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Las nuevas técnicas de la DGI para detectar evasores

El fisco cuenta cada vez con más herramientas para seguir y analizar la conducta de los contribuyentes

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15 de octubre de 2017 a las 05:00

El volumen de información que maneja la Dirección General Impositiva (DGI) creció de forma exponencial en la última década. Optimizar la explotación de esos datos para la toma de decisiones es hoy su principal desafío.

Las últimas mediciones sobre evasión de impuestos que posee el fisco datan de 2014 y muestran que en el caso del IVA era de 10,5% de la recaudación potencial y de 40% en el caso del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).

Para el director general de Rentas, Joaquín Serra, la reducción de la evasión fiscal en los últimos años va de la mano con una mayor formalización de la actividad, el ciclo favorable de la economía y el fortalecimiento de las herramientas de gestión para facilitar el cumplimiento y mejorar los controles. Aun cuando las tasas de evasión han bajado y están cercanas a niveles de los países de la OCDE, hay un núcleo duro que es difícil de combatir y que requiere de análisis cada vez más minucioso.

"Bajo sospecha"

En los próximos meses el organismo estará en condiciones de proyectar riesgos respecto a personas y empresas que han tenido conductas de incumplimiento con la DGI y que eventualmente pueden repetirlas.

La DGI evalúa el comportamiento fiscal de las empresas utilizando para ello calificaciones de riesgo, que se construyen con base en indicadores en distintas categorías, las que están asociadas a distintos momentos del contribuyente cuando se enfrenta a disyuntivas de cumplimiento.

La información de esas calificaciones de riesgo de las empresas se asocia a las personas físicas que están vinculadas con las mismas (socios, apoderados, administradores, escribanos, entre otros). De ese modo, para cada persona física se elabora una nota de riesgo que se basa en las calificaciones de las empresas con las que tiene algún tipo de vinculación.

Con esa base se construyen algoritmos de "contagio" que permiten elaborar escalafones de riesgo sobre las nuevas empresas (segunda generación) a las que están vinculadas estas personas.

"Hay personas que han tenido una conducta de incumplimiento a lo largo del tiempo y pasan a integrar o ser representantes de una nueva empresa. Muy posiblemente esa empresa va a ser tratada como empresa de riesgo", dijo Serra en diálogo con El Observador.

El nuevo modelo se terminará de ensayar este año y a partir de 2018 se incorporará a los controles. "La información que tenemos permite llegar a ese nivel de sofisticación en el análisis. Es el tipo de trabajo que hacemos para poder definir qué tratamientos damos y qué probabilidades va a tener (el contribuyente) de ser sujeto a un control extensivo o intensivo", añadió el jerarca.

Facturación desde la web

La implementación de la facturación electrónica (alcanzará al 100% de las empresas en 2019) es hoy una fuente clave que permite al fisco acceder a información en tiempo real. La DGI se propone dar un nuevo paso: facilitar la adhesión de los contribuyentes de menor escala. Para eso trabaja en el diseño de un software que funcionará a través de su página web y por el que las empresas podrán emitir sus tiques.

Georreferenciación

Una forma que tienen las empresas de ocultar la actividad y esconderse del fisco para evitar controles es mentir sobre el domicilio fiscal. La DGI incorporó en diciembre pasado un servicio de georreferenciación de los domicilios fiscales de los contribuyentes, con el objetivo de verificar la calidad de la información del Registro Único Tributario (RUT) y detectar posibles inconsistencias.

"Por ejemplo, no podría haber una industria en la zona costera o en el séptimo piso de un edificio. También sirve para ver la concentración de empresas por domicilio. Eso también puede ser un indicio de que se está simulando una situación que no es real", explicó Serra.

El jerarca informó que se trabaja para terminar de procesar la información recabada y en 2018 se gestionará la depuración y verificación de los domicilios. La georreferenciación también se utiliza para controlar en el mismo momento que una empresa se registra si el domicilio declarado es veraz y existe. La DGI utiliza los servicios del sistema de información geográfica del Mides y próximamente los que va a suministrar la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Aviso por carta

El envío de cartas a contribuyentes cuando se detectan inconsistencias es otra modalidad que utiliza el fisco. En ellas se señala, por ejemplo, la probabilidad de ser auditado por inspectores del organismo y la multa a pagar en el caso de que exista evasión. Según Serra, eso ha llevado a que más empresas se pongan al día de forma voluntaria. "La idea es industrializar el control. Tener mucha información, automatizar controles y disparar comunicaciones de este tipo con instrucciones muy claras sobre qué tiene que hacer el contribuyente para regularizar la situación", comentó el director de Rentas.

Cuentas bancarias

Desde el año próximo, las entidades financieras deberán proporcionar a la DGI información sobre los depósitos de personas y empresas. Con ello el fisco podrá conocer datos sobre saldos al cierre de año, promedios mensuales e intereses generados. Esto regirá para los depósitos superiores a US$ 50 mil y US$ 250 mil respectivamente, en el caso de cuentas a nombre de personas físicas y jurídicas residentes, y de más de US$ 1 millón y US$ 250 mil para no residentes. Esa información será un dato más que alimentará los modelos de análisis de riesgo y comportamiento fiscal de empresas y personas, al tiempo que será útil para controlar el pago de IRAE, IRPF e Impuesto al Patrimonio.

Por ejemplo, la DGI cruzará los datos de las personas físicas con los de las empresas de las cuales son titulares. De esta manera, podrá encontrar indicios de evasión, por ejemplo, en empresas que tributan muy poco pero donde el patrimonio de sus propietarios crece significativamente. La DGI comenzará a recibir información de los bancos locales en junio de 2018 y a partir de setiembre en los casos donde la información provenga de jurisdicciones extranjeras.

