6 de enero de 2013 15:45 hs

El tendal que dejó Pluna está vegetando y nadie se hace cargo. El agujero con deudas de la exaerolínea de bandera, cerrada el cinco de julio por insolvencia financiera, crece calladito en los entretelones de la salida que el gobierno comienza a diseñar con el sindicato de ex trabajadores para construir una nueva compañía.
Parte de esas deudas las traga el Estado, ya que son con la petrolera ANCAP y el Banco de la República (BROU). Las otras, en cambio, son con pasajeros que se quedaron con el boleto en la mano y no pudieron viajar en vacaciones de julio por el cierre de la empresa, con proveedores y otras instituciones.

Si se excluye la deuda que mantiene el Estado con el Scotiabank, que supera los US$ 140 millones por los siete aviones Bombardier, el pasivo por otros conceptos supera los US$ 131 millones, según se desprende del último informe contable de Pluna, cerrado al 31 de marzo de 2012 y entregado a la Justicia concursal, al que accedió El Observador.
Presentado el plan de negocios del sindicato de extrabajadores y aprobada la ley que habilita al fideicomiso que administra los bienes de Pluna a vender o arrendar los siete Bombardier, teniendo como prioridad durante seis meses al proyecto del gremio, comenzarán las negociaciones para establecer las condiciones de funcionamiento de la nueva empresa y posibles subsidios o contribuciones públicas.

Según pudo saber El Observador, los encuentros serán después del 16 de enero entre delegados del sindicato, Presidencia y los ministerios de Economía y Transporte. Una fuente oficial confirmó que los pasivos de Pluna Sociedad Anónima quedarán por fuera de las negociaciones, y el gremio, por lo tanto, no deberá pagar lo que se debe a ANCAP ni al resto de los que quedaron sin cobrar.

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El gremio quiere estar liberado de pagar durante los dos primeros años la cuota de alquiler de los siete Bombardier, lo que implica para el gobierno US$ 34,4 millones, cifra que surge de sumar las cuotas comprometidas en 2013 y 2014 con el Scotiabank. Se descuenta que tendrá subsidio en el combustible (ellos quieren pagar US$ 0,794 por litro).
El gobierno pretendía obtener US$ 45 millones a cambio de dar en uso las frecuencias que tenía Pluna para volar a destinos de la región, sobre todo el puente aéreo entre Carrasco y Aeroparque (Buenos Aires). De hecho, en la nueva ley de Pluna se establece para el caso de no avanzar el proyecto de los trabajadores, se negociará con privados y tendrá “especial” consideración en cuántos funcionarios contrata. También indica que valorará la “asunción de otros pasivos” de la compañía liquidada “asumidos o garantizados por el Estado”, en clara referencia a las deudas con el BROU y ANCAP. Pero a los trabajadores ser las dará en uso sin costo.

Sin esperanzas
El directorio de ANCAP resolvió pasar a pérdida la deuda de Pluna. Según explicó a El Observador el director Juan Amaro (Partido Colorado) el pasivo de la exaerolínea asciende a US$ 31 millones con multas y recargos. El ente –aseguró- no cuenta con el cobro de ese dinero, y por ello acordó retirarla de la consideración en la lista de morosos. Amaro puntualizó que no hubo resolución para ello, pero políticamente se determinó olvidarse de Pluna. “Está complicado para que ANCAP cobre, y menos ahora que se habla de subsidios en el combustible para las aerolíneas”, apuntó el director colorado.

El directorio de ANCAP resolvió el martes 18 de diciembre de 2012, en una sesión extraordinaria, separar del cargo a la gerente financiera del ente, María del Carmen Giraldez, por su responsabilidad en la recepción de cheques a 180 días de Pluna Sociedad Anónima, como forma de pago por suministro de combustible, lo que llevó a que se creara un pasivo de US$ 18,5 millones, cuando todavía administraba la aerolínea de bandera el socio privado Leadgate.

A la vez, según explicaron a El Observador fuentes oficiales, la jerarca estará suspendida durante 60 días, al igual que otros dos funcionarios. En tanto, la sanción más dura recayó sobre un funcionario que estaba encargado de recibir los cheques, que fue suspendido por 120 días. Giraldez no fue sancionada por participar directamente, sino por no tomar las precauciones para que ello no ocurriera. La resolución del directorio fue dividida, ya que los directores de la oposición pretendían que un experto en derecho administrativo, ajeno a ANCAP, diera su opinión sobre el caso. El asunto sigue en la Justicia, independientemente de lo resuelto por el directorio del ente.

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