Los legisladores republicanos proponen una legislación que trabaría la acción del gobierno federal contra el cambio climático

Algunas disposiciones también exigen el arrendamiento de tierras y aguas federales para el desarrollo de petróleo y gas, al tiempo que limitan potencialmente dichos arrendamientos para la energía eólica.

En total, los líderes republicanos han agregado al menos una docena de disposiciones ambientales de este tipo a cuatro proyectos de ley de gastos gubernamentales anuales a medida que aumentan los daños a la propiedad y el número de muertos por las históricas olas de calor, inundaciones e incendios forestales.

Al agregar las disposiciones a los proyectos de ley de gastos anuales que deben aprobarse, los republicanos que controlan la Cámara de Representantes intentan obligar a los demócratas del Senado a elegir entre aceptarlos o bloquear los proyectos de ley de gastos.

Por su parte, el presidente Joe Biden se ha negado a emitir una declaración de emergencia climática, lo que podría otorgar a su administración nueva autoridad para eludir al menos algunas de las tácticas de los republicanos.

Los proyectos de ley del Partido Republicano se encuentran actualmente en el Comité de Asignaciones de la Cámara, presidido por la representante republicana de Texas Kay Granger, quien ha recibido casi US$ 1.2 millones del sector del petróleo y el gas, que fue el segundo mayo contribuyente a lo largo de su carrera en el Congreso.

Según informa The Lever, una de las disposiciones climáticas republicanas más agresivas que se están moviendo a través del panel de la representante Granger está soterrada en la legislación que financia las agencias científicas del gobierno. A medida que las aguas alrededor del sur de Florida establecieron récords de las temperaturas oceánicas más altas jamás registradas, una línea en el proyecto de ley prohibiría a la administración Biden gastar dinero en “investigación pesquera sobre el cambio climático”.

El proyecto aparece semanas después de que decenas de miles de peces muertos llegaran a la costa de Texas debido a las altas temperaturas en el Golfo de México, luego de otras muertes masivas recientes en Australia. El Centro para la Diversidad Biológica señala que la intensificación de la acidificación de los océanos provocada por el cambio climático “podría alterar todo el ecosistema marino”.

El subcomité que redactó originalmente la legislación pesquera está encabezado por el representante republicano Hal Rogers, oriundo del estado de Kentucky, rico en carbón, y cuyos principales contribuyentes de campaña incluyen donantes de las industrias minera y de combustibles fósiles.

Rogers ha recaudado más de US$ 500. 000 de la industria minera a lo largo de su carrera y US$ 390.000 de la industria del petróleo y el gas, según datos del sitio OpenSecrets. En el ciclo electoral 2019-20, la campaña de Rogers le pagó US$ 66.000 a su esposa Cynthia.

El proyecto de ley de financiación de la ciencia también elimina los fondos para el Programa de Investigación de Cambio Global de en la Fundación Nacional de Ciencias, que coordina la investigación en todo el gobierno federal "para comprender los procesos naturales y causados ​​por el hombre que influyen en nuestro planeta", y además bloquearía al gobierno para usar cualquier fondo para llevar a cabo las órdenes ejecutivas de Biden relacionadas con el clima.

El proyecto de ley apunta a una orden de Biden emitida en enero de 2021 que emplazaba al gobierno federal utilizar el proceso de adquisición, por el que se adquieren bienes y servicios del sector privado para mitigar las emisiones de carbono como parte de un esfuerzo federal más amplio para abordar el cambio climático.

La orden también instruyó específicamente al Departamento de Comercio a “recopilar aportes de pescadores, consejos oceánicos regionales, consejos de gestión pesquera, científicos y otras partes interesadas sobre cómo hacer que las pesquerías y los recursos protegidos sean más resistentes al cambio climático, incluidos los cambios en las medidas de gestión y conservación. y mejoras en la ciencia, el monitoreo y la investigación cooperativa”.

En la vereda de enfrente, la legislación republicana también avanza para desfinanciar una orden separada de Biden de abril de 2022 que buscaba mejorar la administración forestal del gobierno federal y promover la “administración climáticamente inteligente de bosques maduros y antiguos”.

Los proyectos de ley de gastos republicanos suman varios esfuerzos más para socavar la capacidad de la administración Biden para responder de manera significativa al empeoramiento de la crisis climática mundial.

Eso incluye el proyecto de ley que autoriza la financiación del Departamento del Interior que supervisa las tierras públicas. La legislación propuesta por los republicanos contiene una disposición que ordena: “Ninguno de los fondos disponibles por esta ley puede usarse para considerar o incorporar el costo social del carbono”.

