La independencia de la justicia argentina, y las acusaciones sobre su cambio de rumbo al son de los cambios políticos, volvió a estar en el tapete esta semana, con el anuncio de la excarcelación –aún sin concretarse ya que está pendiente el pago de una fianza millonaria– de Lázaro Báez, el “humilde” empleado bancario de la provincia de Santa Cruz que en el lapso de una década se convirtió en la figura de Austral Construcciones, una de las principales empresas en la edificación de obra pública en Argentina y una de las figuras más asociadas a las acusaciones de corrupción en la era K.
Baez dejará la cárcel luego de estar detenido con prisión preventiva más de cuatro años. Antes de su excarcelación, deberá pagar una fianza de 632,5 millones de pesos argentinos, informaron medios argentinos. Luego cumplirá prisión domiciliaria con una tobillera electrónica. Lo decidió la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal argentino, luego que ninguna de las partes acusadoras en el proceso pidieron que siguiera preso. La otra parte acusadora, la Unidad de Información Financiera (UIF), se ausentó.
Su historia
De cajero bancario al emblemático empresario K, como ha sido bautizado. La K del poder kirchnerista que gobernó Argentina entre 2003 y 2015: Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Una década larga en la cual Báez dejó de ser el simple monotributista que era en 2003, a amasar una fortuna que se fue revelando con las varias investigaciones judiciales que cursan en su contra.
AFP
Solo sus terrenos y estancias equivaldrían, según cálculos de medios argentinos, a cuatro veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Casi quintuplica la superficie de Madrid, apuntó El País de España, porque esta insólita historia de enriquecimiento a la sombra y el amparo del poder político traspasa fronteras.
Pero, para la opinión pública, para el periodismo y para la justicia, Lázaro Báez vale más, aún, por lo que sabe. “Un amplio espectro (de casos), vinculado al poder del kirchnerismo y que salpica o involucra directamente a Cristina Fernández de Kirchner –actual vicepresidente argentina– y su familia”, indica una nota de Infobae.
La ruta del dinero K
El domingo 14 de abril de 2013 en el programa Periodismo Para Todos (PPT) de Jorge Lanata en el canal 13, se presentó el informe bajo el rótulo de La ruta del dinero K, en el que el nombre de Lázaro Báez adquirió dimensión pública.
Y explotó un escándalo de amplísimas ramificaciones políticas que siete años después sigue transitando el vericueto de los tribunales, sin sentencias firmes.
A partir de testimonios, con cámara oculta, de los financistas Leonardo Fariña –ahora testigo arrepentido– y Federico Elaskar, que luego se desdijeron, se denunció en PPT una amplia operación de blanqueo de dinero, supuestamente proveniente de corrupción en contrataciones con el Estado argentino.
La denuncia llevó a la actuación inmediata de la justicia que, por medio de allanamientos, abrió un proceso contra Báez por lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, un conjunto de medidas y transacciones realizadas por Báez y otros imputados, entre las que constaba la certificación de sociedades y cuentas bancarias radicadas en Suiza, Belice y Panamá, al menos.
De acuerdo a la información inicial, Báez era acusado de sacar del país unos 60 millones de dólares a través de la financiera SGI (conocida como La Rosadita), para lo cual se lo acusaba de crear un conglomerado de hasta un centenar de empesas offshore.
¿Cómo pudo Báez en ese lapso de 10 años pasar de empleado bancario a prominente empresario constructor? ¿Era dinero suyo o estaba sujeto a retornos para otros beneficiarios? Eso es lo que empezó a ventilarse en los procesos judiciales y las pistas conducían al entorno del poder político de los Kirchner.
Pero es preciso ir más atrás en el tiempo para establecer la relación entre Báez y Néstor Kirchner, su amigo, que parece estar en el génesis de todo este proceso de acuerdo a lo que han establecido las averiguaciones judiciales y ha reportado la prensa en Argentina.
Báez entró en contacto con Néstor Kirchner en 1990 cuando el futuro presidente estaba en el último año de su período como intendente de Río Gallegos, la capital de la provincia de Santa Cruz, a cuya gobernación aspiraría y ganaría al año siguiente, para gobernar durante 12 años.
Báez, que nació en Corrientes, en el noreste argentino, en febrero de 1951, se trasladó con su familia de filiación peronista en 1962 a Río Gallegos. Por muchos años se desempeñó como empleado bancario tanto en el Banco de la Nación como en el Banco de la Provincia de Santa Cruz, hasta llegar a posiciones gerenciales.
En 2003, poco antes de que Kirchner asumiera como presidente de Argentina, Báez se puso al frente de la directiva de Austral Construcciones, una firma que estaba inactiva, y que sería la beneficiaria en el período 2005 a 2015 de centenares de licitaciones públicas tanto de la provincia de Santa Cruz como desde el ministerio de Planificación, que dirigía Julio de Vido.
Esos contratos fueron otorgados de manera “irregular, direccionados y con altos sobreprecios”, según las acusaciones, y constituyeron la base del incremento explosivo de su patrimonio. La mitad de esas obras, de acuerdo a una auditoria de Vialidad Nacional, quedaron sin terminar, según señala una nota de Clarín.
En abril de 2016, tres años después de las denuncias, el juez Sebastián Casanello ordenó el arresto de Báez por el desvío de fondos a cuentas en Suiza. Para la detención fue decisivo la filtración de un video en la televisión local en que el hijo mayor de Báez, Martín, aparece contando sumas de dinero en la compañía financiera SGI, ubicada en el exclusivo barrio de Puerto Madero de la capital argentina.
“Hasta ahora no había pruebas con la contundencia de los videos”, dijo entonces el juez Casanello.
De la denuncia original, se han desprendido los otros procesos que cursan contra Báez y que vinculan a la vicepresidenta Cristina Fernández. Dos juicios orales más, uno por iniciarse, y además acusaciones por evasiones impositivas y facturación indebida.
La asignación de los contratos de los que fue beneficiario, en el cual también está citada la vicepresidenta Cristina Fernández y el exministro De Vido, es uno de los juicios orales pendientes. La acusación se centra en los sobreprecios que el Estado habría pagado y los desembolsos realizados aún cuando las obras no se concluyeron. El juicio oral está suspendido por la feria judicial acordada por la pandemia.
La justicia investiga además en la denominada causa Hotesur los supuestos sobornos que Báez habría pagado a los Kirchner como retribución por esos contratos. Se trata de pagos millonarios del Grupo Austral por el alquiler de habitaciones en los hoteles que administraba la familia Kirchner, pero que nunca fueron ocupadas. Lo que sospechan los investigaciones es la devolución de favores, recoge una nota de La Nación.
El juez federal Walter López de Silva procesó también a Báez como jefe de una asociación ilícita que causó daños millonarios al Estado. Austral habría comprado facturas apócrifas en la localidad de Bahía Blanca que después ingresaba a sus libros.
Mientras se acumulan los expedientes, y transcurre con pasmosa lentitud el proceso, se dibuja, a juicio de una nota de Infobae, un final incierto de un escándalo político que sacudió a Argentina, y que para los señalados principales, es parte de una maniobra política. Es "una historia repetida, con prisiones discutibles y hasta censurables, y tiempos eternos que transforman en espejismos las sentencias firmes, es decir, la justicia", apunta el portal.
