El Tribunal de Apelaciones volvió a fallar a favor de la paciente y condenó al MSP a entregar el Rituximab "en la forma indicada por su médico tratante y por el lapso que ésta lo requiera para su efectivo tratamiento, en plazo de 24 horas", además, el Tribunal de Apelaciones aclaró que la sentencia no incluía sumar al medicamento en el FTM para la patología, sino que solo se le suministre a esa paciente particularmente.
Casos como el de esta paciente ocurren cada vez con mayor frecuencia y cada año el Estado invierte más dinero en medicamentos que la Justicia lo condena a pagar porque no alcanza la cobertura del FNR. A su vez, los laboratorios le cobran el remedio al MSP a un precio más alto que el de lista cuando se trata de una sentencia judicial, aunque no haya una relación directa entre el juicio y los costos de los fármacos. En las últimas compras que hizo el MSP de Rituximab lo pagó entre $11.000 y $20.000 una ampolla de 500 miligramos –dependiendo del laboratorio al que se le compre–.
Dentro de la propia industria y desde el ámbito de la salud afirmaron que esos precios más altos que paga el MSP por los medicamentos termina siendo una "especulación" de algunos laboratorios que prefieren no inscribir las patologías y cobrar más por el remedio que el Estado tiene que entregar a través de una condena judicial.
En 2018 el Estado pagó unos 9 millones de dólares y la suma fue ascendiendo hasta el 2022 cuando se pagaron US$ 90 millones por los medicamentos y los tratamientos que la Justicia condenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a pagarle a los pacientes por no estar incluidos dentro de la cobertura.
El incremento del monto que el Estado pagó por los medicamentos está acompañado de un aumento en la cantidad de juicios que tanto el MSP como el FNR enfrentaron, a través de recursos de amparo, que pasaron de 331 en 2018 a 1.433 litigios en 2022, según datos del MSP.
Esta dinámica frecuente de condenas judiciales y compras de medicamentos lleva a que, en algunos casos, el MSP pague un precio más caro que el precio de lista de esos remedios por decisión de los laboratorios, que argumentan que la cartera no tiene capacidad de prever el stock, no tiene en el país medicación nueva para algunas patologías y, además, necesita hacerse de la compra en los cortos plazos que le exige la Justicia.
Precios altos y falta de registros
El medicamento Rituximab, por ejemplo, está dentro de la cobertura del FNR pero para cubrir algunas patologías. Sin embargo, algunos especialistas lo están recetando para otras que los laboratorios que lo producen no las tienen registradas en Uruguay. Pese a que los médicos sí lo recetan para esas dolencias, las farmacéuticas prefieren no registrar la patología en el país porque, según explicaron fuentes de los laboratorios, inscribirla lleva tiempo y el Estado cobra por ello.
El FNR compra medicamentos para atender los tratamientos que están cubiertos por esa institución y como compra en grandes cantidades y por lapsos de tiempos largos, negocia los precios de los remedios con los laboratorios por lotes. Por eso, cuando la Justicia condena al FNR a pagar un medicamento de alto costo, como el Rituximab, el precio que termina pagando es más bajo que cuando la Justicia condena solo al MSP.
Lo que sucede es que el MSP compra el medicamento específico que indica la condena judicial y tiene un máximo de 72 horas después de la sentencia para hacerlo. El abogado del consultorio jurídico de la Universidad de la República (Udelar) Juan Ceretta explicó que "cuando el juez condena al MSP el mismo medicamento del mismo laboratorio sale el doble que cuando lo compra el FNR" y eso es porque el MSP no negocia los precios (porque no sabe cuántas sentencias tendrá ni qué medicamentos tendrá que proveer) y los termina pagando al precio de lista.
Sin embargo, el FNR también termina pagando el medicamento más caro que el valor del mercado si lo compra para un caso concreto para cumplir con la sentencia del juicio de amparo y, a su vez, ese medicamento está fuera del acuerdo de cobertura con la industria o no hay stock.
De todas formas, en el FNR afirman que son "pocos" los que esa institución termina pagando más caros que el precio de lista y que a veces el aumento es de un 10% o 20%. Fuentes del Fondo explicaron que la variedad de costos que pagaban por los medicamentos se solucionó cuando en 2020 el MSP creó una comisión junto al Ministerio de Economía (MEF) para negociar el precio con los laboratorios para compras de grandes cantidades.
