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Líderes blancos dieron “feedback positivo” a Lacalle y el presidente enviará la reforma jubilatoria al Parlamento en setiembre
La reforma de la seguridad social es la principal prioridad política del presidente Luis Lacalle Pou, quien además la considera que será uno de los hitos de su gestión debido a que es una modificación trascendente para Uruguay.
El mandatario está convencido que el momento de hacerlo es ahora porque hay un margen considerable de tiempo que permite hacer una transición gradual en el aumento de la edad de jubilación y la convergencia de todas las cajas hacia un sistema único.
A su vez, el presidente entiende que si se comunica bien la reforma tendrá un costo político "mínimo" que será inferior al que le generará a los políticos que la rechacen, a quienes conminará a explicar por qué se opusieron.
A más de dos semanas de haber entregado el anteproyecto a los líderes políticos, Lacalle Pou reunió este lunes a los principales referentes blancos para tener un primer feedback sobre el contenido.
Del encuentro en la Residencia de Suárez y Reyes participaron la vicepresidenta Beatriz Argimón, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Javier García (Defensa), y los senadores Gustavo Penadés, Carlos Camy y Jorge Gandini.
En la reunión, los dirigentes blancos le transmitieron al presidente su disposición a avanzar en el proyecto e intercambiaron acerca del cronograma tentativo.
La idea del mandatario es que durante agosto el redactor del proyecto, el abogado Rodolfo Saldain, continúe presentándolo a los distintos grupos de influencia como sindicatos, cámaras empresariales, policías, militares y cajas afectadas, para recibir insumos y modificaciones. También se espera que para el final del mes todos los partidos políticos expresen si están de acuerdo o rechazan el proyecto. Con la información primaria de blancos, colorados y cabildantes, Lacalle pretende enviarlo en setiembre.
Una de las evaluaciones es qué hará el Frente Amplio. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, pidió silencio a los sectores y trabajar en clave de unidad para llegar a una respuesta de consenso, aunque varias agrupaciones lo desoyeron y se expresaron. En este sentido, el PCU y el PS se mostraron en contra mientras que los grupos socialdemócratas reconocieron la necesidad de hacer una reforma aunque dijeron no estar dispuestos a que fuera "cualquiera".
La idea es que el texto sea discutido primero en el Senado, que también tendrá por esos días el análisis de la Rendición de Cuentas.
En el gobierno perciben que el anteproyecto está teniendo buena recepción a nivel social aunque aún no hay encuestas que se hayan realizado luego de la presentación.
En este sentido, Delgado señaló que los políticos deben “usar menos la calculadora” y “tener un sentimiento más patriótico”, un argumento similar al que utilizó Javier García, quien a la noche dijo en un plenario de la lista 40 que la reforma tendrá costo para los dirigentes que sabiendo “que la situación es compleja “huyen por la ventana”.
Colorados y cabildantes
Si bien el Partido Colorado tiene fijada una convención para fin de mes en la que tomará una postura oficial, los principales dirigentes ya transmitieron su aval al contenido general de la reforma.
Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional recibió a los técnicos Renán Rodríguez y Ariel Davrieux quienes señalaron “positivo” el mantenimiento del sistema de dos pilares (reparto y ahorro), la extensión a 25 años para el cálculo de las tasas de reemplazo y la prestación solidaria.
A su vez, el secretario general Julio María Sanguinetti prevé reunirse junto a Rodríguez y Davrieux con Rodolfo Saldain, el redactor del borrador, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.
En tanto, Cabildo Abierto derivó el análisis a un grupo de técnicos y sus principales referentes han mostrado cautela respecto al proyecto.
El senador Guido Manini Ríos dijo que era importante contar con el apoyo del Frente Amplio para avanzar y manifestó sus primeras inquietudes acerca del contenido. Dijo que la reforma es “necesaria” pero debe tener “la mayor base política posible” y “obedecer a una política de Estado y no a una política de algunos partidos”.
Los cabildantes expresaron algunas "objeciones iniciales" al nuevo proyecto como por ejemplo que “afecta a las viudas” y que algunos cambios perjudicaban el régimen de bonificaciones de la policía, algo que fue rechazado por Saldain.
