Nacional > Actas de Gilberto Vázquez

Las contradicciones entre Tabaré Vázquez y la exdirectora de Jurídica de Defensa por actas del Tribunal de Honor

El expresidente aseguró que recibió el expediente "sin las actas"; la exjerarca dice que se elevó completo

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29 de octubre de 2020 a las 05:03

La confesión de Gilberto Vázquez de que el Ejército ejecutó prisioneros, torturó y operó en Argentina para capturar uruguayos que fueron trasladados en “vuelos” a Uruguay realizadas en un Tribunal de Honor en el año 2006, continúan dividiendo al oficialismo y a la oposición, que buscan determinar responsabilidades en la omisión de denunciarlas ante la Justicia.

Este miércoles, los senadores de la Comisión Especial de Derechos Humanos recibieron un testimonio clave para intentar clarificar el caso, ya que obtuvieron la respuesta del entonces presidente, Tabaré Vázquez.

El exmandatario envió un correo electrónico a los legisladores con 41 respuestas a distintas preguntas que le habían realizado, pero que tienen como punto central determinar si tuvo acceso al expediente completo antes de homologar el fallo y los motivos por los que ningún jerarca reparó en lo novedosas que eran las declaraciones que el militar retirado había realizado ante sus camaradas.

Las respuestas de Tabaré Vázquez entran en contradicción con lo que expresó semanas atrás Sylvia Usher, la exdirectora de Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional, aunque los legisladores no prevén volver a consultarlo.

Vázquez y la ministra, Azucena Berrutti, homologaron la actuación del tribunal, que concluyó que el represor había cometido una “falta gravísima” y violado el honor de la fuerza por fugarse del hospital Militar y ser detenido llevando una peluca de mujer, pero no hizo mención a las violaciones a los derechos humanos confesadas.

En su respuesta, el expresidente contó que Berrutti le llevó el expediente en mano “sin las actas” a su oficina de la Residencia de Suárez y Reyes, junto a un proyecto de resolución y dos informes jurídicos que recomendaban homologar el fallo. Al ser “sin acuerdo” –como se le denomina a los trámites administrativos entre ministerios y Presidencia–, el expediente no ingresó ni fue analizado por Presidencia de la República, algo que coincide con lo expresado ante el Parlamento por el exsecretario, Gonzalo Fernández. Según Vázquez esto se debió a que había gran conmoción mediática por el caso y urgencia por emitir la máxima sanción al militar.

El exmandatario aseguró que firmó el documento luego de escuchar el informe de Berrutti y leer una parte del expediente compuesta por treinta páginas. Su respuesta no coincide con lo que dijo Sylvia Usher, quien señaló que “todas las actuaciones fueron a Presidencia” y que “ningún funcionario de la Asesoría Letrada, guardó, escondió, demoró o archivó, todo o parte, del Tribunal de Honor del coronel reformado Gilberto Vázquez”.

El expediente que recibió Vázquez incluye el informe de la abogada de Defensa, Nelly Mendez, que, en el punto 27, da cuenta de que los generales habían detenido las actuaciones por el artículo 77 (presunción de un delito) y que habían continuado tras el aval del encargado de despacho del comandante en jefe del Ejército, Manuel Saavedra.

El expresidente justificó que al “no tener a la vista las actuaciones del Tribunal” no pudo saber la razón por las que se suspendió durante un día y señaló que en “tono burocrático” solo se hizo mención al artículo 77 del reglamento de los Tribunales de Honor” sin aludir a su contenido.

De todos modos, Vázquez reconoció que “pueden haber existido, como en todo organismo, inercias y/o costumbres burocráticas que impregnan el tracto del procedimiento” pero deslindó su responsabilidad acerca de las omisiones.

“La omisión está en esa práctica burocrática, al parecer de vieja data, de no incorporar las actuaciones del Tribunal de Honor al expediente administrativo de homologación, manteniéndolas bajo reserva –práctica que luego fuera revertida– y no poner en conocimiento directo de la Sra. Ministra de Defensa Nacional el tenor de las declaraciones del involucrado, prestadas ante el Tribunal”, manifestó.

Esta declaración también se contradice con lo que dijo Usher, ya que la exdirectora manifestó que “el Poder Ejecutivo tiene que hacerse una convicción y esa convicción es de acuerdo con su conciencia personal. Como es un órgano que tiene soportes físicos, que son las personas, es la convicción personal del ministro de turno que podrá estar o no de acuerdo con el presidente y verán cómo lo resuelven. Pero es inevitable que el Poder Ejecutivo lea el Tribunal de Honor”.

El expresidente estimó que Usher “no informó con precisión” a Berrutti “sobre el tenor de las declaraciones”, ni tampoco le aportó “las actuaciones del Tribunal de Honor que quedaron “en un sobre separado, rotulado como reservado, al parecer, en el ámbito de la Asesoría Letrada”.

Más allá de los dichos de ambos, en ningún momento del expediente se menciona si lo que se elevó era completo o parcial.

Recién después de que el fallo fue homologado, cuando volvía a Defensa para archivarse, el jefe de la Secretaría Central, Fausto Rossello, dejó constancia de que el expediente que le estaban entregando “no contenía” las actuaciones.

A los pocos días, el funcionario volvió a enviar una comunicación a la Dirección General de Secretaría en la que informó que había recibido las actuaciones por lo que el expediente podía ser archivado.

Las declaraciones permanecieron ocultas en la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, hasta este 2020.

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