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16 de enero 2023 - 5:02hs

Una imagen impensable hace unos meses fue difundida por el propio mandatario brasileño en las redes sociales. En la convocatoria a los gobernadores de los 26 estados, Lula tuvo un encuentro cordial con Tarcisio Freitas, quien ganó la gobernación del poderos estado de San Pablo, bastión de Lula como dirigente obrero y también de su vice, Geraldo Alckmin, quien fuera gobernador de ese estado y que proviene de la centroderecha y del conservadurismo católico.

La foto con Freitas fue el pasado miércoles y quizás no signifique nada dentro de un tiempo, atento a las turbulencias que vive Brasil. Sin embargo, en este momento tiene peso. Freitas, de 47 años, es un militar retirado. Posiblemente, la figura más relevante en el bolsonarismo. Para muchos, un relevo posible en caso de que Bolsonaro cayera en desgracia. La foto está acompañada de un mensaje escrito por Lula: “En la campaña dije que hablaría y trabajaría con todos los gobernadores por el bien de Brasil. Es lo que estamos haciendo”.

Pero todo es tan complejo como reciente para saber cuáles serán las derivas de estos días. El ex presidente Bolsonaro, en ausencia, está siendo investigado por el Tribunal Supremo de Brasil por la posible incitación a los desmanes del domingo 8 en el Palacio del Planalto. Las declaraciones de muchos de los 1.200 detenidos en aquellas jornadas, más los mensajes enviados y recibidos en sus teléfonos, están en proceso de peritaje y ya comenzaron las actuaciones judiciales a empresarios y políticos que financiaron y facilitaron los traslados de los ultrabolsonaristas a Brasilia.

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El jueves 12, Lula habló con los periodistas acreditados en Brasilia y fue contundente sobre el papel de las Fuerzas Armadas: “No son un poder moderador, como ellos creen. Tienen un papel definido por la Constitución, que es la defensa del pueblo brasileño y de nuestra soberanía ante conflictos externos. Quiero que ellos cumplan bien esa función”.

En la larga charla con los medios, hizo referencia directa a un episodio que muestra cómo quienes rodearon los cuarteles pidiendo un golpe estaban en contacto con los uniformados.

El día del asalto al Palacio del Planalto, según relató Lula, dos vehículos blindados bloquearon la avenida que da acceso al cuartel general, y protegieron así a los bolsonaristas del campamento de cualquier acción policial. Los tanques preservaban el campamento. Y el general me llamó diciendo que no entrase en ese refugio por la noche porque era peligroso”. Así de directo, un general tratando de amedrentar al Presidente.

El viernes 13, Lula fue en persona a saludar y conversar con los empleados y obreros que debían refaccionar y ordenar el palacio de Planalto. Ya está igual que el sábado 7 de enero, pero Brasil no está igual. El diálogo y el restablecimiento de la autoridad no es algo sencillo. La Justicia investiga a Bolsonaro y la pregunta que surge es si el ex presidente cuenta con fuerzas suficientes como para que las acusaciones judiciales lo conviertan en un perseguido frente a sus propios seguidores. De modo abrumador, los efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad votaron a Bolsonaro. De ahí a que rompan el orden y las funciones constitucionales hay una distancia que hoy es difícil de medir.

El ex presidente parece decidido a pelear sin medir los tiempos electorales. El pasado martes colgó en sus redes sociales un video instigando a la rebelión. Lo sacó de circulación en un par de horas. Pero era la señal que, desde La Florida, Estados Unidos, cerca de la casa de su amigo Donald Trump, quiso dar a sus seguidores. Bolsonaro, a diferencia de cómo encaró Lula su tercer mandato, quiere una fuerza política guiada por él como líder más que una coalición que lo respalde.

El video puso a Bolsonaro en la mira de la justicia y mostraba a un fiscal aliado suyo diciendo, una vez más, que Lula no ganó las elecciones, sino que llegó al poder de la mano del Supremo y del Tribunal Superior Electoral. El juez del Supremo, Alexander de Moraes fue quien firmó la orden de investigar al expresidente con términos duros: “Las personalidades públicas que siguen conspirando cobardemente contra la democracia para intentar crear un estado de excepción serán responsabilizadas”.

El gobierno de Lula, como contraparte, no es el gobierno del Partido Trabalhista sino una coalición multicolor que defiende intereses muy diversos en un país que, como dijo el propio presidente el día de la asunción, tiene que saciar el hambre de 30 millones de brasileños. Si bien el Congreso saliente le amplió las partidas presupuestarias para ayuda social, los sectores más postergados ven en Lula a alguien que efectivamente los puede y los debe sacar de la pobreza.

Lula se mueve con cautela. En su encuentro con los periodistas acreditados en el Palacio del Planalto dijo sin vueltas que para él, el bolsonarismo “está vivo”. Precisó que lo ocurrido el 8 de enero “fue una alerta de que precisamos construir narrativas para sacar de la cabeza de los extremistas rabiosos de que ellos son seres superiores al resto del pueblo brasileño. Hay que gobernar bien y construir un relato que restablezca la paz, la tranquilidad y la armonía”.

El mandatario se prepara para la apertura de las sesiones ordinarias de un Congreso en el que el bolsonarismo tiene mayoría en ambas cámaras, por fuerzas propias o por aliados de la derecha que no quieren saber nada con Lula. Será un capítulo que comenzará el 1° de febrero. Los parlamentarios, aún antes de sesionar, ya repudiaron el asalto del 8 de enero.

Cuando empiecen las sesiones, las pulseadas serán por leyes y por intereses. Antes de eso, Lula viajará a Buenos Aires a la CELAC (Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe), donde será muy bien recibido. Se mueve como un estadista que habla con todos en una región donde abundan las grietas y la falta de diálogo. Después tendrá un viaje a Washington donde se verá con Joe Biden. No tiene fecha fija aún, pero es probable que sea en febrero, según deja trascender la diplomacia brasileña.

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