Lacalle Pou confía en su olfato y cree que la reforma jubilatoria es una "oportunidad política"

Si hasta no hace mucho tiempo Lacalle Pou sentía que estaba en la obligación de mandar al Parlamento una iniciativa de ese tipo porque lo urgía la promesa que había hecho durante la campaña electoral y la insostenibilidad del sistema, ahora cree que hay elementos para ser más optimista. En ese sentido, en el gobierno consideran –y también así lo quieren hacer sentir– que están dadas las condiciones para que el cambio en el régimen de jubilaciones no provoque ningún costo político y, más aún, resulte beneficioso cuando llegue el momento de que la gente le pase raya final a la gestión de la coalición multicolor.

El optimismo no se basa solo en olfato, sino también en algunos números como los de la reciente encuesta de Equipos Consultores, en la que 72% de los consultados dijo que el sistema previsional debe ser modificado y un 61% avaló el incremento de 60 a 65 años de la edad para jubilarse –tal como propone el anteproyecto del gobierno–. En la reunión del lunes estuvieron presentes el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, la vicepresidenta Beatriz Argimón, los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Javier García (Defensa), y los senadores Gustavo Penadés, Carlos Camy y Jorge Gandini.

Luego de haber entregado el anteproyecto de reforma a los líderes de los socios de la coalición y al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, Lacalle quería saber qué opinaban sus correligionarios sobre la propuesta. Sus invitados en la casona del Prado le transmitieron que estaban dispuestos a avanzar con el proyecto en el ámbito legislativo. Participantes de la reunión señalaron a El Observador que las visiones transmitidas por los dirigentes blancos fueron mayormente afines a la idea de la oportunidad política planteada por el mandatario.

Poco a poco, el nacionalismo empezó a alinearse con el empecinamiento del presidente y algunos referentes parlamentarios como Gustavo Penadés (Herrerismo) y Jorge Gandini (Por la Patria), que en un principio habían planteado enfáticamente que la reforma no podía salir sin el respaldo del Frente Amplio, en los últimos días han matizado esa postura, y han señalado que el rechazo a la iniciativa es lo que debería conllevar un costo.

“Si planteamos bien la reforma, el costo político lo va a tener quien revele una actitud oportunista y no se sume a hacer los cambios. Ese va a ser el gran costo político que alguien va a pagar”, dijo Gandini entrevistado por Búsqueda. “Si el FA no lo acompaña, avanzaríamos igual. La posición más incómoda la va a tener quien tenga que explicar que no está de acuerdo”, aportó Penadés en Desayunos Informales (Canal 12).

Lacalle Pou tiene la expectativa de que la propuesta de reforma entre en el Parlamento en el venidero mes de setiembre para que sea aprobada antes de fin de año. Basado en los números de las encuestas pero también en el olfato político que muchas veces le fue propicio, el presidente espera que la sociedad premie a quienes se aventuren en tan arduo asunto.