5,9% fue el crecimiento interanual de los ingresos de la DGI en el acumulado a setiembre. En nueve meses, la recaudación neta de impuestos sumó US$ 8.191 millones.

En las redes sociales

Otra herramienta que tiene la DGI como fuente de información para hacer los controles es el monitoreo periódico de las redes sociales y páginas de internet, lugares en donde habitualmente se venden productos y servicios. En 2016 se comenzó a probar un software que mediante un escaneo virtual genera una base de datos de los vendedores. Con ello se busca detectar a quienes hacen negocios en la informalidad, es decir sin emitir facturas.

Sin pin y verde

Aunque el comerciante es libre de trabajar con medios de pago electrónicos, la no aceptación de los mismos es percibida por la DGI como un indicio de riesgo fiscal, en comercios con ventas anuales de entre $ 5 millones y $ 25 millones. Se considera que para esos volúmenes de actividad no se puede plantear que el costo del POS sea impedimento para aceptar pagos con plásticos. Este es un elemento más de análisis que la DGI toma en cuenta cuando realiza trabajos de inteligencia fiscal.

La hora de declarar IRPF



Cazar dentro del zoológico

Una de las críticas que se realiza a la DGI es que los mayores controles se realizan sobre la base de información de empresas que ya están formalizadas, y se dedican pocos o nulos esfuerzos a identificar a los evasores que se mueven en la informalidad total. "La DGI caza dentro del zoológico", fue la frase que eligió el socio de un estudio de servicios profesionales para definir el trabajo que, entiende, realiza el fisco. Eso tiene una explicación, y es que las actividades que escapan al radar de Impositiva, como pueden ser por ejemplo las ferias vecinales, según citó, no tienen una significación económica relevante para el fisco, pero no dejan de ser competencia desleal.


¿Qué pasa con los derechos del contribuyente?

El tributarista de Innovation Tax & Trust, Fabián Birnbaum, destacó que en los últimos 10 años la DGI adquirió mayor profesionalización y eso ha sido "muy bueno para el país". Sin embargo, remarcó que la administración fue adquiriendo derechos a una velocidad mayor que los contribuyentes. "Sería sano que se aumenten los derechos a la misma velocidad", dijo a El Observador.

A modo de ejemplo, el experto explicó que los procesos de reclamo son "lentos y complicados", por lo que consideró de utilidad la creación de tribunales especializados en temas fiscales para agilizar los procesos. Un juicio contra el accionar de la DGI puede extenderse entre cuatro y cinco años desde el momento de la inspección hasta que la Justicia decide.

Para Serra, el sistema vigente "otorga garantías" a los contribuyentes", aunque aceptó que se podrían agilizar los tiempos.

Pese a la "imparcialidad, independencia y amplias posibilidades de aportar argumentación y pruebas" que brinda el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dijo Serra, el proceso judicial "podría ser modernizado" porque el vigente data de 1878 y establece "instancias procesales escritas, instancia única y una duración aproximada total de tres años", dijo a El País días atrás.

En cambio, para el catedrático de Derecho Tributario Aplicado en la Universidad ORT, Alberto Varela, la relación entre el fisco y el contribuyente está cada vez más "desbalanceada" a favor de la Impositiva.

"¿Qué tiene de malo tener una DGI fuerte? Nada. Está bárbaro. Lo que está mal es no haber creado al mismo tiempo un mecanismo de resolución de conflictos ágil y especializado en materia tributaria que les permita a los contribuyentes defenderse cuando los reclamos no se ajustan a derecho. Todos los países civilizados que en algún momento decidieron reforzar los poderes del fisco, en el mismo acto reforzaron las facultades de los contribuyentes", dijo Varela a El Observador.

14,6% creció la recaudación por impuestos a la renta entre enero y setiembre respecto a 2016, ajuste fiscal mediante. Por IRPF el fisco tuvo ingresos por US$ 1.614 millones, 25,9 % más que el año pasado.

En línea / Joaquín Serra

Desde que se aprobó la ley de Inclusión Financiera hay quienes señalan a la DGI como un Gran Hermano que tiene información en detalle sobre las transacciones de los consumidores, ¿a qué datos acceden?

Hay muchos mitos. Tenemos información relevante para poder hacer los controles, pero no tenemos el detalle del consumo de cada uruguayo. Eso no es así. No es necesario tener esa información para poder controlar eficazmente a los contribuyentes. Cuando una persona es consumidor final le dan un tique que no tiene ningún dato que permita identificar a la persona que está consumiendo, salvo que las compras superen cierto límite, pero ya estamos hablando de consumos muy elevados.

¿Y en ese caso?

Eso sí es información que consolidamos y que nos permite controlar personas con alta capacidad de consumo y verificar simplemente si paga el Impuesto al Patrimonio y el IRPF, porque es muy difícil tener altísimos patrones de consumo sin tener ingresos declarados. Eso sí lo controlamos. Pero no nos interesa saber si las personas consumen el producto A o el producto B. Lo otro que nos importa es cuando la empresa deja atrasados sus pagos. Por ese medio (inclusión financiera) podemos verificar objetivamente cuál es el nivel de ventas de una empresa y evaluarlo junto con su comportamiento tributario. Por eso muchas veces algún tipo de empresarios se resiste a utilizar estos medios de pago electrónicos, porque entienden que puede dejar ocultas una cantidad de ventas que aun siguen haciendo en negro. Pero también tenemos otras herramientas para detectar esas situaciones y reliquidarles las deudas.

90% es el porcentaje del total de inspecciones que tienen que durar menos de un año, según una meta de la DGI para 2017. Contribuyentes y asesores tributarios critican la duración de las actuaciones.

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