E líder blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) y sus asesores están preparando un paquete de medidas de seguridad en el que, entre otras cosas, propone dejar en manos de militares las guardias estáticas de los edificios públicos, el control de fronteras y la lucha contra el abigeato. De esta forma, Larrañaga quiere liberar a los policías que cumplen esas tareas para que salgan a patrullar las calles.
Más específicamente con el plan de sustitución de la “policía estacionaria” - aquella que custodia embajadas, edificios consulares, e incluso edificios públicos con excepción de centros de estudios- a cambio de efectivos militares, Larrañaga y su equipo estiman que se podría ampliar en al menos un 10% la plantilla de policias “de calle” en Montevideo.
El senador también pretende que se ponga en práctica la ley que profundiza las tareas de las Fuerzas Armadas en la cárceles del país. Esa norma expandía el radio de acción de los soldados al control del ingreso de personas.
Personal de las Fuerzas Armadas ya cumple tareas del contralor perimetral de los centros de reclusión. Esta ley fue aprobada en diciembre de 2011 y luego se votó una prórroga pero nunca llegó a ser aplicada.
Otra medida que integra el paquete de seguridad de Larrañaga consiste en ampliar la integración de la Guardia Repúblicana llevándola a 3.500 efectivos, triplicando la actual integración,haciéndola efectivamente nacional.
Asimismo, el precandidato presidencial blanco insistirá con la creación de una guardia civil militarizada –similar a la de los Carabineros en Chile– proyecto en el que trabajaron el senador Carlos Moreira, el exministro del Interior Juan Andrés Ramírez y el exministro de Salud Carlos Delpiazzo. La propuesta fue motivo de diferencias entre los blancos ya que el herrerista Luis Alberto Lacalle había mostrado su desacuerdo.
Por otra parte, Larrañaga pondrá el énfasis en desterrar el concepto de “zonas rojas” que, entiende, dan la idea que en el país existen áreas liberadas para la delincuencia
Además, desde Alianza Nacional se propone endurecer la penas a los reincidentes complementado esas medidad con políticas de rehabilitación para los delincuentes primarios. Más allá de estas medidas que ponen el énfasis en aspectos represivos, Larrañaga no olvidará su prédica contra la baja de la edad de imputabilidad. “Esta medida agrava el problema, es de mála técnica constituyente y deja la libertad de los individuos al arbitrio de los jueces”, ha dicho el parlamentario sobre el asunto.
