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Lacalle Pou recibió investigación sobre Toma y define su futuro
El presidente Luis Lacalle Pou recibió, este lunes, las conclusiones de la investigación administrativa iniciada contra el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, por las misiones oficiales que realizó a Roma (Italia) y Washington (Estados Unidos) en 2019 y 2020, junto con una contadora del gobierno que lo acompañó sin una debida justificación.
Ahora, según dijeron a El Observador fuentes de Presidencia, será el mandatario quien decidirá si se inicia o no un sumario contra Toma, tomando como base lo elevado por el instructor de la investigación, el subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez.
Antes de decidir, Lacalle Pou esperará a que Toma sea notificado formalmente del final de la investigación.
En una rueda de prensa realizada el 21 de setiembre, Sánchez había explicado que el procedimiento iniciado contra Toma era el habitual para "todos los funcionarios de la administración pública a los efectos de esclarecer algunos hechos que pueden tener alguna irregularidad en la gestión pública". Sánchez también explicó que si Lacalle Pou decide el inicio de un sumario, y si este segundo proceso culmina en la destitución de Toma –que actualmente es fiscal de gobierno y no fue apartado del cargo–, se requerirá la venia del Senado.
En paralelo a este proceso, el fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, también analizará si Toma no incurrió en algún delito contra la administración pública –como el abuso de funciones o conjunción de interés personal y público– al haber viajado en julio y diciembre del año pasado a Italia con Giuliana Pérez Muñiz, funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
Toma también viajó en cuatro instancias a Washington junto con Pérez –entre setiembre de 2019 y febrero de este año–, para participar en distintas instancias del juicio que Aratirí realizó al Estado uruguayo, y que la compañía internacional perdió.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), por su parte, reabrió la investigación que había sido archivada por las autoridades anteriores, y espera que Presidencia envíe más documentación en los próximos días para tomar una resolución, señalaron fuentes del organismo.
El periplo en la Jutep y la versión de Toma
La decisión de archivo de la Jutep, tomada el 9 de enero, fue resuelta por los integrantes del directorio Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez, en ausencia de quien en ese momento era el presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, que se encontraba de licencia. Sin embargo, el 22 de ese mes, cuando Gil Iribarne tomó nota de la resolución, dejó de manifiesto en las actas: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”.
En los descargos que hizo Toma ante la Jutep, estableció que el equipo que viajó a Italia, y que tenía el rol de asumir "la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana", había estado integrado por un escribano que ofició "como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas" y por Pérez, quien se desempeñó "como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales". Además, dijo que la contadora aportó ideas durante el litigio internacional, y que además tenía la tarea de investigar "la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor".
En respuesta, el extitular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, dijo al semanario Búsqueda que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”, y agregó que Pérez "integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia", lo cual fue comunicado a la Senaclaft "una vez que la designación había sido aprobada”.
En la indagatoria declararon Toma, Pérez, Espinosa, entre otros.
