La política migratoria de los Estados Unidos alimenta el negocio del tráfico ilegal de personas

Casi todos lo intentan sin visados. En marzo, unas 160.000 personas intentaron entrar en los Estados Unidos desde México, según el Departamento de Estado. El fracaso de la política migratoria de Washington parece evidente y se remonta a 1994, cuando a instancias del gobierno de Bill Clinton, la Patrulla Fronteriza, como se la conocía entonces, inició una estrategia de “prevención mediante la disuasión”.

La idea era simple: si se dificultaba el ingreso, disminuiría la cantidad de personas que intentarían cruzar la frontera.

Desde entonces, la cantidad de efectivos de la fuerza pasó de 4.300 a casi 20.000. Sus agentes se concentraron en los puertos de entrada y en las principales ciudades fronterizas, lo que elevó la cantidad de detenciones y deportaciones, al tiempo que incentivó a un número cada vez mayor de migrantes a buscar pasos por nuevos y más peligrosos territorios, lo que a su vez incrementó exponencialmente las muertes y las desapariciones.

Fue el inicio de la creciente militarización de la frontera, estrategia a la que siguió en 2002 la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuyo presupuesto trepó a US$ 50.000 millones el año pasado. En 2019, el DHS anunció los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), política que se conoció como “Quédate en México”, la última de una serie de iniciativas a lo largo de décadas por parte de gobiernos republicanos y demócratas.

La cantidad de migrantes detenidos en la frontera fluctuó significativamente a lo largo de los años. Según los datos oficiales, fueron alrededor de 1,6 millones en 2000, unos 500.00 en 2014 y más de 2,4 millones en 2022.

Del “coyote” a las redes criminales

Las políticas de Washington tuvieron numerosas consecuencias indeseadas. Una de ellas es el fortalecimiento de las organizaciones criminales a lo largo de la frontera. Si bien el tráfico de drogas y armas dominó tradicionalmente el contrabando, el tráfico de personas se convirtió en una de las industrias más lucrativas.

Se trata de un mercado conformado por redes que reemplazaron el tráfico “artesanal” y “comunitario”, y que mueve enormes sumas de dinero en ambos lados de la frontera con bases operativas, principalmente, en los estados mexicanos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas.

Según los especialistas, las políticas de los Estados Unidos crearon un cuello de botella en la frontera, en donde los migrantes se ven obligados a permanecer mientras se determina si son elegibles para recibir asilo. Como resultado, se volvieron cada vez más vulnerables a la extorsión y los secuestros.

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Las redes comunitarias de los tradicionales “coyotes”, que proporcionaban un servicio para los migrantes ilegales, muchas veces en la persona de los mismos migrantes y sus familias por varias generaciones, cambió a medida que los riesgos aumentaron y creció la necesidad de redes cada vez más especializadas que operaran en regiones menos transitadas.

“Quédate en México”

En los últimos años, la Casa Blanca endureció todavía más su estrategia con la implementación de los MPP y el Título 42. Los MPP, que entraron en vigencia a principios de 2019, requerían que los migrantes que solicitaban asilo esperaran sus audiencias en México.

El Título 42, medida de salud pública establecida en marzo de 2020 en el marco de la pandemia, había suspendido el asilo y otorgado a los funcionarios estadounidenses la autoridad para expulsar a los solicitantes hacia México, o bien a sus países de origen. Los MPP finalizaron en junio de 2021, y el Título 42 permaneció vigente hasta el pasado mes de mayo.

Tras el cierre de estos programas, Washington sometió a los migrantes a nuevas restricciones. Ahora, bajo el Título 8, un complejo conjunto de leyes que dificultan aún más la búsqueda de asilo. Según el Título 8, si los migrantes no solicitan primero asilo en un tercer país les será rechazado el pedido, o bien serán deportados si ingresan en forma ilegal.

Hoy, la única forma clara de solicitarlo es mediante una aplicación móvil conocida como CBP One. La aplicación funciona casi como una lotería. Decenas de miles de migrantes ingresan al sistema simultáneamente para conseguir una de las pocas citas disponibles cada día. Además, la aplicación sólo funciona en el centro y norte de México.

Entre tanto, los migrantes permanecen en México, o corren el riesgo de ingresar ilegalmente y ser devueltos a sus países de origen, donde tendrán que reunir el dinero y el coraje para volver a emprender la travesía. Según los expertos, cada vez que se implementa una nueva restricción, como los MPP, el Título 42 y el Título 8, las redes criminales parecen fortalecerse.

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Precios y ganancias

Las políticas que bloquearon las vías de la migración legal crearon nuevos corredores, más peligrosos que los anteriores y controlados ahora por grupos criminales sofisticados. El hecho de que haya mayores riesgos y que se requiera mayor infraestructura, además de redes más complejas, aumentó las tarifas. Se calcula que una persona para migrar en forma relativamente segura desde Guatemala a los Estados Unidos debe pagar hasta US$ 10.000.

Desde la década de 1990, el tráfico ilícito pasó de ser una operación “casera” a convertirse en una industria. Según el DHS, las organizaciones ganan unos US$ 500 millones al año por el tráfico ilícito de migrantes. Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) es mucho más. El organismo calcula que perciben sumas que oscilan entre los US$ 5.000 y los US$ 7.000 millones al año.