La dinámica entre la salud y la justicia
Un informe de Ceres sobre los medicamentos de alto costo, presentado en julio, señaló que algunas personas de la industria "destacaron el rol de algunos laboratorios (...) que especulan y apuestan a la judicialización, evitando registros y promoviendo al mismo tiempo medicamentos que prefieren traer por la vía de la justicia a un alto precio". Según el informe, esos laboratorios son una "minoría" y no son "los tradicionales que están hace tiempo instalados en el país y que viven con preocupación esta realidad".
El informe plantea que esta especulación de algunos laboratorios que optan por no registrar sus productos en Uruguay y apuestan al apuro que tiene el MSP por cumplir las sentencias, se enmarca en una "dinámica entre el sistema de salud y el Poder Judicial, sumado a la necesidad de usuarios que se encuentran en una situación de salud muy delicada" que, según el informe "favorecen el desarrollo de una industria litigiosa".
Sin embargo, algunas fuentes de laboratorios consultados por El Observador, que prefirieron el anonimato, coincidieron en que el tamaño pequeño del mercado uruguayo no amerita, en algunos casos, registrar un medicamento para una patología que tienen solo una, dos o tres personas. Y el Estado no puede obligar a los laboratorios a hacer los registros. "El Rituximab sirve para 40 patología diferentes, por cada una el laboratorio tiene que pagar. Si hay una de esas que no es frecuente no lo registra", explicó Ceretta.
A su vez, otras fuentes de la industria explicaron que importar medicamentos de alto costo en grandes cantidades abarata el precio del producto, sin embargo, el MSP no tiene una previsión de la incidencia de las patologías y los medicamentos que necesitará y por lo tanto, las compras son puntuales.
Reducir los costos
Si bien la mesa de negociación entre el MSP, el MEF y el FNR con los laboratorios "hizo ahorrar millones", según dijeron fuentes del Fondo, en los casos en los que la justicia condena al MSP a pagar por un medicamento que no tiene y por el que paga un precio más alto, el FNR podría intervenir para bajar el costo si ya lo negoció.
El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, cree que aunque la sentencia de la Justicia condene solo al MSP, la compra del medicamento debe hacerla el FNR si es que esa institución ya negoció con anterioridad el precio con el laboratorio. De esa forma, la compra la haría el FNR y el MSP lo pagaría a un precio más bajo. Además, argumentó Satdjian, desde la reforma del 2007 el MSP "no tiene entre sus funciones la compra de medicamentos".
Por eso la cartera de salud avanzó en la firma de un convenio entre MSP y FNR, que ya fue aprobado por el Tribunal de Cuentas y está en "proceso de protocolización", contó Satdjian. De esa forma, el FNR será la institución que compre todos los medicamentos de alto costo y se evitará que los laboratorios le cobren de más al MSP.
Por otro lado, la mayor incorporación de medicamentos al FTM también puede reducir los costos, debido a que pasan a formar parte del catálogo del FNR por el que esa institución puede negociar los precios. Por ejemplo, cuando se agregaron los medicamentos para tratar el mieloma múltiple al FNR, el MSP pasó de pagar 269 millones de pesos a 169 millones a través de negociaciones del FNR con los laboratorios, según datos de la cartera.
Sin embargo, la incorporación de medicamentos al FTM requiere de evaluaciones que no se acompasan a los tiempos de los desarrollos farmacéuticos. El informe de Ceres señaló que existe un "descalce entre la velocidad a la que se desarrollan las nuevas tecnologías y la tasa a la que aprueba nuevos productos el sistema de salud uruguayo" que "provoca el cierre de la vía administrativa, siendo la vía judicial la única opción disponible para el paciente".
Para el subsecretario Satdjian la compra de medicamentos a través de los recursos de amparo deviene en una "debilidad" del sistema de salud en Uruguay. En una entrevista para Ceres identificó los perjuicios para los usuarios, que tienen que recurrir a los juicios para obtener el remedio, los laboratorios que "escapan" a los canales normales de registro, habilitación, financiación "y estabilidad" y para el MSP por el precio que paga por los medicamentos y por la obligación de entregarlo en un corto plazo dispuesto por la Justicia para no caer en desacato.
