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El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, da un discurso durante su asunción este domingo

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Los cruciales desafíos que enfrenta el nuevo ministro de Defensa de Gustavo Petro

El funcionario designado por el presidente estará encargado de concretar los planes que buscan pacificar el país, desarmar estructuras represivas y consolidar la justicia y la democracia

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08 de agosto de 2022 a las 08:42

Iván Velázquez, el ministro de Defensa designado por Gustavo Petro, que asumió ayer la presidencia de Colombia, ocupará una de las carteras más calientes del gabinete por la importancia asignada en los planes presidenciales a la tarea de revivir los acuerdos de paz de 2016, incorporando a los grupos guerrilleros que aún no han depuesto las armas y lograr también el desarme y la contención de las bandas armadas del narcotráfico y los paramilitares.

Velázquez se hizo conocido como fiscal de Medellín en los noventa en épocas del reinado de Pablo Escobar en el mundo del narcotráfico y, según se dijo, rechazó un portafolio lleno de dinero ofrecido como soborno para que dejaras sin efecto sus investigaciones sobre el jefe narco.

No es menor el renombre que obtuvo por sus investigaciones sobre los vínculos entre los paramilitares, los empresarios y los políticos colombianos que posibilitaron el juzgamiento de más de 60 personas, incluyendo a un primo del expresidente Álvaro Uribe.

Su trabajo puso en la mira de los sectores investigados a sus ayudantes y su propia persona, a tal punto que 14 de sus colaboradores fueron asesinados en el transcurso de sus actividades.

A partir de hoy, Velázquez deberá atender varios desafíos a la paz y la estabilidad de Colombia, como el aumento de la violencia en zonas rurales con escasa presencia del Estado, la floreciente producción de coca y la actividad criminal de los grupos armados que han acrecentado su actividad desde la firma de los acuerdos de paz de 2016 en La Habana.

La designación de Velázquez, que fue también el funcionario a cargo de la comisión internacional contra la Impunidad en Guatemala, ha despertado recelos y críticas entre sectores que lo consideran la cara visible de los proyectos presidenciales para reformar drásticamente la doctrina y la preparación de las fuerzas armadas y policiales.

Raúl Musse Pencue, un militar retirado le dijo a la agencia Al Jazeera que “Velázquez ha tomado una clara posición en contra de los militares” y agregó que existe el temor de que el ministro emprenda una amplia persecución de militares que han estado sujetos a investigaciones relacionadas “con sus deberes cotidianos como soldados al servicio de su país”.

También una senadora de extrema derecha, Paloma Valencia, manifestó que el nombramiento de Velázquez muestra una completa ausencia de garantías democráticas que pone “nuestras vidas en peligro”.

Pero quienes conocen su trayectoria en Colombia y Guatemala exponen otra visión sobre el ministro, a quien perciben como un cruzado anticorrupción sin definición política orgánica.

Gregorio Oviedo, un fiscal con quien compartió funciones en Medellín dijo que Velázquez ha estado siempre dedicado a la defensa de los derechos humanos y sabe cómo investigar en regiones del país que la mayoría de los políticos de Bogotá sólo conocen por los diarios.

Un exembajador estadounidense en Guatemala, Stephen McFarland, dijo que la única agenda política que conocía de Velázquez era su compromiso con la construcción de una justicia transparente e independiente.

El trabajo del ministro en Colombia y Guatemala le ha granjeado muchos enemigos, amenazas contra su vida, atentados, asesinato de sus colaboradores, espionaje de agencias estatales y hasta un intento de secuestro.  

En Guatemala, sus investigaciones sobre la corrupción permitieron el procesamiento del expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidente, siete ministros y docenas de políticos y hombres de negocios.

Según Oviedo, se colega en Medellín, la designación de Velázquez es un potente mensaje del presidente Petro que da por terminados los días de impunidad cuando los gobiernos miraban al costado ante los excesos de la fuerza pública.

El núcleo central de la reforma policial en el plan de Petro es poner la policía, que actualmente reporta a la estructura militar, bajo control civil. Esta reforma fue una recomendación de la ONU el año pasado luego de que docenas de manifestantes fueran muertos por la represión policial durante protestas en distintos puntos del país.

Con respecto a los grupos guerrilleros residuales, Petro ha propuesto la reimplantación de aspectos del acuerdo de paz que no habían sido instrumentados por el saliente gobierno de Iván Duque, buscando nuevas negociaciones con los rebeldes. Pero la política de negociación también se extendería a los grupos narcos como el clan del Golfo, que tiene bajo control varias áreas del país donde sus actividades violentas han costado la vida de numerosos policías.

Sobre la posibilidad de que tanto los grupos guerrilleros como los narcos acepten negociar con Velázquez, Oviedo afirmó que el ministro tiene la determinación, la habilidad y la experiencia para dar el primer paso hacia una real justicia en Colombia.

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