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Legisladores recurren cada vez más a la Justicia para que el Estado les dé información
Pablo Mieres entró en cólera cuando abrió el sobre con la respuesta a un pedido de informes que le había realizado a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y vio que la información solicitada no era más que un listado de hospitales. Era setiembre de 2015 y el senador del Partido Independiente había requerido al organismo que informara sobre los criterios de contratación de jerarcas de hospitales. Tampoco le cayó en gracia cuando este año hizo otro pedido al Directorio de ANTEL sobre los contratos con empresas privadas para la puesta en marcha del ANTEL Arena y que gran parte de esa información fuera calificada como “reservada”. De hecho, por ese motivo el Senado habilitó que la ministra de Industria, Carolina Cosse, sea interpelada.
Sin embargo, cuando Mieres hizo el pedido sobre el ANTEL Arena buscó un camino alternativo al de sus pedidos de informes anteriores. Al tiempo que recurrió al mecanismo constitucional que habilita a los legisladores a solicitar datos a organismos públicos, usó la ley de acceso a la información pública, como cualquier otro ciudadano. El motivo principal fue que estaba cansado de que no le respondieran por la vía parlamentaria en tiempo y forma o que lo hicieran con datos incompletos, como en el caso de ASSE.
Esa sensación se repite entre los legisladores de la oposición. Senadores y diputados suelen reclamar que los organismos públicos no les dan la información que pidieron o en el plazo que estipula la norma. Desde que comenzó la legislatura actual, los organismos respondieron 66% de los pedidos de informes de diputados y 63% de los de senadores, según la información disponible en la web del Parlamento. En Diputados, los que menos han respondido son el Ministerio de Transporte, el del Interior y el de Industria. En el caso del Senado, el Ministerio de Transporte sigue en el podio de los que menos cumplen, seguido del Ministerio de Ganadería y ANTEL. Por eso, los parlamentarios de oposición ven que recurrir a la ley de acceso a la información pública es cada vez más frecuente y por ello aumentó en este período de gobierno.
La normativa sobre pedidos de informes de parte de los legisladores establece que los organismos tienen 45 días hábiles para responder y pueden pedir una prórroga –debidamente justificada– de 30 días. A su vez, los legisladores también pueden pedir al pleno de la Cámara que integran que haga propio el pedido y, si se vota, soliciten en conjunto la información al órgano correspondiente, que tiene 30 días hábiles más para contestar.
Con esos plazos en mente, el diputado nacionalista Pablo Abdala pidió al Ministerio de Industria en 2015 que informara sobre el alquiler de su nueva sede, ubicada en la peatonal Sarandí. Cosse fue al Parlamento por la ley de Presupuesto, Abdala reiteró el pedido con la ministra en sala y las autoridades quedaron en enviarle copias de expedientes sobre el alquiler, pero nunca llegaron a su despacho. ¿El resultado? Dos años después el diputado terminó en un juzgado enfrentado a abogados del ministerio porque hizo un pedido de acceso a la información que le fue negado, el caso se judicializó y las partes llegaron a un acuerdo por el que finalmente obtuvo la información.
“Para los legisladores, que se responda un pedido de informes ha sido siempre un largo peregrinar. El incumplimiento es muy alto siendo un recurso constitucional; es uno de los tres mecanismos de control del Poder Legislativo”, dijo Abdala a El Observador. Las otras dos herramientas de control son los llamados a sala de ministros y las comisiones investigadoras.
En noviembre de 2015, el diputado presentó un proyecto de ley para que se acorten los tiempos de respuesta de 45 a 30 días hábiles en el primer intento, de 30 a 15 en la prórroga y también de 30 a 15 cuando es el pleno de la Cámara el que lo solicita. Este último mecanismo también está siendo más frecuentes, dijo a El Observador el senador nacionalista Álvaro Delgado. En su caso ha tenido que recurrir a la ley de acceso a la información pública por falta de respuestas en la vía legislativa.
Desde que comenzó la legislatura actual, los organismos respondieron 66% de los pedidos de informes de diputados y 63% de los de senadores, según la información disponible en el sitio web del Parlamento.
Hace no mucho le sucedió lo mismo a los colorados Pedro Bordaberry y Nibia Reisch. El senador pidió informes sobre los contratos y las licencias de la atleta Déborah Rodríguez al Ministerio del Interior y le respondieron que esos datos eran confidenciales. Disconforme con la respuesta, la diputada Reisch utilizó, como cualquier ciudadano, la ley de acceso de información pública. El Ministerio del Interior volvió a negarle la información y la legisladora inició una demanda, como prevé la norma. El juez le dio a ella la razón.
“Hacés el pedido de informes, no te contestan, reiterás el pedido para que la Cámara lo haga suyo, vuelven a no responder, hacés el pedido de acceso a la información pública y terminás con un triple trabajo”, dijo Bordaberry a El Observador. Para evitar que esto siga sucediendo, Mieres presentó un proyecto de ley para que aquellas solicitudes que sean desoídas por los organismos del Estado pasen a pedirse de forma automática a través de la ley de acceso a la información pública. El proyecto también prevé acortar los plazos de respuesta a prácticamente la mitad del tiempo estipulado.
Mieres entiende –según escribió en el texto del proyecto– que “cuando los organismos públicos no dan respuesta a las solicitudes que realizan los legisladores no hacen sino impedir el cumplimiento de su función, lo que supone una forma de alteración del equilibrio entre los poderes del Estado”.
