21 de enero de 2013 21:25 hs

La violencia doméstica destruyó a una pareja que tenía más de 20 años de matrimonio y dos hijas de 7 y 11 años. El juez dispuso como medida cautelar que el hombre no se acercara a la mujer. Como compartían la dirección de la empresa familiar, ordenó que él asistiera de mañana y ella de tarde al local. La solución no fue la mejor, advierte el contador de la familia, Marcelo Bacigalupi. Desde entonces, la empresa parece dirigirse hacia el quiebre. “Es importante tomar una medida cautelar que no solo se ocupe de las personas, sino que atienda la situación de la empresa”, destaca el profesional, quien advierte que estos casos son cada vez más habituales.

Susana Lorenzo, abogada y profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, coincide con el contador. “Esos casos siempre se dieron, pero por la violencia doméstica y el cambio de valores se están incrementando”, dijo Lorenzo a El Observador.

La abogada plantea que “la solución es la división de la empresa o nombrar un interventor”, pero reconoce que “la Justicia no es rápida, sino que es cada vez más lenta” y la mayoría de las veces en las que designa a un interventor lo hace cuando el daño económico es ya irreparable. Por su parte, Bacigalupi, quien es profesor de Economía, Contabilidad y Administración en la Escuela Militar y miembro de la comisión de Tributaria en el Colegio de Contadores, considera que falta preparación profesional y académica sobre cómo solucionar estos problemas cada vez más habituales.

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“No existe una norma que solucione esto, el problema familiar y el empresarial, de forma vinculada”, sostiene Bacigalupi, sino que ambos inconvenientes se resuelven en juzgados independientes del Poder Judicial: los juzgados de familia o penal intervienen cuando hay casos de violencia doméstica y los concursales para resolver la quiebra o intervenciones de las empresas.

Como Lorenzo, considera que “la Justicia va atrás en los plazos de la realidad económica, entonces la posibilidad de tomar una decisión que afecte patrimonialmente a la empresa llega generalmente tarde”, cuando la empresa ya dio quiebra.

El contador propone que cuando se presentan casos de violencia doméstica en matrimonios que cogestionan empresas familiares, los juzgados de familia y de concurso actúen de forma coordinada y a tiempo, para evitar que funcionen como “compartimentos estancos”. “En la mayoría de los casos habría que nombrar a un mediador o a un interventor antes de llegar a la situación de insolvencia”, expresó Bacigalupi, uno de los asesores del diputado nacionalista Pablo Abdala.

Violencia económica
Bacigalupi relató que muchas veces “una de las partes a espaldas de la otra toma decisiones que perjudican a la empresa”, como forma de presionar a la otra parte. El contador reconoce allí una forma de “violencia económica”.

Como ejemplo, menciona el caso del matrimonio al que el juez ordenó como medida cautelar que concurran al trabajo en horarios diferentes. “Desde el punto de vista del juzgado de familia puede parecer lógico, pero desde el punto de vista empresarial es un disparate”, expresó.

Lorenzo coincide con este criterio. La solución parece absurda en términos empresariales, según la abogada.

Bacigalupi agregó que incluso, a veces, la situación económica genera más violencia: tras la violencia doméstica, llega la presión económica y la quiebra empresarial.

El contador propone debatir el tema para elaborar una legislación específica que responda a este problema.

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