga a demostrarlo.