La presidenta hondureña Xiomara Castro decidió construir una cárcel para 2000 presos en el Caribe

La violencia desatada en el Cefas el 20 de junio pasado dejó al descubierto no sólo la incapacidad de los funcionarios penitenciarios, sino que, una vez que las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de las cárceles por decisión de Castro, aparecieron armas blancas y de fuego, incluyendo algunos fusiles.

Los hechos de sangre, en el último mes, continuaron no sólo en las cárceles. El 24 de junio, en el norte de Honduras, distintos enfrentamientos dejaron un saldo de 21 víctimas fatales. La mandataria, desbordada por los acontecimientos, señaló una vez más que la causa de estos hechos es por las disputas por territorios y centros de exportación ilegal de las pandillas Mara Salvatrucha y Pandilla 18.

Sin embargo, al igual que sucede en los países latinoamericanos donde el narcotráfico se instaló hace mucho tiempo en zonas vulneradas socialmente, quedó al descubierto la interacción entre funcionarios y narcos.

José Manuel Zelaya, secretario de Estado de Defensa Nacional, hijo de la presidenta y del expresidente Manuel Zelaya, fue el encargado de torcer el timón hacia una política basada en el control militar del crimen organizado.

La decisión de poner a las Fuerzas Armadas a cargo del control del narco mostró su incompetencia, por ejemplo, en México, donde fueron los grupos del crimen organizado los que lograron complicidad de los mandos militares.

El otro ejemplo para tener presente es la violencia que asoló a Guatemala entre 1960 y 1996, que dejó la espeluznante cifra de 200.000 muertos y desaparecidos, con la mayor agudización entre 1982 y 1983, cuando el general de Ejército Efraín Ríos Montt detentó el poder sin el más mínimo respeto a las normas constitucionales ni los Derechos Humanos.

En ese contexto regional debe contemplarse la decisión de Xiomara Castro de tomar “medidas drásticas”, como anunció el pasado 27 de junio, que ahora continúa con el anuncio de construir una prisión en una isla caribeña para evitar el contacto de los detenidos con el exterior.

De inmediato, las portadas de distintos periódicos hablan del “Alcatraz hondureño”, “el Guantánamo de Xiomara” o, lo que es más preocupante, “la bukelización de Castro”, mostrando la identificación de la mandataria hondureña con el salvadoreño Nayib Bukele, que gobierna con la tasa de prisioneros más alta de todo el continente americano, sin respetar los elementales derechos a los detenidos, pero con un alto grado de aceptación de la sociedad.

El complejo carcelario anunciado por Xiomara Castro estará localizado en un archipiélago del Caribe y será diseñado con altas medidas de seguridad. “La idea es que los criminales pierdan el contacto con todo”, afirma un comunicado del área de Defensa del gobierno.

Encerrar en una isla a centenares de seres humanos que están rotulados como “peligrosos delincuentes” es el nuevo plan de la presidenta de Honduras. El nombre las Islas del Cisne esta vez remite a una imagen muy poco plácida y naturalista.

Se trata de un archipiélago con un área aproximada de 8 kilómetros cuadrados, que se encuentra en el noroeste del mar Caribe, a unos 250 kilómetros de tierra firme de Honduras y a 500 de Tegucigalpa, la capital del país. Son tres islas y no tienen ningún sistema regular de comunicaciones entre la isla y el continente.

El complejo carcelario tendrá capacidad para unas 2.000 personas y estará tan aislado que las comunicaciones sólo podrán hacerse vía satélite, explicaron las autoridades hondureñas a la agencia de noticias estadounidense AP.

“Es lo más lejos que pueden estar, para que estos líderes de pandillas sientan la presión una vez que estén en la isla. La idea es que pierdan el contacto con todo, el contacto con toda la sociedad y realmente puedan pagar por sus crímenes”, dijo el general José Jorge Fortín, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras.

En un país donde la pobreza crónica lleva décadas, superada la dictadura de Ríos Montt, la posible deriva de Castro de darle más poder a las Fuerzas Armadas se instala como un problema serio cuando la delincuencia creció por la desigualdad social, la falta de políticas de inclusión y la falta de medidas para limpiar el corrupto sistema de justicia.

“Tomé medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del Narcotráfico que opera impunemente”, escribió a mediados de junio la presidenta en una cadena de mensajes a la sociedad hondureña publicados en su perfil de Twitter.

El gobierno aún no dio detalles sobre la construcción de la prisión. “Iniciamos actividades para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y romper el ciclo con el crimen organizado”, dijo José Manuel Zelaya, secretario de Estado de Defensa Nacional. Una frase repetida sin tener en cuenta que el crimen organizado lleva medio siglo en América latina, atravesado por la comercialización de drogas que tienen como principal mercado de consumo el norte del continente.

Para amortiguar las críticas, Castro anunció a Naciones Unidas la creación de una comisión similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que funcionó entre 2006 y 2019 para hacer frente a los crímenes del terrorismo de Estado, llevados a cabo principalmente por miembros de las Fuerzas Armadas en aquel país.

“Con respeto, informé a la Misión de expertos de Naciones Unidas que el convenio para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih) debe estar listo y firmado en los próximos meses. Personalmente hablaré con el secretario António Guterres. No podemos esperar más”, dijo Xiomara Castro.

(Con información de agencias)