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Las razones por las que quedó en libertad el menor señalado por cometer dos rapiñas
La fiscalía dispuso que quedara emplazado y sin medidas el menor de 17 años que había sido detenido este lunes por la policía tras una persecución de varias cuadras, luego de que lo hallaran responsable de dos rapiñas en Punta Gorda. El adolescente viajaba en una moto junto con un joven de 18 años, quien murió de un tiro en la cabeza en la intersección de avenida Italia y Almirón al intercambiar disparos con la policía.
El joven también fue herido de un disparo pero sin gravedad, y este martes fue entregado a sus padres mientras continúa la investigación, según informó Telemundo y confirmó El Observador con fuentes del caso.
El fiscal de Adolescentes a cargo de la causa, Carlos Reyes, tomó esa decisión porque hasta el momento no tiene pruebas suficientes como para conducirlo ante la Justicia y solicitar el inicio de una investigación penal. Tampoco optó por pedir que se aplicaran medidas limitativas, como fijación de domicilio, prohibición de salir del país o acercarse a determinado lugar, ya que entendió que no había méritos para solicitarlas.
De acuerdo a fuentes de la Fiscalía, todavía está pendiente el análisis del registro de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior que captaron al menor –y al adulto que estaba con él– realizando los robos por la zona, y determinar si en las imágenes puede identificarse el rostro del indagado.
También falta recabar otras evidencias, como la declaración de testigos, y analizar si hay contradicciones en el relato del adolescente. Todas esas tareas llevan un tiempo que, de acuerdo a la evaluación de Reyes, es mayor al plazo que da la Justicia de Adolescentes a los fiscales para que presenten su acusación. Ese tiempo es de 30 días desde que tiene lugar la audiencia de formalización –cuando en los adultos es de un año, con extensión a dos–, y según el fiscal para entonces no estarán prontas las pruebas como para imputar al joven por las rapiñas cometidas, y el juicio oral podría terminar en absolución.
Otro camino que analizó Reyes, contaron las fuentes, era responsabilizar al adolescente de un delito de receptación, un ilícito que castiga a los que son detenidos con objetos robados. Es un delito que tiene una pena menor a la de la rapiña –tiene una mínima de seis meses de cárcel y una máxima de 10 años, mientas que en el asalto con violencia el margen es de 4 y 16 años– pero que podría haberse imputado en este caso porque la policía encontró este lunes las pertenencias de los transeúntes de Punta Gorda que fueron robadas por los delincuentes.
Sin embargo, la policía adjudicó los objetos robados al mayor que murió de un disparo, y no al menor, por lo que Reyes debió descartar esa posibilidad.
En paralelo a esta causa, la fiscal de Homicidios Mirta Morales, deberá determinar si el policía que efectuó un disparo contra el adulto tiene o no responsabilidad penal.
