Economía y Empresas > Referéndum contra la LUC
La regla fiscal que el gobierno defiende y la oposición rechaza
La regla fiscal ocupó el primer lugar en el capítulo sobre economía cuando el Poder Ejecutivo hizo público el contenido de la ley de Urgente Consideración (LUC) en 2020. La herramienta —a la que refieren seis artículos de esa norma— está pensada para controlar el crecimiento del gasto público ajustado por el ciclo económico, y es una de las apuestas centrales del gobierno de Lacalle Pou dentro de la nueva institucionalidad fiscal.
Sus tres pilares son el resultado fiscal estructural, la variación de la deuda neta y el tope para el crecimiento anual del gasto primario, es decir antes de intereses, para lo que se establecen metas cuantitativas que han sido cumplidas en los primeros dos años de vigencia.
En el gobierno la definen como una reforma estructural que pretende dotar de sostenibilidad a las finanzas públicas. También se sostiene que la regla permite “incrementar el gasto en políticas sociales en situaciones extraordinarias, sin necesidad de recurrir a un aumento de impuestos o a un exceso de endeudamiento que comprometa a las finanzas públicas en el futuro”, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
Al igual que en otros temas de la LUC, también ha sido punto de diferencias marcadas entre el gobierno de la coalición multicolor y la oposición del Frente Amplio (FA).
En varias ocasiones la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, mencionó que la regla “no es un instrumento mágico, pero sí una buena señal” de disciplina que “ha estado ausente” en administraciones anteriores del FA cuando se registró un fuerte deterioro de las cuentas públicas. La funcionaria de gobierno también ha señalado que la regla fiscal es “flexible”, pero de “cumplimiento rígido”, con “compromiso político” para mejorar los resultados de las finanzas públicas.
Antes que se aprobara la regla fiscal había una ley de tope de endeudamiento —vigente desde 2006— que a juicio de la ministra “no operó” como una restricción fiscal, en la medida que el Parlamento aprobó nuevos topes de aumento de deuda en varias ocasiones utilizando la mayoría que tenía el FA, según dijo durante una de sus presentaciones en el Parlamento.
2,1% es la tasa anual de crecimiento de la economía a largo plazo estimada para el período 2021-2030, según el Comité de Expertos creado por ley en el marco de la nueva institucionalidad fiscal.
En la oposición uno de los más críticos con el tema ha sido el senador Mario Bergara. El exministro de Economía, ha realizado observaciones tales como que las metas son “indicativas” y “no hay consecuencias de incumplimiento”.
“Puedo interpretarlo como la necesidad de plantear una señal. Pero es una meta indicativa, no es la definición de una meta sobre la cual después exista algún tipo de consecuencia. Desde ahí empezamos a sospechar que esto, realmente, no es una regla fiscal”, afirmó en mayo de 2020 durante una Comisión Especial del Senado.
En 2021 la regla fiscal se cumplió en sus tres pilares. El resultado estructural incluido en la Rendición de Cuentas era un déficit de 3,2% del PIB y finalmente fue de 2,6%. El techo de crecimiento de gastos primarios era de 2,3% y finalmente fue de 1,7%. Y el tope de endeudamiento que era de
US$ 2.990 millones se ubicó al final del año en US$ 2.563 millones. En este caso, las autoridades hicieron uso con el aval del Parlamento de la cláusula de salvaguarda que habilita un aumento de endeudamiento de 30% en situaciones extraordinarias, como la pandemia , y que finalmente se utilizó parcialmente
“Por segundo año consecutivo cumplimos los tres objetivos fiscales que nos habíamos trazado reafirmando la credibilidad en materia fiscal”, afirmo Arbeleche en febrero pasado cuando defendió e rumbo económico del gobierno.
En el FA se visualiza a la regla fiscal como un instrumento de “recorte” que es “base” y “fundamento” del ajuste fiscal, y que se considera, se ha propuesto para el actual período de gobierno. Para el senador Daniel Olesker, la regla “limita” y “reduce el rol de la inversión pública social bajo el argumento de alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas”.
“Toda la política pública es víctima del ajuste fiscal y este es el resultado de la aplicación de la regla fiscal”, escribió Olesker en una columna publicada tiempo atrás por el Partido Socialista.
Además, se considera que la ley de endeudamiento ya opera como regla fiscal. Mediante ese mecanismo, el Parlamento le pone un límite a la capacidad del gobierno para financiar un déficit fiscal —tanto a través del endeudamiento, el uso de reservas o la emisión monetaria—, aunque luego tiene una amplia flexibilidad para aprobar desvíos.
Por su parte, desde el PIT-CNT se ha cuestionado el “sobrecumplimiento” de las metas por parte del gobierno. Un informe del Instituto Cuesta Duarte, señaló que en 2021 se produjo una reducción del gasto del Estado cuya principal fuente fue la disminución de los recursos destinados a las remuneraciones de los funcionarios públicos.
A eso se sumó una reducción del poder de compra de jubilaciones y pensiones “incluso las más deprimidas”, lo que contribuyó a menores erogaciones hacia esos rubros, según el PIT-CNT. “El ahorro también se explica por el recorte verificado en las partidas destinadas a rubros sensibles desde el punto de vista social, como son la educación y la vivienda, cuestionó ese informe.
