Las "herramientas para la policía" y el debate sobre el gatillo fácil

Los defensores del No responden que la LUC dio más herramientas para trabajar a la policía y más respaldo de la jerarquía, que la gente se siente más segura, que el policía que se extralimita en sus funciones es castigado, que los excesos ocurrieron más en los gobiernos del Frente Amplio, y que los delitos bajaron más allá de la pandemia puesto que la movilidad se restableció hace rato.

De los 111 artículos sobre seguridad, se pretenden derogar 33 y de estos 18 están vinculados directamente a la actuación policial. 

Los excesos de la policía promovidos por la LUC fueron el hilo conductor de la campaña de la izquierda.  En los últimos días el FA presentó un listado con 50 denuncias concretas de abuso policial, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respondió que él tenía contadas 136. Además aseguró que “hay menos” casos de abuso policial en esta administración con respecto a la pasada en base a los datos del Observatorio de Criminalidad que indican que en 2019 hubo 152 casos de abusos policiales, en 2020 158 y en 2021 134. “O sea, si decían que había abuso policial por la LUC no es cierto”, agregó Heber. Los artículos cuestionados crean delitos como la resistencia al arresto (artículo 4 de la LUC), o el agravio a la autoridad policial (artículo 11). También le dan el aval para registrar personas y sus pertenencias “cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta objetos”, y poder interrogar al indagado para “constatar su identidad y realizar averiguaciones”. 

En el afán de dar más herramientas, la ley también dedica un capítulo a modificar disposiciones del Código de Procedimiento Policial, que para los promotores del referéndum son innecesarios y peligrosos. Entre esos cambios figuran la ampliación de 2 a 4 horas del plazo para comunicarle al fiscal una detención o un procedimiento; la oportunidad del uso de la fuerza cuando se ejerza violencia contra el personal policial o terceras personas, cuando se oponga resistencia a un allanamiento,  cuando sea necesario disolver reuniones o manifestaciones que perturben gravemente el orden público, o que no sean pacíficas;  el deber de identificarse cuando la policía lo pida; y la posibilidad de ser conducido a dependencias policiales si existen “indicios fundados” de que se ha cometido un delito o se quiso entorpecer una investigación policial.

Un punto señalado por la campaña del Sí por habilitar el gatillo fácil y los excesos es la presunción de legitima defensa del policía (artículo 49) que presume - salvo prueba en contrario- que actuó en el ejercicio de sus funciones. Desde el gobierno aclaran que no se le da un cheque en blanco a la policía sino que se propone que  se lo considere en una categoría diferente por su función, y luego se pruebe si se dan los elementos necesarios de la legítima defensa.

También se permite el porte de armas a policías retirados, si no tiene antecedentes penales, lo que es señalado como “peligroso” por los impulsores del Sí quienes señalan que la seguridad pública es un cometido esencial del estado que debe cumplir personal activo. 

Mientras tanto, el sindicato policial, impedido de pronunciarse sobre temas políticos, ha señalado que desde que entró en vigencia la ley “se han cortado algunos insultos y pedradas contra policías”, según dijo el secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Fabricio Ríos. l