La violencia narcocriminal marca un récord de homicidios en Costa Rica

Costa Rica no tiene Fuerzas Armadas y es sede de numerosos organismos internacionales por su tradición de respeto a los derechos humanos y a ser un país de fuertes ingresos debido al turismo tantos por sus bellezas naturales, por el trato de sus habitantes y por la relativa paz en que históricamente tuvo la vida cotidiana. La frase más habitual que suele escucharse de sus pobladores es “Pura vida”.

La crisis de inseguridad no es algo nuevo en este país de algo más de 5.000.000 de habitantes, costas en el Pacífico y el Atlántico así como inmensos bosques cordilleranos. Una combinación de factores atractivos para las bandas de delitos complejos centradas en la exportación de drogas ilegales con destino especialmente a los Estados Unidos.

Los hechos violentos crecieron en los últimos cinco años, con un aumento notable en 2022, luego superado en 2023, cuando la cifra de homicidios alcanzó 907, con una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes.

Según el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del país, esa cifra significó un aumento del 38,6% respecto de los homicidios registrados en 2022, que fueron 654, cuando la tasa fue de 12,5 por cada 100.000 habitantes. Las autoridades judiciales atribuyen a la lucha entre bandas al menos dos tercios de los homicidios.

Para el gobierno progresista de Rodrigo Chaves esto impuso una agenda de reformas legales de seguridad ciudadana y también de los controles sobre el lavado de activos.

En los primeros meses de 2024 hay un debate sobre invertir más en seguridad o en partidas presupuestarias para los sectores más carenciados.

En ese contexto, la Asamblea Legislativa dominada por partidos de oposición avanza con una lista de reformas que apuntan a medidas restrictivas para el otorgamiento de las prisiones preventivas así como de restringir las libertades condicionales o domiciliarias. El gobierno plantea también disminuir la edad para los delitos penales vinculados con los crímenes del narcotráfico así como otorgar la extradición de extranjeros sospechosos de narcotráfico.

Pero las medidas propuestas por Chaves no convencen a sectores de la oposición que miran el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, a quien el propio Chaves considera un referente en materia de seguridad, pero que lo ve en contradicción con la tradición garantista de Costa Rica.

La preocupación va más allá de la imagen pacifista del país y el riesgo de que se revierta el aumento de turistas e inversionistas. Asociaciones de empresarios del turismo y exportadores de productos tradicionales, como café y banano, pero también de la dinámica industria de la tecnología, pusieron el ojo en la apreciación de  la moneda local, el colón, ante el inusual aumento del ingreso de dólares registrados en los últimos dos años.

El valor local del dólar ha caído un 25% en 18 meses y golpea a los productores cuyos ingresos son en la divisa estadounidense. En febrero, una compañía exportadora de bananas despidió a un centenar de trabajadores con el argumento de la insostenibilidad del tipo de cambio.

En materia de violencia urbana, se registran delitos típicos de las bandas narco que disputan territorios. Tres estudiantes de una escuela en el municipio Siquirres, en la región Caribe de Costa Rica, fueron hospitalizados esta semana tras los disparos realizados con una pistola 9 milímetros que un sicario usó para matar a un supuesto rival.

Según las cifras oficiales, la cifra de muertes violentas registradas en los primeros 50 días de 2024 es similar a las de los primeros 50 días de 2023, que con 907 asesinatos fue el año más sangriento en la historia costarricense.

En enero, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, admitía que las organizaciones criminales locales asociadas a bandas extranjeras generan una fuerza que “rebasa el modelo policial vigente, la administración de Justicia y las leyes”.

En un pueblo turístico llamado Herradura, en la provincia Puntarenas, la de mayor crecimiento de homicidios en lo que va de 2024, la policía reportó la extracción de los cuerpos descompuestos de cuatro personas de un tanque de agua en una finca privada.

“La acción violenta de este tipo de grupos ya no se circunscribe a la lucha entre bandas, también se da paso a un enfrentamiento contra las fuerzas de orden público”, lamentaba el ministro Zamora.

(Con información de agencias)