El proyecto de ley también rescinde permanentemente US$ 1,3 mil millones en subvenciones bajo la Ley de Aire Limpio para mitigar los efectos de la contaminación del aire, ya que más de una cuarta parte de todos los estadounidenses viven en áreas con niveles peligrosos de dicha contaminación.

El proyecto de ley de gastos del Interior también incluye disposiciones que requieren que "el secretario del Interior realice ventas de arrendamiento de petróleo y gas en tierra trimestrales", así como ventas de arrendamiento de combustibles fósiles en el Golfo de México, según el informe del proyecto de ley.

Al mismo tiempo, la legislación prohíbe que el gobierno emita contratos de arrendamiento para el desarrollo de energía eólica marina en Florida hasta que se complete un estudio sobre el impacto de los molinos de viento “en la preparación y el entrenamiento militar, el medioambiente y la ecología marinos, el turismo y otros usos del exterior continental”.

La última cláusula responde a la queja de los legisladores republicanos de Florida de que “la gente viaja de todo el mundo para ver nuestras playas vírgenes, no los molinos de viento”.

El proyecto de ley de financiamiento del Departamento del Interior está encabezado por el representante Mike Simpson de Idaho, quien recibió casi US$ 900.000 en contribuciones de campaña de empresas de servicios públicos de electricidad durante el transcurso de su carrera, así como aproximadamente US$ 440.000 de donantes de la industria del gas y el petróleo.

Luego está el proyecto de ley que financia el Departamento de Estado y la ayuda exterior. Esa legislación prohibiría la financiación del Fondo Verde para el Clima, una de las entidades encargadas de cumplir con los mandatos de los Acuerdos Climáticos de París, que recibió un depósito de US$ mil millones de la administración Biden en abril.

Asimismo, el proyecto prohíbe que el gobierno federal financie el Fondo de Tecnología Limpia, que ayuda a los países en desarrollo a alejarse de las fuentes de energía más sucias y también rechaza explícitamente el concepto de reparaciones climáticas, decretando que ninguno de los fondos puede usarse “para pagar compensación a cualquier país, organización o individuo por pérdidas y daños atribuidos al cambio climático”.

El proyecto de ley también impide la financiación de una guía del Departamento del Tesoro de agosto de 2021 que pide a los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que limiten la financiación de proyectos de combustibles fósiles.

El proyecto de ley del Departamento de Estado y de ayuda exterior está siendo supervisado por el representante por Florida Mario Díaz-Balart, quien ha recibido casi US$ 430,.00 en contribuciones de campaña de la industria de recursos naturales y energía durante su tiempo en el cargo. Su distrito incluye lugares que, según un estudio climático reciente, se encuentran entre los más propensos a quedar bajo el agua debido al aumento del nivel de los océanos.

Mientras tanto, el proyecto de ley de la Cámara para financiar la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) busca prohibir la regla de divulgación climática propuesta por la agencia, que exigiría que las empresas que cotizan en bolsa proporcionen una divulgación completa de sus riesgos climáticos.

El subcomité que supervisa el proyecto de ley de la SEC está encabezado por el representante de Arkansa, Steve Womack, quien ha recibido más de US$ 175.000 del sector de industrias fósiles durante su carrera. El estado natal de Womack ha experimentado recientemente tornados mortales y advertencias de inundaciones repentinas.

Finalmente, el proyecto de ley del Partido Republicano que financia al Departamento de Trabajo mantendrá una prohibición de 1976 que ha sido aprobada anualmente bajo el control republicano y demócrata del Congreso que prohíbe a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) investigar muertes en granjas que emplean a menos de diez personas, incluidas las muertes relacionadas con el calor extremo.

Si bien OSHA aún tiene que emitir un estándar que rija el calor excesivo en el lugar de trabajo, la agencia tiene la tarea de investigar muertes o lesiones en casos de calor extremo. Al menos 436 personas murieron a causa del calor extremo en el trabajo entre 2011 y 2021, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

El proyecto de ley de OSHA se originó en un subcomité encabezado por el representante Robert Aderholt de Alabama, cuyos principales contribuyentes de campaña de carrera incluyen donantes de la agroindustria y la industria de combustibles fósiles. Casi una cuarta parte de la fuerza laboral de Alabama son trabajadores al aire libre, y el estado recientemente experimentó temperaturas superiores a los 37° C.

Los proyectos de ley ahora pasarán al pleno de la Cámara para su aprobación, y luego los proyectos de ley finales deben negociarse con el Senado y aprobarse nuevamente en ambas cámaras del Congreso. Si las disposiciones se mantienen en el texto y Biden veta los proyectos de ley de gastos, algunos sectores  del gobierno federal enfrentarían la posibilidad de cerrar.

(Extractado de The Lever)