Diego Battiste
El fiscal Rodrigo Morosoli está a cargo de la investigación. Cuatro personas fueron citadas a declarar, se indagaron los celulares y los peritos revisaron las cuentas en redes sociales.
Morosoli contó a El Observador que a través de un oficio se solicitó a Facebook y Twitter que enviaran información para rastrear a otros usuarios que difundieron esos mensajes sobre Raffo.
El fiscal anticipa que la respuesta "demora meses", ya que, si no son delitos graves, no son prioritarios para las compañías internacionales que controlan la actividad en redes sociales. Además, reciben miles de solicitudes de todos los países donde tienen presencia.
Este no es el único caso que espera una resolución. El último fin de semana de noviembre, comenzó a circular un mensaje de WhatsApp que llamaba a votar por Luis Lacalle Pou en el balotaje, como una "orden" que debía acatarse o, de lo contrario, quien recibía ese mensaje y no lo hacía sería "un traidor".
El mensaje estaba firmado por el autodenominado Comando Barneix, que hace dos años envió correos electrónicos con amenazas dirigidos a varias personas públicas vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Trece personas fueron amenazadas de muerte en 2017 y presentaron la denuncia en la Justicia. Ante la nueva aparición del Comando, seis de esas personas ampliaron la denuncia y el fiscal de Flagrancia Pablo Rivas se hizo cargo de la investigación.
En ese entonces, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que llegar al responsable de los mensajes es "un camino tortuoso", pero no imposible.
Rivas todavía no logró avances sustanciales en la investigación. Junto a Delitos Informáticos se interceptaron llamadas a través del sistema El Guardián pero no hubo avances para lograr la identificación de personas.
"Cuando las amenazas son por Twitter o Facebook (WhatsApp pertenece a la compañía fundada por Mark Zuckerberg), al no estar en el país hay que recurrir a cooperación jurídica internacional. Se realizan solicitudes en el juzgado para enviar oficios a Estados Unidos e indagar computadoras, pero es engorroso", advirtió el fiscal.
En tanto, Morosoli explicó que además de tardar varios meses en enviar la información, cuando responden generalmente las empresas se amparan en la primera enmienda de la Constitución de EEUU que protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión. "Cuando esa información es determinante, se trancan (las investigaciones)", puntualizó.
Regular las redes
Los intentos por regular los delitos informáticos en Uruguay no dieron sus frutos. El senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, presentó en el Parlamento un proyecto de ley para penar la ciberdelincuencia y los delitos informáticos en las dos últimas legislaturas. El texto, que llegó a discutirse en el plenario, no fue aprobado. Lo mismo ocurrió con un proyecto similar que remitió el Poder Ejecutivo en 2015, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).
Para el abogado penalista, Gustavo Bordes, en el fondo de la discusión está la libertad de expresión y los limites entre dar una opinión y agredir a otra persona, algo que en internet suele tener un efecto bola de nieve debido a la rapidez con la que se reproducen los contenidos. "Las redes ejercen un derecho de muchedumbre, todos dicen cosas similares y se hace difícil denunciar a 52 personas", explicó el abogado.
Bordes y el penalista Gastón Chávez patrocinaron al Directorio del Partido Nacional en la presentación de una denuncia para que se investigaran las fake news que afectaron a algunos de sus precandidatos durante las elecciones internas de junio de 2019, especialmente al presidente Luis Lacalle Pou, al senador Juan Sartori y al ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Entre las denuncias figuraba la falsificación de la biografía de Luis Lacalle Pou y la realización de falsas encuestas que junto con preguntas incluían comentarios y opiniones contrarias a Larrañaga y Lacalle Pou.
Bordes contó que a un año de la denuncia el caso no avanzó, y fuentes judiciales informaron a El Observador que, al igual que en los otros casos, se presentaron solicitudes para poder acceder a datos de redes sociales pero no hubo respuestas positivas.
El abogado entiende que para que la Justicia pueda realizar un trabajo adecuado, Uruguay deberá legislar sobre las redes sociales. "Es muy tedioso el trabajo una vez que se comete el delito. Hay que rastrear la cuenta que en general es falsa, lograr que las empresas respondan al pedido de información, y a veces no encuentran nada", puntualizó.
Bordes no quiso adelantar cómo debería ser la legislación ideal para estas plataformas, ya que considera que es un tema complejo.
Negociar en la plataforma
En el borrador del proyecto de ley de urgente consideración se incluyó el derecho al olvido en búsquedas de internet, servicios de redes sociales y medios digitales, pero el Poder Ejecutivo eliminó esta regulación en la versión final que fue enviada al Parlamento.
Este artículo, incluido en la modificación al régimen jurídico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), indicaba: "Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en internet eliminen los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no actualizados o excesivos, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron, el tiempo transcurrido, la naturaleza y el interés público". Además, los datos de personas facilitados por la misma persona o por un tercero podían ser suprimidos de redes sociales u otros medios digitales.
Para Pablo Schiavi, abogado especializado en derecho informático, la falta de regulación de este tipo dificulta la forma de "hacer efectivos" los derechos, quedando en manos de la voluntad de las empresas que manejan las plataformas digitales.
"Cada una de las redes tiene sus propias políticas de datos y protocolos. Si alguien te ataca en Twitter o lesiona tu honor, podés reportar el tuit por abusivo, o perjudicial", ejemplificó como una solución más práctica.
Para el especialista, lo conveniente es que, si se identifica a la persona que cometió difamación e injurias, pueda llegarse a un acuerdo de retractación por la misma vía que se cometió el delito.
Por otra parte, Schiavi opina que el código penal uruguayo quedó "en la prehistoria" en cuanto a estos delitos, ya que el daño "hoy es mil veces mayor que antes" porque cada palabra en el ecosistema digital "perdura en el tiempo".
Delitos informáticos avanzó en las herramientas para identificar bots –se usan en redes sociales para generar mensajes automáticamente–, según el abogado. Sin embargo, cuando el mensaje se viraliza es "más difícil acceder a quién está detrás" y casi imposible de controlar, ya que aunque se detecte quién lo difundió, hay miles de personas que lo viralizaron después, muchas de las cuales tienen perfiles falsos.
