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Lo que puede pasar si Uruguay es incluido en la “lista negra” de la OIT
Una década. La queja de las cámaras empresariales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue presentada en 2009. Los empresarios afirmaban que el gobierno violaba convenios del organismo internacional, suscriptos por Uruguay, referidos a negociación colectiva y libertad sindical. Esa queja podría terminar en la inclusión dentro de una “lista negra” de la OIT en la que hay países que no respetan convenios mundiales de trabajo. A 10 años del comienzo de la historia, Uruguay quedó al borde de integrarla.
A nivel sancionatorio, nada le cambia a un país estar en la “lista negra”. La OIT no impone castigos, pero es un tema de imagen internacional. Estar en ella supone un lugar incómodo y no habla bien de la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.
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La molestia de los empresarios tuvo como base la aprobación de la Ley 18.566 de negociación colectiva para el sector privado (sancionada en setiembre de 2009) y el decreto 165 de 2006 sobre las ocupaciones de los lugares de trabajo. En 2010, el organismo internacional pidió al gobierno que respetara el derecho de los empresarios y de los trabajadores no huelguistas durante las ocupaciones. Un año más tarde al no recibir ninguna comunicación al respecto incluyó a Uruguay en la “lista negra”. Al año siguiente, el gobierno planteó instalar una instancia de diálogo en Uruguay con la representación empresarial y el PIT-CNT. Eso fue aceptado por la OIT y el país salió de la lista.
En 2013, el organismo le hizo saber al gobierno su preocupación por la falta de avances en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas.
La posibilidad de ingresar en la “lista negra” se volvió a instalar. En marzo de 2015, tres meses antes de una nueva conferencia anual, el Ministerio de Trabajo, la Cámara de Industrias, de Comercio y el PIT-CNT alcanzaron un acuerdo. El acta indicaba que con el motivo del cambio de autoridades nacionales, el ministro de Trabajo había “concretado la intención del gobierno de convocar a desarrollar un diálogo tripartito a los efectos de superar las diferencias” sobre la queja. Ante eso, las cámaras empresariales aceptaron solicitar a la OIT la “no inclusión del caso de Uruguay” en la lista a considerar por la Comisión de Aplicación de Normas del organismo en junio de ese año.
Después de dos años de tregua, a principios de 2017 las cámaras empresariales decidieron reflotar la queja. En los meses previos a una nueva conferencia anual se sucedieron los encuentros tripartitos.
Esa conferencia anual era especial para Uruguay. El presidente Tabaré Vázquez sería el orador principal durante el acto de apertura. Y no quedaría bien que en paralelo Uruguay estuviera dentro de una “lista negra”. Días antes del comienzo hubo un nuevo acuerdo tripartito y las cámaras, otra vez, resolvieron que la queja no fuera tratada en la conferencia. Ese documento fue presentado ante la OIT. En octubre de ese año, el organismo mandó su respuesta. Y mantuvo su postura sobre las ocupaciones. Es decir, que permitiera a empresarios y trabajadores no huelguistas a ingresar s su lugar de trabajo durante las medidas de los sindicalizados. El 2018 transcurrió sin demasiadas novedades.
En febrero de este año, la Comisión de Aplicación de Normas realizó un documento previo a la conferencia anual. Y reiteró que Uruguay debía variar su posición sobre las ocupaciones y además introducir modificaciones en la Ley de negociación colectiva.
Finalmente, la semana pasada, se concretó otro paso. Según informó la OIT en su página web, y consignó El País, Uruguay está incluido en un listado previo a la “lista negra”. Allí hay 40 países seleccionados de los que quedarán 24 para ser examinados.
¿Qué pasa ahora?
La 108ª conferencia anual comienza el lunes 10 de junio. Durante los dos primeros quedarán definidos los 24 países. Si Uruguay no es incluido poco más ocurrirá. Meses más adelante, se podrán reiterar las recomendaciones y esperar al año próximo.
El otro escenario es si el país forma parte de la lista. Allí el caso debe ser estudiado y la Comisión de Aplicación de Normas hará un informe. Una de las posibilidades es que, por el tiempo transcurrido desde la presentación de la queja y la falta de avances por parte del gobierno para cumplir con las observaciones, la comisión pueda elevar el tono de sus consideraciones. Entonces, podrá mandar a Uruguay una misión de alto nivel de la OIT. En ese sentido, se deberán llevar a cabo encuentros con representantes del Poder Ejecutivo y las representaciones de empleadores y el PIT-CNT. Y allí, la postura de la OIT podría volverse más enérgica y tratar buscar acuerdos para un diferendo que lleva una década.
Otro punto sustancial es que la conferencia anual se realizará en medio de una negociación entre el gobierno y UPM para la instalación de una segunda planta de celulosa. El tema laboral es uno de los que más preocupa a la multinacional. La finlandesa quiere que el Poder Ejecutivo se expida sobre las ocupaciones y le otorgue un blindaje. Pero eso todavía no ha ocurrido, y si por no modificar su postura ante esas medidas sindicales Uruguay forma parte de la “lista negra” no será una buena señal para la pastera.
