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De León se abraza al fiscal Pacheco para defenderse del Frente Amplio

El senador dijo que el dinero se usó en gastos de representación y que no figura ningún gasto externo

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05 de diciembre de 2018 a las 07:53

El senador frenteamplista Leonardo de León se basó en los argumentos de la Justicia y en particular del fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco –quien investigó su caso– para defenderse del informe realizado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio que cuestiona su accionar mientras era presidente de la empresa ALUR.

De León dijo que en las tarjetas corporativas de ALUR no figura "ningún gasto externo", sino que son todos gastos de representación de cuando estaba al frente de la empresa subsidiaria de ANCAP.

En entrevista con En perspectiva, el senador aseguró que hizo "devoluciones de gastos que no reconoce el TCP, pero sí la Justicia", que es para el expresidente de ALUR el "único ámbito del estado de derecho" para dirimir los cuestionamientos que recibió desde hace un año, cuando el senador Pablo Mieres denunció los gastos irregulares en que había incurrido con las tarjetas de la empresa. A ese respecto, el TCP concluyó esta semana que el dirigente de la 711 fue incapaz de justificar 219 gastos realizados desde 2013, cuando se hizo un instructivo de rendición de cuentas de gastos en ALUR.  Esos gastos son irregulares porque cuando se trató de alojamiento o alimentación, debieron haberse pagado con el dinero de los viáticos y no con la tarjeta corporativa, al tiempo que en todos los restantes no se rindió cuentas cuando la normativa obligaba a hacerlo, concluyó el tribunal de ética del FA.

"El propio fiscal Luis Pacheco lo desestima totalmente en el dictamen que realiza", dijo De León este lunes. "A tal punto, que él dice que no toma (solamente) en cuenta el hecho de que esta pueda ser una empresa privada a la hora del análisis de los delitos", agregó.

A lo que De León se refería es a que como ALUR es una empresa que se rige por las leyes del derecho privado –no es una compañía del Estado pese a que el 90% de sus fondos son públicos–, el exjerarca no pudo ser juzgado por delitos contra la administración, como el peculado, que pena la apropiación indebida de fondos estatales. 

"Se ha instalado la idea de que como esta es una empresa privada no existieron procesamientos que sí hubieran existido si esto era realizado en una empresa pública", aseguró el senador, quien considera que no le cabe ningún tipo de responsabilidad en los gastos cuestionados por el TCP –y por la Junta de Transparencia y Ética Pública– porque Pacheco "aclara que las conductas delictivas podrían quedar atrapadas en las normas penales generales, es decir, que si hubieran existido para la Fiscalía conductas delictivas, obviamente hubieran sido señaladas en el dictamen".

De León también cuestionó al Tribunal de su partido, por no atenerse, según su opinión, a una evaluación estrictamente ética. "El TCP se mete en aspectos que no tienen nada que ver con la ética", señaló, y explicó a qué hacía referencia: "El Tribunal habla de múltiples actos indebidos en perjuicio de la empresa, y ahí se está incurriendo en lo legal, que, como fue señalado, no hubo ningún acto indebido", dijo el senador, por lo que a su criterio "no es tan así que solo están analizando aspectos éticos", insistió.

El expresidente de ALUR, por último, defendió el uso de las tarjetas como medio de transparencia para determinar el tipo de gastos en los que incurren los jerarcas de la administración pública. Dijo que los estados de cuenta de las tarjetas dan claridad respecto a las compras realizadas, lo que no ofrece el sistema de le entrega de viáticos. "Es mucho más transparente un estado de cuenta que cuando se reciben viáticos y no se puede saber en qué se gastan. Cualquiera puede adjuntar un papel que diga en qué se realizaron los gastos", afirmó.

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