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Lacalle anunció que Uruguay solicitará adherir al Acuerdo Transpacífico

El presidente Luis Lacalle Pou comunicó la decisión y dijo que consultará a los partidos de la coalición multicolor y de la oposición

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26 de julio de 2022 a las 14:46

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que Uruguay solicitará el ingreso al Acuerdo Transpacífico (TPP), el tratado de libre comercio entre once países de la cuenca del Pacífico.

Uruguay va a pedir la adhesión. Es una decisión que tienen que analizar los países miembros y veremos cómo lo negociamos”, dijo el mandatario en rueda de prensa luego de su participación en el Día del Exportador.

Lacalle Pou también indicó que se consultará a los partidos que conforman la coalición de gobierno y a los de la oposición para ver “si hay un acuerdo básico” al respecto.

Tal como informó El Observador en febrero, Uruguay está desde hace meses realizando gestiones para ingresar formalmente en este acuerdo. 

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica fue firmado en Auckland, Nueva Zelanda, en febrero de 2016, por doce países del Pacífico. Estados Unidos, uno de ellos, se retiró en 2017 bajo el gobierno de Donald Trump. Los actuales miembros son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. 

Las condiciones de ingreso y las dificultades para Uruguay 

En setiembre de 2021, luego de que el presidente Luis Lacalle Pou anunciara el inicio de negociaciones con China para un estudio de factibilidad conjunto, el Partido Colorado había reclamado la consideración del ingreso al TPP-11, algo que Lacalle definió como una "muy buena idea". 

“Es una muy buena idea porque adherir a un tratado es mucho más simple. Seguramente esté en la mesa”, afirmó el mandatario a mediados de setiembre, aunque advirtió que “el que mucho abarca, poco aprieta”.

Para ese entonces, según contaron a El Observador fuentes del gobierno, desde la Cancillería ya se había avanzado en los primeros sondeos con autoridades de los países firmantes del TPP. Una de esas conversaciones se dieron con el embajador de Japón –país que en 2021 tuvo la presidencia rotativa– y tanto el canciller Francisco Bustillo como la vicecanciller Carolina Ache han trabajado en el acercamiento con los integrantes del tratado. 

Según explicaron fuentes diplomáticas en ese entonces, el procedimiento para solicitar el ingreso supone en primera instancia mantener conversaciones con el país que lo preside, también con cada uno de los socios por separado, y luego con todos los miembros en conjunto. Para que se constituya un grupo de trabajo que negocie los términos y condiciones de la adhesión, "todas las partes" deben haber acordado el establecimiento de ese grupo o al menos no oponerse por escrito. Lo mismo se exige, en una etapa posterior, a la hora de aprobar esos términos y condiciones. 

De todas formas, más allá de los pasos burocráticos y las arduas negociaciones que se exigen para el ingreso –y pese a las oportunidades que en el gobierno creen que podría implicar una adhesión al tratado–, las autoridades advierten que algunas exigencias del TPP complican las perspectivas de ingreso por parte de Uruguay, al menos en el corto plazo. 

Entre esas exigencias mencionadas por integrantes del gobierno aparecen por ejemplo las que atañen a las empresas públicas. Si bien el acuerdo no prohibe a rajatabla los subsidios a las empresas estatales, en el capítulo 17 las partes sí se comprometen a no perjudicar a empresas de países socios, desplazándolas de los mercados internacionales mediante el uso de subsidios.

En otras palabras, el tratado protege a las partes contra el uso de subsidios que puedan afectar los precios de los bienes o servicios en competencia internacional. 

También se incluyen disposiciones específicas respecto a los monopolios estatales. Por ejemplo, los países firmantes se comprometen a que sus monopolios "no utilicen su posición monopólica, ya sea directa o indirectamente, incluso a través de sus transacciones con su matriz, subsidiarias u otras entidades propiedad de la Parte o del monopolio designado, para incurrir en prácticas anticompetitivas en un mercado no monopolizado en su territorio que afecten negativamente el comercio o la inversión entre las Partes".

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