Mundo > Derechos Humanos
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa volvieron a reclamar justicia
Los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se movilizaron este viernes en la Ciudad de México y reiteraron su llamado a esclarecer el paradero de sus hijos luego de que la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso presentara un informe donde considera el hecho como un “crimen de Estado”.
Los manifestantes expresaron que “necesitamos esclarecer el paradero y el destino de nuestros hijos, existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada bajo el más alto rigor científico”, al tiempo que sostuvieron que no claudicarán en su lucha hasta conseguirlo.
A lo que agregaron que pese al dolor que representará saber del destino de sus hijos, más aún si estos no están con vida; soslayaron que “si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo. A la fecha estas repruebas no las tenemos, por lo tanto, nuestra exigencia y lucha siguen”.
Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido, Benjamín Ascencio Bautista sostuvo que “a nosotros, que queremos justicia, llegar a la verdad y que se aplique la ley, no nos gusta que estén en la cárcel las personas que aprehendieron esa noche del 26 de septiembre de 2014; pero sí queremos saber la verdad, para que así otras personas se animen a hablar y alcancemos la verdad de dónde están nuestros hijos”.
A propósito del caso, el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia reconoce que la desaparición de los 43 estudiantes es un crimen de Estado, y contiene elementos relevantes de que hasta el momento no hay indicios de que los jóvenes permanezcan con vida.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien la preside, señaló que la realidad de lo acontecido no es “similar a la verdad histórica” y afirmó que seis normalistas fueron entregados al entonces coronel José Rodríguez Pérez, quien “se hizo cargo de los muchachos”.
A lo que agregó que “en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, y el grupo Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado, municipal y federal, los ultimaron y desaparecieron”.
“Se demuestra con toda certeza de que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos después de su salida de la terminal de camiones de Iguala(...) se desmorona esa idea de que todos fueron entregados a Guerreros Unidos y fueron trasladados al basurero de Cocula”, manifestó.
Un informe revelador
El informe de la CoVAJ señala a 18 personas como operadores de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre quienes destacan Gildardo López Astudillo —El Gil—, Sidronio Casarrubias —El Chino—, Ramiro Ocampo Pineda —El Chango—, El Negro, Alejandro Palacios Benítez —El Cholo— y El Chuky.
Estas personas mantuvieron una intensa comunicación durante las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, de acuerdo con el análisis telefónico del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo).
Entre las 03:13 y las 03:50 horas de aquel día, El Chino participó en conversaciones con El Cholo, El Gil y El Negro, en las que se da a conocer que se le entregaron “unos paquetes al Gil para trabajarlos en su casa” y se ordenó a los sicarios “que desaparezcan a los estudiantes antes del amanecer y que no quede ninguno vivo”.
Además, se presume que ofrecieron un bono de 5 mil pesos “si hacen el trabajo bien”.
Posteriormente, entre las 04:50 y las 07:42 horas se registraron mensajes alusivos a la ejecución y desaparición de los cuerpos de los normalistas.
Durante este periodo, se le avisó al Chino que “querían quemar los restos pero iba a ser complicado”, por lo que decidieron llevarse “paquetes en bolsas para que cada grupo hiciera como quisiera”.
El Chino y El Chuky, junto con su gente, “les metieron machete” a los estudiantes y repartieron los restos en bolsas a los demás grupos de sicarios.
Más tarde, El Moreno, identificado como “cocinero” del cártel, informó que había recibido 10 estudiantes “para cocinarlos, pero no pudo hacerlo porque no tenía material”, así que tuvo a 5 de ellos y el resto “se los entregaron al Chuky”.
En este contexto, un “cocinero” es una persona que se encarga de desaparecer los cadáveres de las víctimas por medio de la disolución con distintos químicos.
Antes del amanecer, según reveló el documento, se hicieron varios “pozos” para los estudiantes y se les ordenó a los sicarios que limpiaran bien y que no realizaran ninguna llamada porque “los traían colgados”.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió 83 órdenes de aprehensión, entre las que figura la del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado al proceso por los delitos de desaparición, tortura y contra la administraron de la justicia; y su rol en la creación de la denominada “verdad histórica”.
