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Las leyes aprobadas por el FA que el gobierno entrante va a revisar
El presidente Luis Lacalle Pou fue crítico con algunas leyes impulsadas por el Frente Amplio en los últimos cinco años. En sus discursos de campaña, afirmó que podrían ser revisadas en un eventual gobierno del Partido Nacional. Esas modificaciones fueron parte del programa de gobierno e incluso algunas de ellas son compartidas por el resto de los partidos que conforman la coalición multicolor, y se incluyeron en el anteproyecto de ley de urgente consideración.
Ley de medios
El gobierno electo anunció que modificaría la ley de servicios de comunicación audiovisual, más conocida como ley de medios, que se aprobó en 2014 y fue reglamentada en 2017.
En julio del año pasado Silvana Olivera, directora de la Unidad de Servicios de Comunicación (Ursec) por el Partido Nacional y asesora en esta materia de Lacalle Pou sostuvo que “hay que modificarla”, porque “restringe la libertad de expresión”.
En esta línea, Olivera contó en Informativo Carve que se proponía una nueva ley de telecomunicaciones “que se adapte a las nuevas tecnologías de este siglo, que incluya una normativa moderna y promueva la libre competencia en el sector”.
Si bien durante la campaña dirigentes del Partido Nacional mencionaron la posibilidad de derogar toda la ley, el borrador de la ley de urgente consideración únicamente dispone algunas modificaciones que afectan a ocho artículos o incisos que fueron declarados inconstitucionales.
En el capítulo que refiere a la adecuación de regularidad constitucional de la ley de medios, se deroga el artículo que limitaba la cantidad de suscriptores de los cables y el que impedía que los canales de televisión tengan licencias para dar servicios de internet, que se conoce como “propiedad cruzada”.
Se incluye entre las derogaciones, además, el inciso 2º del artículo 149, que establece que los servicios públicos tendrán preferencia sobre los privados a la hora de asignar “canales radioeléctricos, ubicación de estaciones y otras infraestructuras necesarias para prestar el servicio”. Otro inciso es el 5º del artículo 117, que obliga a las empresas operadoras de cable a incluir a Televisión Nacional en su paquete de canales.
Alcohol cero
En un acto de la Lista 71 del Partido Nacional en noviembre de 2018, Lacalle Pou afirmó que, de llegar al gobierno, la tolerancia de alcohol para manejar aumentaría de 0% a 0,3% por litro de sangre.
El motivo para modificar la disposición, que fue aprobada por ley en 2015, es comercial. Lacalle Pou afirmó en ese entonces que las bodegas de Montevideo y Canelones “han sufrido un embate enorme de los vinos importados”. “Esas cosas de alguna manera conspiran con esa producción. Nosotros vamos a impulsar que se vuelva al 0,3 para que se vuelva a poder tomar esa copita de vino”, afirmó.
Por eso, en el programa del partido se incluye como medida para frenar la crisis del sector vitivinícola, “restablecer el 0.3 como límite al alcohol permitido para conducir”.
Caja militar
Otra de las leyes que en la última legislatura se aprobó solo con los votos de representantes frenteamplistas fue la que introdujo cambios al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPM), también conocido como “caja militar”. La normativa reduce el personal subalterno y habilita a seguir trabajando a quienes cumpliendo la edad máxima para el ejercicio no hubieran computado los años requeridos para configurar causal obligatoria.
OUno de los que defendió revisar los cambios en la caja militar fue el senador nacionalista Jorge Larrañaga, que asumirá como ministro del Interior. “Si nos toca ser gobierno buscaremos la conjunción de fuerzas en el gobierno para revisar está ley”, dijo.
Etiquetado de alimentos
Para el gobierno no es una prioridad hoy ni está en la mesa de trabajo del Ministerio de Salud Pública (MSP) salir a controlar el nuevo etiquetado frontal de alimentos a los que se les haya agregado en sodio, grasa o azúcares en exceso, según supo El Observador.
La ley entrará en vigencia este domingo 1° de marzo y el control de la política pública de la ley impulsada por Tabaré Vázquez queda en manos del nuevo gobierno.
Las nuevas exigencias pueden impactar directamente en las ventas de las empresas, lo que puede afectar la recaudación y el empleo, dos de las prioridades fundamentales que tiene por delante atender el gobierno electo.
Autoridades entrantes expresaron a empresarios, que, en caso de ser así, el tema será analizado particularmente.
El subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), José Luis Satdjian, dijo en Desayunos Informales que el etiquetado se va a fiscalizar en la medida que se pueda porque la división de fiscalización del MSP tiene 17 inspectores para todo el país y “no dan abasto”.
