Trabajadores del Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur), empresa dedicada a procesar frutos del mar, de pesca y productos congelados y que quebró en 2015, le solicitaron al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que los pusiera en contacto con la jueza de Concursos, Susana Moll, para que investigue varias propiedades que, según denuncian los trabajadores, pertenecían a la familia Fernández, propietaria de la empresa.
Tras la quiebra, el exdueño de Fripur, Alberto Fernández, fue procesado por ofrecer garantías al Banco República (BROU) y al Banco de Provisión Social (BPS) sin tener la mercancía para ejecutarla.
Un grupo de trabajadores le entregaron una carta a Lacalle Pou este domingo, en el acto conmemorativo de la Jura de la Constitución, en la que le explicaron la situación que viven tras el cierre de la empresa y le solicitaron que les facilitara una entrevista con la jueza.
“Nosotros investigamos y sabemos de propiedades que ellos (los Fernández) tenían, pero necesitamos un escribano que corrobore si esas propiedades siguen a nombre de ellos o están enajenadas. Porque si las enajenaron antes de 2012 están en delito, porque teniendo deudas no podían enajenar propiedades”, explicó a El Observador María Cristina Hernández, una de las trabajadoras que le pidió ayuda a Lacalle Pou.
“En este tema estamos solos, por eso le pedimos ayuda al presidente de la República para que la justicia investigue, porque nosotros no podemos pagar un escribano. Queremos que sea la jueza quien pida la investigación”, añadió.
Además de solicitar un encuentro con la jueza, denunciaron que varios trabajadores aún no han cobrado licencias. Según indicó, hay trabajadores hasta con tres licencias sin cobrar. En total, sostuvo, son 960 los exfuncionarios afectados por este tema, entre uruguayos y extranjeros.
"La empresa solicitó el préstamo al Banco República y eso nunca se controló, ¿a dónde fue esa plata? Es un secreto a voces que fue para los molinos de Kentilux. Ellos lo negaron y cuando nosotros denunciamos los familiares de Máximo Fernández amenazaron con demandarnos por calumnias", indicó.
En 2016 UTE solicitó al Juzgado de Concursos que considere a la empresa de energía eólica, Kentilux, como integrante del mismo grupo económico que Fripur, para poder cobrar las deudas que la pesquera mantenía con el ente, pero eso fue desestimado por la justicia, se informó en El Observador en 2019.
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