26 de enero de 2013 21:46 hs

En el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), que hace 20 años trabaja el tema de la rendición de cuentas y la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil, cayó muy mal la noticia de que la Secretaría Antilavado planea trabajar en una ley para “controlar el lavado (de activos) en las ONG”.

Según las responsables del ICD, las declaraciones del secretario nacional de Antilavado, Carlos Díaz, publicadas el domingo en el diario El País, “suenan a amenaza” y “tienden un manto de desconfianza sobre todas las organizaciones. Nos involucra a todas cuando no tenemos nada que ver. Que diga concretamente a qué organización se refiere, pero que no generalice porque es injusto y peligroso”, planteó a El Observador Anabel Cruz, una de las investigadoras del instituto.

En el ICD están de acuerdo con que haya una legislación “que regule”, que “habilite mayor participación” y que “distinga” unas organizaciones de otras. Actualmente todas caen en la bolsa de asociaciones civiles ante el Ministerio de Educación y Cultura. Allí, según informó El País, hay 17 mil organizaciones entre las que se incluyen gremios, colegios, universidades privadas, clubes deportivos, fundaciones, iglesias, y las más comúnmente conocidas como Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con las que tradicionalmente se ha identificado a las que desarrollan proyectos sociales.

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Cruz, al igual que Analía Bettoni –otra de las investigadoras–, cuestiona que se hable de “las ONG” en relación al lavado de activos, cuando el 95% de esas organizaciones que trabaja en el país se acoge voluntariamente al proyecto Rendir Cuentas, una iniciativa regional que está presente en 10 países de América Latina y que fomenta el autocontrol de donaciones y gastos de las organizaciones en países como Uruguay en los que la ley no lo exige (salvo a aquellas que reciben dinero del Estado o de organismos internacionales).

Desde 2010 el ICD propone a las ONG rendir sus cuentas. De una base de datos inicial de unas 150, el primer año lo hicieron 78 organizaciones, el segundo 91 y en 2012 fueron 102. Con el resto de las ONG no pudieron contactarse y solo tres declinaron completar los formularios por considerar que ya transparentan sus números ante la sociedad de otras formas. “Si viene una ley que diga que hay que rendir cuentas, es lo que ya estamos haciendo y lo deberían reconocer”, consideraron las investigadoras.

Las 102 organizaciones que respondieron el año pasado movilizan, en conjunto, más de US$ 50 millones. En el instituto aseguraron que entre ellas están las ONG más grandes del país. En el listado (accesible en www.lasociedadcivil.org) no figuran iglesias salvo la Iglesia Anglicana, incluida por la actividad social que desarrolla. La Iglesia Católica no aparece, pero sí hay varias asociaciones vinculadas, como por ejemplo Cáritas.

De modo que para el ICD es “evidente” que el lavado de activos no es un problema que alcance a las organizaciones conocidas como ONG. Prefirieron no hacer comentarios sobre las iglesias brasileñas que desde hace unos días están en el tapete por la compra del cine Plaza por parte de una de ellas. Aseguraron desconocer esa realidad.

“Es injusto decir que las organizaciones sin fines de lucro están ajenas a todo tipo de control estatal, no tienen que rendir cuentas y tampoco se autoimponen la obligación de hacer registros y controles”, concluyó Cruz en referencia a las palabras de Díaz.

“No hay resistencia a rendir cuentas y cada vez hay más cultura de transparencia”, agregó. En los próximos días harán un “acercamiento con mucho respeto” a las autoridades de Antilavado para darles a conocer el proyecto de Rendir Cuentas y hacerles saber su opinión. l

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