Los acuerdos de paz, las FARC, los paramilitares y las víctimas civiles

Los datos aportados resultan tan demoledores porque son una radiografía de una situación institucional y, al mismo tiempo, abren la puerta a la propuesta de Gustavo Petro de profundizar los acuerdos de paz.

Además de dar a conocer los hallazgos y recomendaciones dados tras entrevistar a 27.000 personas, muchas de ellas víctimas del conflicto, el informe final permite conocer la dimensión de lo ocurrió en ese país. Como parte de su labor, en uno de sus capítulos la CEV analizó más de un centenar de bases de datos que documentan las cifras de las víctimas fatales del conflicto armado desde 1985 hasta 2016.
El primer dato, tal vez fundamental, es que hubo 450.664 homicidios en ese período.

Los paramilitares y la guerrilla

De acuerdo con la CEV, ocho de cada diez de esas víctimas fueron civiles desarmados, quienes según el informe final "fueron los más vulnerables en su derecho a la vida".

La comisión presidida por el jesuita Francisco De Roux también incluyó cifras sobre secuestros, desplazamiento y desapariciones forzadas. El año 2002 fue el de mayor incidencia de estos crímenes. Fue el último año de Andrés Pastrana, presidente del Partido Conservador e iniciador de un diálogo con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que se frustró y tras la cual, la persecución a esa guerrilla fue más intensa.

En efecto, Álvaro Uribe, sucesor de Pastrana, era contrario al diálogo tanto con las FARC como con el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Fue en ese 2002 que hubo una intensa actividad tanto de sicarios de los carteles de la droga como también los grupos paramilitares, enlazados tanto con empresarios cafetaleros como con las fuerzas de seguridad y armadas durante la gestión de Uribe.

En ese sentido, la CEV brinda un dato revelador: los paramilitares fueron responsables de la mitad de los homicidios registrados entre 1985 y 2016. Una de las maniobras utilizadas para ocultar esos crímenes fueron lo que en Colombia se llaman “los falsos positivos”.

De acuerdo a los testimonios de los familiares de las víctimas, grupos armados de civil secuestraron –todavía no hay elementos para decir que esa metodología haya terminado- a jóvenes en pueblos campesinos o barriadas humildes y se los llevaban en autos o camiones. Luego aparecían muertos a tiros vestidos con uniformes similares a los usados por los guerrilleros, incluso con algún arma en la cintura o tirado cerca.

Tras eso, aunque en las redacciones de noticias se conocía la manera de actuar de los paramilitares, se recibían los datos de hallazgos en oficinas gubernamentales y en las redacciones. En algunos casos reportando “enfrentamientos”, en otros alegando fusilamientos de las organizaciones guerrilleras contra “traidores”.

Con el informe de la CEV, la violencia paramilitar queda al descubierto de modo tajante.

Las FARC fueron responsables del 21% de los homicidios ocurridos entre 1985 y 2016.

Víctimas civiles, desapariciones forzadas y desplazados

Durante las cinco décadas de conflicto analizadas por la CEV, el 91% de los muertos fueron hombres por un 9% de mujeres.

La investigación revela que en Colombia las desapariciones forzadas superaron los 121.000 casos. Es decir, aunque no haya registro de los cuerpos, podrían sumarse a los 450.000 homicidios.

Varias páginas del informe están dirigidas a los secuestros, en muchos casos cometidos para pedir rescates y financiar las actividades de las organizaciones, tanto paramilitares como guerrilleras y de narcotraficantes.

De los cerca de 50.000 secuestros registrados, el 40% fueron llevados a cabo por las FARC, en tanto que los grupos paramilitares fueron responsables del 12% de esas privaciones ilegales de la libertad.

Mención aparte fue el reclutamiento de menores de 18 años como milicianos en organizaciones armadas, como sicarios de los narcos o como efectivos de los paramilitares.

Aunque la magnitud del desplazamiento de comunidades enteras, de familias o de personas ya había sido relevado -incluso por organismos de Naciones Unidas-, la virtual guerra que duró cinco décadas dio como resultado un registro de 7.752.964 casos de desplazamiento. En un país de 50 millones de habitantes esta cifra refleja el impacto del conflicto en las dinámicas de gente que mudó del campo a las ciudades, especialmente Bogotá, Cali y Medellín, cuyos barrios precarios crecieron de modo exponencial.