Legisladores demócratas y republicanos presentaron un proyecto para flexibilizar las sanciones

La iniciativa busca facilitar el comercio bilateral, pero mantiene vigentes, entre otras, las leyes conocidas en inglés como Cuban Democracy Act (1992) y Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act (1996), que insisten sobre las condiciones de respeto a los derechos humanos en la isla, según el comunicado presentado por los demócratas Amy Klobuchar, Chris Murphy y Elizabeth Warren, y los republicanos Jerry Moran y Roger Marshall.

Según el texto, la iniciativa procura crear “nuevas oportunidades económicas para las empresas y los agricultores estadounidenses al impulsar las exportaciones”, así como “permitir a los cubanos un mayor acceso a los productos” originados en Estados Unidos. El documento apunta a derogar las disposiciones que “impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba”, pero sin modificar “las leyes que abordan los derechos humanos o los reclamos de propiedad contra el gobierno cubano”, explica la nota enviada a los medios de comunicación.

Klobuchar afirmó que el sentido de la iniciativa es “pasar la página a la fallida política de aislamiento” de Cuba, según las declaraciones realizada a la agencia de noticias AFP. Morgan, en tanto, argumentó que el embargo impide “vender en un mercado a solo 90 millas (unos 144 kilómetros)” de la costa estadounidense, mientras la competencia extranjera “se beneficia” de esa restricción.

El embargo, primero de armas y luego ampliado por el gobierno del presidente demócrata John Kennedy en plena guerra fría fue haciéndose progresivamente más rígido, con el fin de asfixiar al gobierno de La Habana hasta que en 2014, el mandatario demócrata Barack Obama inició una política de descongelamiento de la relación bilateral, que incluyó la reapertura de las respectivas embajadas, política abandonada a partir de 2017 por su sucesor, el republicano Donald Trump.

El actual jefe de la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, que fuera vicepresidente de Obama y se perfila como candidato a un nuevo mandato, no incluyó hasta ahora entre sus prioridades la normalización de las relaciones con Cuba pese a su promesa de campaña, y mantiene las sanciones bajo el argumento que señala al gobierno cubano patrocina el terrorismo, argumento al que Biden agregó el no respeto la libertad religiosa.

Según los analistas estadounidenses, el eventual levantamiento del embargo a Cuba debería ser votado por el Congreso, divide opiniones en el Partido Demócrata y es rechazado por la mayoría de los republicanos por lo que tiene muy pocas chances de convertirse en ley; en especial en momentos en que Biden y Trump intensifican su duelo electoral para seducir al electorado conservador de estados como el de Florida, en donde el gobernador republicano Ron DeSantis genera expectativa porque muchos líderes de su parido lo ven como la alternativa ideal a Trump.

El gobernador, de 44 años, goza de un enorme ascendente sobre su partido y su poder se ha visto reforzado tras su contundente reelección frente al demócrata Charlie Crist. Sus iniciativas, como prohibir los programas sobre diversidad e igualdad en las universidades públicas, a la que suma propuestas para permitir llevar armas ocultas sin permiso ni formación, le permiten mantener el aplauso de los votantes más conservadores, además de conservar la amplia cobertura mediática que ha recibido desde que se opuso a las políticas sanitarias de Biden en plena pandemia.

Por lo pronto, la presentación del proyecto de ley se concreta poco después que Cuba sometiera a votación con resultado favorable en la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) una resolución que pide poner fin al embargo, ocasión en la que La Habana denunció que las sanciones económicas impuestas le produjeron al país un perjuicio de US$ 154.217 millones a precios corrientes.

El dato forma parte del último informe anual que La Habana llevó ante la ONU, ocasión en la que el canciller cubano Bruno Rodríguez le reclamó a Biden que deje sin efecto las sanciones, al tiempo que sostuvo que el titular de la Casa Blanca tiene facultades para levantar o flexibilizar el bloqueo en decenas de áreas utilizando sus facultades ejecutivas sin necesidad de pasar por el Congreso.

(Con información de AFP)