Más allá de las estimaciones, lo concreto es que el acceso a los puertos de entrada está restringido y los cruces fronterizos irregulares son prácticamente la única opción. “Esto crea un mercado para que las personas puedan encontrar formas de cruzar nuestra frontera por fuera de los puertos de entrada, y ese mercado está tomado por el crimen organizado”, ratifica un abogado que trabaja con los solicitantes de asilo.

En Matamoros, por ejemplo, varias facciones del Cartel del Golfo obtienen ganancias “de todos los migrantes que pasan por su área”, según la DHS. En ocasiones, el Cartel les cobra directamente a los migrantes. Otras veces, se entiende con las organizaciones que los llevan por el área bajo su control.

Según las ONG’s, no todos los trayectos son iguales. Los traficantes ofrecen un menú por diferentes precios que dependen de los servicios prestados y varían desde unos cientos o miles de dólares por el permiso para cruzar la frontera, hasta más de US$10.000 por un viaje guiado a una ciudad estadounidense en particular.

Los migrantes suelen ser obligados a usar sus casas, títulos de propiedad y otros activos como garantía, o bien como pago a las redes de tráfico ilícito. En los estados fronterizos mexicanos como Baja California, Sonora, Coahuila y Tamaulipas, los migrantes deben pagar entre US$ 10.000 y US$ 13.000 para que los ayuden a cruzar y los transporten hasta ciudades específicas de los Estados Unidos.

El simple permiso para cruzar sin un guía puede tener un costo que oscila entre US$ 500 y US$ 2.000, o más, dependiendo del grupo criminal, además de lo que el migrante ya había pagado para llegar a la frontera.

Los casi 2,4 millones de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses en 2022 en la frontera representan un récord. Muchos fueron detenidos más de una vez. Según los cálculos de algunas organizaciones, si se asume que la mitad de ellos pagaron US$ 10.000 en costos de tráfico y en sobornos, el mercado tendría un valor anual de unos US$ 12.000 millones.

Extorsión y secuestro

Las políticas como el MPP y el Título 42 elevaron el número y el tiempo que los migrantes pasan en las peligrosas ciudades fronterizas, lo que los expone a mayores riesgos de extorsión y secuestro, como en Nuevo Laredo, donde los secuestradores acechan en sectores estratégicos de la ciudad, como el aeropuerto y las terminales de autobuses.

El trabajo de detectar a las posibles víctimas lo realizan los “campaneros” a sueldo que señalan a los migrantes que llegan. Incluso hay taxistas que entregan a los migrantes a los secuestradores que trabajan con el Cartel del Noreste, la organización dominante en la región.

En los albergues para migrantes, por ejemplo, los secuestradores les exigen lo que se conoce como “la clave”, una contraseña que confirme que pagaron por la autorización para permanecer en la ciudad y atravesar la frontera. Quienes no la tienen pueden ser secuestrados.

Quienes tienen una lectura crítica de las políticas desplegadas por Washington plantean que el gobierno está “básicamente entregando víctimas a las organizaciones criminales”. Calcular la escala real del problema es complejo. El secuestro y la extorsión son dos de los delitos con mayor sub-registro en México. Entre 2021 y 2022, las autoridades informaron sólo 55 secuestros de migrantes a nivel nacional, pese a que reportaron haber “rescatado” más de 2.000 de las redes de traficantes.

En contraste, en el mismo bienio, Human Rights First documentó miles de secuestros o intentos de secuestro de personas que habían sido expulsadas hacia México, o se encontraban allí varados por el Título 42. Una situación que impacta con especial fuerza en Nuevo Laredo, ciudad que tiene la dinámica de secuestros más sofisticada y organizada de toda la frontera.

Otra característica de la nueva política estadounidense de inmigración que pone en mayor riesgo a los migrantes son las llamadas “expulsiones laterales”. Bajo el Título 42 o el Título 8 son llevados al puerto de entrada más cercano y obligados a ingresar a México por un lugar diferente al usado originalmente para cruzar, lo que los pone en riesgo extremo.

En Nuevo Laredo, además, los grupos criminales cobran extorsiones dependiendo del tiempo que los migrantes permanecerán en la ciudad, datos que consiguen accediendo a los documentos judiciales para verificar cuándo será la próxima audiencia. Sobre esa base definen el monto de la extorsión.

Corrupción oficial

Por lo pronto, la política estadounidense de inmigración lleva años empujando a migrantes y solicitantes de asilo a tomar rutas cada vez más apartadas y peligrosas. En el tramo final de 400 kilómetros de viaje en autobús desde Monterrey hasta Piedras Negras hay por lo menos tres puntos de inspección oficiales.

Uno es controlado por el Ejército mexicano, otro por una unidad especializada de la Policía estatal de Coahuila y otro por agentes de inmigración mexicanos.

El contacto con ellos conlleva la amenaza de detención o deportación. Esta desproporción de poder crea una oportunidad para que algunos funcionarios extorsionen a los migrantes a cambio de no detenerlos. Situación que empeoró por la estrategia de Washington de enrolar a un número creciente de organismos mexicanos en sus iniciativas, lo que multiplica las interacciones de los agentes con los migrantes.

(Con información de Insight Crime y AFP)