El Frente Amplio utilizó episodios de corrupción contra gobiernos anteriores y ahora el caso de Arana, Muñoz y Rosselli cae sobre el oficialismo
Los episodios de corrupción durante los últimos períodos de gobierno han estado en el tope de los debates antes de las campañas electorales.
Nin Novoa. La Justicia indaga si el vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, cometió o no un delito al no incluir en su declaración jurada del año 2007 un emprendimiento rural que administra junto a sus hermanos en el departamento de Cerro Largo. La denuncia contra el vicepresidente fue presentada en 2008 por el ex senador nacionalista Julio Lara, quien además puso en conocimiento de la Justicia presuntas irregularidades registradas en la rebaja de una deuda que Nin Novoa mantenía con el Banco República por la compra de un campo. Nin tuvo el “total apoyo” del ex presidente Tabaré Vázquez.
Gonzalo Fernández. El doctor Gustavo Salle presentó una denuncia penal ante el juez Jorge Díaz contra el ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. Lo acusa de que hubo conjunción del interés público con el privado debido a que Fernández firmó como ministro la promulgación de una ley que derogaba un artículo que benefició a uno de sus defendidos en el ámbito privado, en el caso de los hermanos Peirano. Por esta razón, Fernández renunció al Frente Amplio luego que su situación pasó a ser analizada por el tribunal de conducta política de la coalición.
Hyara Rodríguez. La Justicia del Crimen Organizado indaga eventuales irregularidades en la gestión y administración de los cementerios y el servicio fúnebre capitalino. La denuncia abarca a Hyara Rodríguez, ex directora de Acondicionamiento Urbano durante el pasado período de gobierno.
Se investiga la eventual venta ilegal de panteones en los cementerios capitalinos tras una denuncia penal del edil Daniel Graffigna. Hubo otra denuncia penal contra Rodríguez también por el tema casinos presentada por el diputado colorado Fitzgerald Cantero, pero fue archivada.
Juan Carlos Bengoa. Fue procesado por la Justicia en diciembre de 2007. Se le imputó un delito continuado de fraude y concusión (coimas). La Justicia lo responsabilizó por el cambio de estrategia de negocios por la cual la Intendencia de Montevideo pasó de comprar a arrendar máquinas tragamonedas para los casinos municipales. Ese hecho produjo pérdidas millonarias para la Intendencia y ganancias para los empresarios. Por este caso también fueron procesados los ex asesores de Bengoa, Orestes González y José Luis Antúnez, el ex funcionario municipal Gustavo Dalmonte y un empresario.