Su primer gobierno avanzó en la búsqueda de desaparecidos mientras que el segundo lo muestra aislado, sin avances y aferrado al juicio en Roma
La llegada del Frente Amplio al poder significó un cambio en la política de búsqueda de restos de desaparecidos durante la dictadura y el juzgamiento a militares que violaron los derechos humanos en esa época.
Ya en su discurso de asunción, Tabaré Vázquez se comprometió a aplicar el artículo 4° de la ley de Caducidad y anunció la firma de convenios con Argentina para avanzar en las investigaciones. “Queremos saber qué pasó, si están o no enterrados allí; si están serán recuperados, serán identificados, sus restos serán entregados a sus familiares y si no están, tendremos que saber por qué no están y dónde están”, dijo el 1° de marzo de 2005.
Leonardo Carreño
Para lograrlo colocó en el Ministerio de Defensa a Azucena Berruti, una mujer de su extrema confianza, que fue caracterizada como “dura” para negociar con los militares.
Apenas ocho meses después del inicio de las excavaciones en los Batallones 13 y 14 y en chacras de Pando, se produjeron los primeros resultados: aparecieron los restos de Ubagésner Chaves Sosa y de Fernando Miranda. Los hallazgos alentaron a los militantes por los derechos humanos y la búsqueda continuó, aunque hasta ahora solo se encontraron otros dos restos: los de Ricardo Blanco Valiente y los del maestro Julio Castro.
En paralelo, Vázquez ordenó a los jerarcas de las Fuerzas Armadas recabar información acerca de la actuación de los uniformados en la dictadura, lo que generó molestia en filas castrenses, principalmente en la Armada y el Ejército, que entregaron documentos con datos que resultaron falsos. Los informes provocaron una pequeña crisis militar, encabezada por el subsecretario José Bayardi –hoy ministro de Defensa– que los acusó de mentir y señaló que solo la Fuerza Aérea había cumplido con el pedido presidencial. “El gobierno sabe que hay militares que mintieron (…) los que faltaron a la verdad deberían ser enjuiciados”, dijo y se pronunció a favor de derogar la Ley de Caducidad.
Leonardo Mainé
Además de iniciar las búsquedas, Vázquez ordenó la puesta en marcha de Domingo Arena, una cárcel especial únicamente destinada a los procesados con prisión por delitos en la dictadura. Ahí fueron a parar Gregorio “Goyo” Álvarez, José Arab, José Sande, Jorge “Pajarito” Silveira, Pedro Freitas, Ricardo Medina, Enrique Rivero y Ernesto Soca, entre otros.
El impulso del primer gobierno no se repetiría 10 años después. Las menciones en el discurso inicial desaparecerían y el Ministerio de Defensa sería uno de los principales dolores de cabeza para Vázquez.
Eleuterio Fernández Huidobro fue abucheado en la Plaza Independencia, luego que el mandatario hiciera oídos sordos a los pedidos de que no reasumiera en el cargo tras decir que si le permitían “torturar” capaz que podía conseguir información con los militares. Vázquez no solo lo mantuvo, sino que le permitió nombrar a Guido Manini Ríos como jefe del Ejército, una decisión que deterioraría su relación con las organizaciones de derechos humanos, que años después lo acusarían de dar información falsa sobre enterramientos clandestinos.
Leonardo Carreño
El general iría elevando su perfil hasta ser destituido en marzo de 2019 por criticar a la Justicia en el pedido de homologación de tres fallos del Tribunal de Honor.
Ante esos tribunales, Gavazzo había confesado que tiró el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro en 1973, una información que fue revelada por El Observador y provocó la destitución de seis generales y la salida de la cúpula del Ministerio de Defensa, en el medio de un cruce de responsabilidades con el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, acerca de quién debía enviar la información a la Justicia.
Presidencia tomó conocimiento en febrero, pero la denuncia fue presentada recién en abril, luego de publicada la información.
Toma es la persona en la que Vázquez deposita sus esperanzas de obtener un logro en materia de derechos humanos, ya que el abogado es el designado para encabezar el juicio en Roma en el marco del Plan Cóndor, en el que el gobierno espera que el capitán de navío, Jorge Tróccoli y el excanciller Juan Carlos Blanco, sean condenados a cadena perpetua por su participación en el “segundo vuelo”.
Camilo dos Santos
En tanto, cuatro años después, el grupo “Verdad y Justicia” cuyo cometido esencial era la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la dictadura, está prácticamente desmantelado y sus avances son nulos.
Solo tres de los siete integrantes siguen trabajando: Felipe Michelini, Pedro Sclofsky y Macarena Gelman aunque la diputada participa “esporádicamente”.